Activistas expresaron frustración por la inacción del gobierno del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ante la grave crisis humanitaria en la occidental zona sudanesa de Darfur.
El malestar se agravó cuando el enviado especial de Washington a Sudán, Andrew Natsios, dijo la semana pasada en la Universidad de Georgetown que las acciones del gobierno sudanés en Darfur ya no podían ser consideradas un "genocidio", como lo había definido el propio Bush.
"El término genocidio es contrario a lo que está ocurriendo ahora", afirmó, aunque expresó desilusión por el hecho de que el presidente de China, Hu Jintao, no haya presionado más a su par sudanés, Omar Al Bashir, para que aceptara el despliegue de una fuerza internacional de paz en Darfur, durante su última visita a Jartum la semana pasada.
"La afirmación de Natsios, de que en Darfur ya no está ocurriendo un genocidio, niega la realidad en el terreno y las numerosas declaraciones de la Casa Blanca y del Departamento de Estado (cancillería) de los últimos dos años", dijo el director ejecutivo de la organización Africa Action, Nii Akuetteh.
"Es más que nada un cambio semántico. Las afirmaciones de Natsios representan un intento calculado de redefinir la crisis, minimizar su urgencia y obviar la necesidad de una acción de Estados Unidos", sostuvo.
[related_articles]
Funcionarios del Departamento de Estado dijeron a IPS el lunes que la política estadounidense sobre Darfur no había cambiado.
Pero las declaraciones de Natsios causaron frustración entre los activistas. Estos lamentaron sobre todo que el gobierno de Bush no haya tomado medidas severas y aplicado el "Plan B" que prometió el año pasado, con sanciones internacionales, si Jartum no permitía el despliegue de una fuerza de paz.
"Creo que la gente se siente muy frustrada", dijo el activista Eric Reeves, del Smith College de Massachusetts.
"El hecho es que la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, simplemente se niega a hacer lo necesario para obligar a Jartum que acepte una fuerza (de paz) autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)", agregó.
El activista sostuvo que, aun si el Plan B de Washington fuera aplicado, no causaría más que "inconvenientes de corto o mediano plazo" para el régimen de Sudán.
El Consejo de Seguridad aprobó una resolución el 31 agosto que autorizó una operación de paz de la ONU con más de 22.500 soldados y policías en Darfur, zona con un tamaño similar al de Francia y en la que han muerto entre 200.000 y 500.000 personas en los últimos casi cuatro años, en su mayoría miembros de tres grupos indígenas africanos.
La mayor parte de la violencia ha sido perpetrada por fuerzas del gobierno o por las milicias árabes Janjaweed, apoyadas por Jartum, aunque, en el último año, una coalición rebelde armada en parte por los vecinos Chad y Eritrea se ha vuelto más agresiva, particularmente en el norte de Darfur.
Desde fines de 2004, la Unión Africana tiene en Darfur una pequeña fuerza de paz enviada originalmente para supervisar un cese del fuego que rápidamente fue violado. Este contingente, escasamente armado y con menos de 7.000 efectivos, nunca pudo contener la violencia en la zona.
Tras la interrupción el pasado verano boreal de un acuerdo de paz auspiciado por Estados Unidos y por la ONU entre el gobierno sudanés y una facción rebelde, la administración de Bush y otras naciones occidentales propusieron una resolución del Consejo de Seguridad para crear una fuerza "híbrida" entre la Unión Africana y el foro mundial con más de 21.500 soldados y con un más fuerte mandato para proteger a la población civil.
Mientras las misiones de alto nivel de la ONU y de varios gobiernos occidentales obtuvieron promesas de cooperación de parte de Bashir y de otros funcionarios sudaneses, Jartum hasta ahora se ha negado a autorizar el despliegue de una nueva fuerza, aun cuando las condiciones de seguridad en Darfur siguen deteriorándose y la violencia se ha extendido a Chad, donde se han refugiado más de 200.000 sudaneses.
A fines de noviembre, Natsios, ex jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y designado en el cargo de enviado especial para Darfur por la presión de grupos activistas, anunció que Washington estaba listo para imponer sanciones adicionales como parte de un no especificado "Plan B" si Jartum no aceptaba el despliegue de una fuerza de paz para el 1 de enero de este año.
"El 1 de enero, o vemos un cambio o vamos al Plan B", había advertido.
La administración de Bush nunca dijo oficialmente cuáles eran las medidas previstas en el plan, aunque, en diciembre, el primer ministro británico Tony Blair, cuyo gobierno trabajó estrechamente con Washington en el tema de Darfur, dio a entender que podría incluir la creación de zonas de exclusión aérea en distintas partes de Darfur para impedir que aviones ataquen poblados, así como sanciones económicas multilaterales.
El 1 de enero pasó sin ningún anuncio oficial. No obstante, funcionarios estadounidenses revelaron que fue implementada una parte del Plan B, como el envío el mes pasado de cuatro coroneles del Ejército con sus tropas a la frontera con Chad, en señal de molestia por las incursiones de la Janjaweed a ese país limítrofe.
El diario The Washington Post reveló la semana pasada que Bush había aprobado otra parte del plan. Si Jartum continúa resistiéndose a la resolución del Consejo de Seguridad, el Departamento del Tesoro podría bloquear las transferencias por medio de bancos comerciales estadounidenses de los pagos por petróleo al gobierno de Sudán, señaló el periódico.
Washington ya ha aplicado sanciones similares con cierto éxito contra bancos de terceros países que hacían negocios con Corea del Norte e Irán.
Sin embargo, ahora que ha pasado el ultimátum del 1 de enero, no está claro si éstas u otras sanciones serán efectivamente aplicadas.