La aplicación de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe puede tener efectos negativos en la actuación de algunos integrantes de la fuerza pública, advirtió el informe sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Así, en el contexto de la guerra el gobierno debe dejar de medir los resultados operacionales por el número de bajas, uno de los principales incentivos para las ejecuciones extrajudiciales, recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el informe divulgado este jueves en Ginebra y Bogotá.
El documento registra que varios oficiales militares están imputados de organizar "atentados terroristas falsamente atribuidos a las FARC (las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y la comisión de homicidios intencionales que inicialmente fueron presentados como muertes en combate".
Según la humanitaria Comisión Colombiana de Juristas, entre julio de 2002 y junio de 2006, en coincidencia con el primer periodo de gobierno del derechista Uribe, miembros de la fuerza pública cometieron directamente 726 ejecuciones extrajudiciales, que se registraron en 27 de los 32 departamentos de este país andino.
"Por su magnitud y extensión territorial", las ejecuciones extrajudiciales "no parecen constituir hechos aislados, sino conductas que tienden a generalizarse", agrega.
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"En muchos de los casos reportados se identificaron tres elementos comunes: la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar", dice el informe, fechado el 5 de marzo y presentado en forma oral ante el Consejo de Derechos Humanos reunido desde el lunes en Ginebra.
El documento contiene 18 recomendaciones que formulan 45 acciones, 39 referidas al Estado, de las cuales 17 corresponden al Poder Ejecutivo. Otras estarían bajo responsabilidad del parlamento, la Fiscalía General de la Nación y otros órganos estatales, incluyendo la autoridad electoral.
Además, la ONU dirige recomendaciones a la guerrilla y a los ultraderechistas paramilitares, a la sociedad civil y a la comunidad internacional.
La política de seguridad democrática, programa bandera de Uribe, reelecto en 2006 para un segundo mandato de cuatro años, no es parienta de la Doctrina de Seguridad Nacional que se impuso en América Latina tras la Revolución Cubana y que considera a los propios ciudadanos del país como posibles amenazas a la seguridad, según el mandatario.
Uribe dice buscar el monopolio de las armas para el Estado, por lo que logró negociar la desmovilización parcial de las milicias paramilitares y ahora está en diálogos con el segundo mayor grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Al mismo tiempo, financiado y asesorado por Estados Unidos, mantiene una guerra sin cuartel contra las poderosas FARC, con la estrategia de "quitarle el agua al pez", es decir expulsar de sus tierras o atacar a la población a la que considera base social de esa guerrilla campesina, lo que explica gran parte de la violación de derechos humanos.
Aún no se hace efectivo un compromiso gubernamental para que todos los efectivos de la fuerza pública que violen los derechos humanos sean sometidos a la justicia penal ordinaria, intención que generó una protesta escrita de 200 oficiales en retiro, señaló en rueda de prensa Juan Pablo Corlazzoli, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por ahora, la justicia penal militar "está articulada al mando militar, juzgando responsabilidades de militares que hubiesen incurrido individualmente en violaciones de derechos humanos", resumió.
El pie de fuerza colombiano llegará este año a 420.000 efectivos, en este país de 42 millones de habitantes según el censo 2005-2006.
Aunque el hábeas data está garantizado por la Constitución de 1991, no se ha regulado el derecho de personas y organizaciones a conocer y rectificar las informaciones que tienen sobre ellas los archivos de inteligencia estatales.
Las autoridades no han avanzado en la prometida revisión de los criterios para constituir esos informes de inteligencia, en los que figuran, entre otros, defensores de derechos humanos.
La revisión "tiene que ver con los sistemas de inteligencia para que estos dejen de estar acordes a los criterios de la Doctrina de Seguridad Nacional, y sean apropiados por una sociedad democrática", advirtió Corlazzoli.
El informe recomienda al gobierno "desarrollar una política eficaz de extinción total del paramilitarismo", en referencia a grupos irregulares aliados de la fuerza pública y creados por elites regionales, muchas de ellas ligadas al narcotráfico, y parcialmente desmovilizados en 2006.
Sobre el escándalo del "paragate", que afecta a seguidores de Uribe, la Alta Comisionada "alienta al Poder Judicial a proseguir con las investigaciones de servidores públicos y líderes políticos que tengan vínculos con paramilitares". Los paramilitares desmovilizados aún mantienen "estructuras políticas y económicas" que deben ser desmanteladas. Es necesario que "se haga cesar la actividad delictiva" de entre 3.000 y 5.000 miembros de estos grupos reorganizados después de la desmovilización, señala. El informe de derechos humanos sobre Colombia describe los principales hechos ocurridos durante 2006, la evolución de la guerra y las posibilidades de paz y el proceso de desmovilización y reintegración de miembros de grupos paramilitares.
El documento contrasta avances y tareas pendientes en la política pública de derechos humanos. Todas las recomendaciones formuladas en años anteriores "siguen teniendo vigencia".
"La situación de derechos humanos sigue crítica en varias regiones del país, y caracterizada por violaciones numerosas y frecuentes de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personales, y al debido proceso y las garantías judiciales", se lee.
El documento de la alta comisionada, Louise Arbour, recomienda esclarecer los asesinatos de sindicalistas, periodistas, maestros y defensores de derechos humanos.
"La paz es un imperativo para la sociedad colombiana", dice una de las recomendaciones. Pero aún falta que en los diálogos con el ELN los derechos humanos hagan parte de la agenda de negociación, lo que allanaría el camino, enfatizó Corlazzoli.
Mientras, la ONU demanda nuevamente a guerrillas y paramilitares el respeto del derecho internacional humanitario, que prohíbe atacar a civiles inermes.
En el contexto de la desmovilización paramilitar, las guerrillas siguen cometiendo "infracciones graves y sistemáticas del derecho internacional humanitario", dice el informe.
Hay un descenso de las muertes atribuidas a los ultraderechistas, incluyendo el número de masacres cometidas por ellos, mientras "la mayoría absoluta de (los asesinatos colectivos), más de 60 por ciento, provienen de las guerrillas", aseveró Corlazzoli.
A guerrilleros de las FARC y el ELN se imputan además homicidios y amenazas de muerte, ataques contra la población civil, toma de rehenes, actos de violencia sexual y de terrorismo, reclutamiento de menores de 16 años, uso de minas antipersonal, desplazamientos forzados, aislamiento de poblaciones y ataques a la misión médica y humanitaria.
Para unos, efecto de la guerra, para otros la razón de ella, los desplazados superan los tres millones que hoy acepta el gobierno. Según la Alta Comisionada, "el subregistro ( ) continúa siendo muy alto". El lunes, la ONU estimó que los colombianos desplazados son 3,5 millones.
