Los derechos de la infancia son el único recurso que consigue apaciguar los debates de los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, trabados en el controvertido diseño del andamiaje que sostendrá el funcionamiento de ese máximo organismo especializado de las Naciones Unidas.
Así ocurrió esta semana durante las discusiones del grupo de trabajo establecido por el Consejo para elaborar las modalidades del mecanismo de examen periódico universal, como se denominará la investigación del grado de acatamiento de los países al ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos.
Cuando creó el Consejo, un año atrás, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le imprimió ese rasgo distintivo de la investigación de la situación de todos los países, sin excepción, como forma de erradicar las prácticas de selectividad que habían desacreditado a la desaparecida Comisión de Derechos Humanos.
Pero en la preparación del examen periódico universal han reaparecido en el Consejo las mismas diferencias, principalmente entre grupos de naciones industrializadas y en desarrollo, que debilitaron a la Comisión.
Por ejemplo, algunas naciones del Sur proponen que durante ese examen se tengan en cuenta los grados de desarrollo y las peculiaridades de cada país. En oposición, delegados de naciones del Grupo Occidental afirman que todos los países tienen el deber de promover y proteger los derechos humanos, sin perjuicio de sus sistemas políticos, económicos y culturales.
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Las disensiones se ahondan cuando se analiza la participación de las organizaciones no gubernamentales en ese proceso de examen. El Grupo Africano, representado por Argelia, sostiene que esas entidades de la sociedad civil sólo podrán intervenir cuando la investigación se encuentre en la órbita nacional, lo que implica excluirlas del debate final en el Consejo. En este punto, la oposición de algunas naciones industriales es inflexible.
En ese ambiente, y en el marco de su actual sesión del 12 al 30 de este mes, el Consejo inició el lunes una reunión especial dedicada a la evaluación del informe del experto independiente de las Naciones Unidas para el estudio de la violencia contra los niños.
Ese documento, preparado por el académico brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, salió a la luz a fines de 2006, tras un periodo de consultas con agencias especializadas de la ONU y entidades de la sociedad civil. El informe ya fue discutido por la Asamblea General, que recibirá en su próxima sesión de septiembre una evaluación del especialista sobre los progresos alcanzados en la materia.
Lo más singular del debate sobre el informe de Pinheiro en el Consejo fue que los Estados abandonaron las desavenencias y prestaron consenso a las conclusiones del experto y de los representantes de las agencias de la ONU.
"Para mí es fantástico. En la Asamblea General ya fue igual. Y eso sucede porque es un tema genuino y verdadero", dijo Pinheiro a IPS. Las delegaciones nacionales están preparadas en la cuestión y quieren demostrar su apego al tema, agregó.
En su informe, el experto presentó recomendaciones generales aplicables a todas las iniciativas destinadas a prevenir la violencia contra niñas y niños y también a responder cuando los abusos se perpetran.
Pinheiro ofreció igualmente recomendaciones concretas para trabajar en los contextos de la familia, la comunidad, la escuela, las instituciones de acogida o detención y los lugares de trabajo.
Los términos del mandato del experto excluían el ángulo de la situación de la niñez en los conflictos armados. Sin embargo, el capítulo inicial del informe se ocupa de los distintos factores del problema y examina el caso de los territorios palestinos ocupados, dijo el relator.
El autor del trabajo partió de las premisas de que ningún tipo de violencia contra los niños puede justificarse y de que los menores nunca deben recibir menos protección que los adultos.
Toda la violencia contra la niñez se puede prevenir, y los Estados tienen la responsabilidad de hacer que se respeten sus derechos a la protección y al acceso a los servicios. También deben prestar apoyo a la capacidad de las familias para proporcionar cuidado a los menores en un entorno seguro, concluyó el experto.
Pinheiro sugiere en su informe el establecimiento de un cargo de representante especial dedicado a la violencia contra los niños.
