La ejecución en Iraq prevista para este sábado de tres mujeres, acusadas de integrar la insurgencia y estar vinculadas al «terrorismo», desató protestas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que temen una ola de sentencias a muerte.
A las tres mujeres, Wassan Talib, Zaineb Fadhil y Liqa Omar Muhammad, se les sumará otra, Samar Sa'ad Abdullah, pero por distintos motivos: fue hallada culpable de haber asesinado a cinco miembros de su familia.
Las cuatro se encuentran detenidas en la prisión para mujeres de Khadamiya, en el norte de Bagdad.
Una de las tres "terroristas", Muhammad, de 25 años, dio a luz a una niña luego de ser arrestada y todavía la amamanta en prisión. Por su parte, Talib, de 31 años, sigue en la cárcel con su niño de tres, según la organización Amnistía Internacional.
Talib y Fadhil, ambas de 25, fueron sentenciadas a muerte por el Tribunal Penal Central de Iraq (CCCI) el 31 de agosto de 2006, por el asesinato en 2005 de varios miembros de las fuerzas de seguridad en el distrito bagdadí de Hay al Furat. Ambas negaron estar involucradas.
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Fadhil aseguró que se encontraba en el extranjero cuando ocurrieron los asesinatos, según Amnistía.
Muhammad, según fuentes del Sindicato de Abogados Iraquíes, fue sentenciada a muerte el 6 de febrero también por el CCCI, acusada de haber secuestrado en 2005 a un funcionario de gobierno dentro de la "Zona Verde", el sector fortificado de Bagdad donde se hallan las principales oficinas públicas y la embajada de Estados Unidos. Su esposo habría sido detenido y acusado del mismo delito.
No se sabe si las tres "terroristas" presentarán apelaciones. Aunque esto es posible, es poco probable que tengan éxito si, como hasta ahora, se les niega una representación legal independiente, según algunas fuentes.
Una apelación de Abdullah ya fue rechazada, y ahora espera su inminente ejecución, indicó Amnistía.
Muchos abogados iraquíes interpretan las sentencias a muerte de estas tres "terroristas" como un intento del gobierno para intimidar a los insurgentes. Dos de ellas, Fadhil y Mohammad, fueron acusadas de haberse unido a sus esposos y otros miembros de sus familias en los supuestos delitos.
Algunos expresaron sorpresa por las condenas y dudas sobre las acusaciones. Es cuestión de honor para los hombres iraquíes que sus mujeres no participen en ninguna forma de violencia, explicaron a IPS.
Abogados independientes han criticado los juicios, señalando que son "injustos" y que violan las convenciones internacionales.
El abogado Walid Hayali indicó que el tribunal no le permitió defender a las tres "terroristas".
"A ningún abogado se le dio la oportunidad de hacer su trabajo", confirmó a IPS un cercano amigo de Talib.
Abogados iraquíes subrayan que el privilegio de una representación legal independiente está garantizado en el derecho internacional, y que sentenciar a muerte a la madre de un niño recién nacido también viola específicas pautas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Muchos iraquíes creen que podría proliferar la pena capital, sobre todo luego de la ejecución el 30 de diciembre pasado del ex presidente Saddam Hussein (1979-2003), y temen que esto agrave la violencia en todo el país.
"Esto no quedará sin castigo", dijo a IPS Fadhil Aziz, de 40 años, residente del distrito bagdadí de Amiriya.
"Estados Unidos y sus colaboradores iraquíes deben pagar por los crímenes que están cometiendo contra nuestro honor", añadió.
Las inminentes ejecuciones probablemente aumenten el éxodo de iraquíes hacia el exterior.
"Me voy a llevar a mi familia a cualquier otra parte del mundo en lugar de quedarme aquí y ver esto", dijo a IPS Abu Muhannad, un maestro escolar del distrito capitalino de Kadhamiya.
La ONU estima que unas dos millones de personas ya han abandonado el país. Aproximadamente 50.000 dejan Iraq cada mes, lo que amenaza con crear crisis humanitarias en los países cercanos de Medio Oriente, en particular Siria, Jordania y Líbano.
Cerca de un millón de iraquíes viven hoy en Siria, y más de 750.000 en Jordania, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Se estima que 40 por ciento de la clase media iraquí ya dejó el país desde la invasión liderada por Estados Unidos en 2003.
Tras el derrocamiento de Saddam Hussein, las fuerzas de ocupación suspendieron la aplicación de la pena de muerte, pero el nuevo gobierno interino iraquí la reinstauró en agosto de 2004 para delitos como el homicidio, el secuestro y las amenazas a la seguridad nacional.
En octubre de 2005 fue adoptada una nueva y más severa ley que establece la pena máxima por "planificar, financiar o permitir" actos de terrorismo.
El año pasado, los tribunales iraquíes sentenciaron a muerte a 235 personas, y otras 6.000 fueron condenadas a prisión de por vida, según el diario árabe londinense Al Sharq Al Awsat.
Hay más de 2.000 mujeres consideradas "detenidas de seguridad", según el periódico.
No se sabe a ciencia cierta cuántas han sido ejecutadas desde agosto de 2004, pero se cree que la cifra ronda entre 50 y 100. El año pasado, al menos 65 hombres y mujeres fueron llevados a la horca, incluyendo a Saddam Hussein.
*Ali al-Fadhily es nuestro corresponsal en Bagdad. Dahr Jamail es periodista especializado en Iraq y ha escrito sobre asuntos de Medio Oriente durante varios años.
