La máxima de la Iglesia Católica según la cual los obispos deben ser «maestros de la verdad» tambalea en el caso de los cardenales Norberto Rivera, de México, y Roger Mahony, arzobispo de la ciudad estadounidense de Los Ángeles.
En su defensa a una acusación penal de presunto encubrimiento de un sacerdote pederasta, ambos prelados exhiben versiones opuestas.
Uno de los dos miente o al menos no dice todo lo que sabe, "se trata de un litigio intereclesiástico, lo cual es sorprendente", dijo a IPS el sociólogo de religiones Bernardo Barranco, columnista en varios medios de comunicación mexicanos.
Las declaraciones divergentes de los cardenales Rivera y Mahony se refieren al traslado de México a Estados Unidos del sacerdote prófugo Nicolás Aguilar, acusado de haber violado a decenas de menores entre los años 80 y 90 en los dos países.
Rivera, cardenal primado de México, afirma que en 1987 advirtió en una carta a su par de la ciudad californiana de Los Ángeles que Aguilar dejaba este país para viajar a su arquidiócesis y que la decisión de acogerlo quedaba en sus manos, toda vez que había sospechas de que el sacerdote era "homosexual". Mahony niega haber recibido tal misiva.
El cardenal estadounidense sostiene que contrató al sacerdote mexicano sin conocer los cargos en su contra y que lo expulsó más tarde, cuando fue acusado de actos de pederastia por parte de su grey. Aguilar regresó a México y siguió ejerciendo el sacerdocio.
El mexicano Joaquín Aguilar, de 25 años, denunció haber sido abusado en 1994 por el sacerdote del mismo apellido con quien no está emparentado. En septiembre, presentó una denuncia civil por "conspiración para la pederastia" contra Mahony y Rivera ante un tribunal de Los Ángeles.
La denuncia, acogida por la justicia, sostiene que hubo negligencia, retención de pruebas y conspiración de los dos prelados para proteger al sacerdote mexicano.
Tras haber desestimado el caso, Rivera modificó su postura.
El miércoles, abogados estadounidenses se presentaron a su nombre ante el Tribunal Superior del estado de California para entregar un escrito en el que rechazan las acusaciones e impugnan la jurisdicción extranjera para juzgar a un prelado mexicano.
En el texto, Rivera afirma que nunca protegió al sacerdote Aguilar y que incluso informó a Mahony de las sospechas que pesaban sobre él.
"La jerarquía del Vaticano podría intervenir para aclarar las contradicciones entre el obispo de México y el de Los Ángeles e investigar qué sucedió con el caso de Aguilar", indicó el mexicano Alberto Athié, quien renunció al sacerdocio en 2003.
Cualquiera de los dos puede hacerse acreedor "a un juicio canónico por mentir", declaró Athié, quien como sacerdote fue representante de la Iglesia en la entidad humanitaria Cáritas Internacional para América Central y México a fines de los años 90.
Según Barranco, "el cardenal mexicano se metió en un problemón (sic) con el caso Aguilar".
Tras minimizarlo, "ahora le da importancia y en ese proceso ingresa en un terreno de dichos y contradichos con su colega de Los Ángeles, lo que es increíble", apuntó.
"Todo puede derivar en un escándalo enorme, y el Vaticano podría llegar a intervenir", estimó Barranco.
Por testimonios, evidencias e incluso confesiones de obispos, se sabe que algunos sacerdotes pederastas son trasladados de diócesis cuando se descubren sus delitos, enviados a centros de rehabilitación o simplemente sacados de escena por sus superiores para evitar el escándalo y la acción de la justicia.
No obstante, muchos vuelven a delinquir.
Rivera señala que el joven Aguilar y sus abogados de la no gubernamental Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes, con sede en Estados Unidos, sólo buscan perjudicar a la Iglesia.
La jerarquía eclesiástica sufrió un sacudón en 2002, cuando en Estados Unidos se desató un escándalo con múltiples denuncias de violaciones y otros abusos contra menores cometidos durante años por sacerdotes y tolerados por algunos superiores.
El Vaticano organizó entonces algunos encuentros y exhortó a sus obispos en todo el mundo a tomar medidas enérgicas contra quienes se vieran involucrados en actos de pedofilia e informar de esas acciones directamente al Papa.
El cardenal Rivera señaló que esa disposición es enteramente compartida por la Iglesia mexicana e invitó a los fieles a denunciar a los pederastas, quienes, según dijo, no gozan de ninguna inmunidad.