Ese experto tendría que dar prioridad a las recomendaciones del informe, como por ejemplo el fortalecimiento de los mecanismos internos de cada país, de los órganos de acceso a las reclamaciones de niñas y niños y, fundamentalmente, a los datos sobre el problema, sostuvo. Se trata de un trabajo muy largo y muy urgente, reflexionó.
Cécile Trochu, responsable del programa de derechos del niño de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), dijo a IPS que numerosas organizaciones no gubernamentales comparten la idea de establecer un nuevo mandato sobre la violencia contra la niñez.
El nuevo experto tendría que recibir denuncias sobre abusos, lanzar llamados urgentes a los países y también realizar misiones de investigación en el terreno, estimó Trochu.
Los actuales mecanismos del sistema de derechos humanos de la ONU relacionados con la violencia contra niñas y niños no cubre los abusos cometidos en el hogar, ni la violencia en las instituciones, incluidos los establecimientos penales.
En el aspecto de las torturas, la OMCT recibió en 2006 numerosas denuncias urgentes de violaciones de niñas en África, en particular en la República Democrática del Congo, como también de ejecuciones extrajudiciales de niños en la misma región, dijo la experta.
La idea de establecer un representante especial para la violencia contra los niños recibió también apoyo de delegados de varios países que participaron del debate sobre el informe de Pinheiro. La representante de Uruguay, Pauline Davies, observó que la violencia contra los niños es un ejemplo de los vacíos que existen en la red de procedimientos especiales del Consejo.
El recurso de los procedimientos especiales fue creado por la antigua Comisión de Derechos Humanos, y consistía en la designación de grupos de expertos o de representantes individuales encargados de examinar e informar sobre el estado de los derechos humanos en aspectos temáticos y también en países bajo situaciones críticas.
El Consejo extendió provisionalmente la validez de ese mecanismo, pero dispuso una revisión de los mandatos, que se está desarrollando también en un clima de controversias y que deberá estar terminada en junio.
Un miembro de la delegación de Uruguay, que pidió reserva de su nombre, aclaró a IPS que la alusión al vacío de los procedimientos especiales en el caso de la violencia contra la infancia se relaciona con la ausencia de cobertura en ese tema específico.
Por esa razón se podría considerar la posibilidad de crear un mecanismo que cubra este aspecto, dijo.
El representante de Uruguay recordó que existen un relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de menores en la pornografía, otra relatora sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, un tercer mandato sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, y por último el relator especial sobre los menores en los conflictos armados.
En las sesiones del grupo de trabajo sobre la revisión de los mandatos, muchas delegaciones están más preocupadas por detectar duplicaciones y superposiciones de mandatos, una de las falencias que más se criticaba a la Comisión de Derechos Humanos, dijo la fuente.
En cambio, "nosotros estimamos que la principal preocupación debe ser detectar los aspectos de los derechos humanos que no están cubiertos por los mecanismos", expuso. La existencia de mandatos sobre venta de menores y pornografía infantil como también de niños en conflictos armados no representa necesariamente una duplicación o superposición, insistió.
En esos casos, se trata de mandatos o procedimientos especiales complementarios, arguyó el miembro de la delegación uruguaya.
La fuente aclaró que la participación destacada de la delegación de esa nación sudamericana en la preparación del debate sobre el informe de Pinheiro —como resaltó el presidente del Consejo, Luis Alfonso de Alba—, guarda relación con la política de su país, que patrocina desde hace 10 años las resoluciones sobre derechos de la infancia tanto en la sede de la ONU en Ginebra, como en la Asamblea General, en Nueva York.
Sin embargo, en esta gestión Uruguay actúa en representación del Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac), que negocia el texto de los proyectos de resolución junto con la Unión Europea, especificó el representante.
Respecto de la situación de la infancia latinoamericana, el problema es que la transición democrática no significó democracia para los niños, niñas y adolescentes, dijo Pinheiro a IPS.
En sus casas, los niños de la región continúan sometidos al autoritarismo, sostuvo. La democracia política no significó la liberación ni el reconocimiento de los niños y niñas como ciudadanos. Eso es lo que la democracia debe hacer, pero todo continúa limitado, aseveró.
