El gobierno estadounidense solicitará al Congreso legislativo seguir financiando la guerra contrainsurgente y antidrogas mediante la segunda fase del Plan Colombia. La sociedad civil colombiana, haciendo gala de gran poder de convocatoria, acaba de mostrar a la cooperación internacional que la emergencia humanitaria del conflicto no da espera.
El presidente George W. Bush pedirá unos 705 millones de dólares de ayuda anual a Colombia, de ellos 80 por ciento en ayuda militar. La suma es similar al promedio de financiamiento de años anteriores durante el Plan Colombia, pero reduce en 11 millones la destinación específica al ejército del país andino.
En cambio, aumenta en 10 millones la ayuda para el desarrollo, los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia, sectores que recibirían 139,5 millones, según lo anunciado el lunes. El año pasado marcó el fin del Plan Colombia, al que Washington destinó en cinco años 4.681 millones de dólares. El gobierno colombiano aspira a que el Congreso estadounidense apruebe la propuesta de Bush, con al menos unos 600 millones de dólares anuales, y a conseguir respaldo europeo para el rescate militar de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y sus compañeros de cautiverio, en manos de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que proponen un canje por sus guerrilleros presos.
Mientras, en la Conferencia Nacional sobre Cooperación y Derechos Humanos, el 2 y 3 de este mes en esta norteña ciudad del Caribe, se discutió cómo debería ser el aporte extranjero a este país sudamericano que vive un conflicto armado aflorado hace 60 años.
El encuentro fue convocado por el Consenso de Cartagena, surgido hace dos años, y asistieron representantes del gobierno, de embajadas de países donantes y de la Organización de las Naciones Unidas.
[related_articles]
Del Consenso hacen parte la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, de 132 miembros, el poderoso Consejo Gremial Nacional, de empresarios y productores, el Consejo Nacional de Planeación, ente asesor del Estado, la Iglesia Católica y la Federación Colombiana de Municipios, entre otros.
A despecho del anuncio estadounidense sobre el Plan Colombia II, el principal acuerdo de actores tan diversos indica que el país andino necesita "una cooperación para la paz, los derechos humanos y la democracia", resumió para IPS uno de los gestores del Consenso, el historiador Jaime Zuluaga, de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz.
El Consenso de Cartagena consideró nuevamente en 2007 que "la solución política negociada sigue siendo el instrumento más idóneo para resolver el conflicto armado interno", en el que actúan el también insurgente Ejército de Liberación Nacional, ELN, hoy en diálogos con el gobierno, y milicias ultraderechistas desmovilizadas parcialmente y aliadas de la fuerza pública.
El Consenso abogó asimismo porque se diera prioridad a "la vigencia del derecho internacional, la paz y los derechos humanos, la lucha contra la pobreza", entre otros puntos de una declaración final de cinco páginas.
Invitó además a respaldar "proyectos y programas que conduzcan al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil", "que atiendan las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos" y que "busquen fortalecer las instituciones estatales, en especial las entidades de control del Estado, así como las entidades territoriales", entre otras prioridades.
La Conferencia se trató de "un momento muy importante dentro de un proceso de diálogo que se ha abierto en Colombia entre la comunidad internacional, la sociedad civil y el Estado colombiano", dijo a IPS el director del católico Secretariado Nacional de Pastoral Social, obispo Héctor Fabio Henao.
El llamado "proceso Londres-Cartagena" se inició en julio de 2003 en la capital británica con un encuentro entre el gobierno colombiano y la comunidad de donantes: varias agencias del sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea (UE), Suiza, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Japón, que junto con Argentina, Brasil, México y Chile conformaron entonces el llamado G-24.
En agosto de 2000, la UE había rechazado asumir la asistencia del componente humanitario del Plan Colombia, como esperaba Washington. Temiendo una escalada de violencia por causa de esa intervención, congeló por un tiempo la ayuda económica que ansiaba Bogotá. Organizaciones civiles europeas, internacionales y colombianas intentaron incidir desde entonces activamente en la decisión de los gobiernos donantes sobre el destino de la cooperación.
La creación del G-24 propició la reactivación de la cooperación, buscando que fuera coordinada y coherente, lo cual se hace también en otras regiones y países.
Pero "el G-24 va más allá en la creación de espacios de diálogo, y eso sí que es un interés" surgido del proceso Londres-Cartagena, dijo a IPS el embajador de Canadá, Matthew Levin, quien actualmente ejerce la presidencia del grupo.
El G-24 busca que las políticas, programas y proyectos de cooperación de sus miembros "sirvan para acompañar a Colombia, el gobierno de Colombia, sectores sociales en Colombia, en esa búsqueda de solución a las situaciones de violencia", añadió el diplomático.
"Este diálogo ciudadano y democrático cuenta con la representación de los más diversos sectores de la sociedad colombiana y de las posiciones más amplias que existen en el país sobre temas muy controversiales, como son los derechos humanos y la construcción de la paz", destacó a su vez el obispo Henao.
Son encuentros donde se juntan el agua y el aceite. Apenas en septiembre de 2003, el mismo gobierno, que ahora reconoció errores y se mostró interesado en rectificarlos, tildaba a muchas de las organizaciones convocantes de "traficantes de los derechos humanos" "al servicio del terrorismo" y "politiqueros".
A su vez, muchos sectores populares que integran la Alianza mantenían "una resistencia enorme a hablar y a entenderse con los de arriba, con los que dominan", relató a IPS el historiador Zuluaga.
El gobierno acudió al encuentro de Londres pensando que se trataba de "una formalidad" y que lo que allí se decidía no iba a tener implicaciones, según Zuluaga. Pero la sociedad civil dio en la clave: "comenzar a hacer propuestas".
La dinámica cobró una fuerza que los promotores no imaginaron. Las organizaciones civiles empujaron mesas de trabajo permanentes sobre diferentes temas, con la colaboración del G-24 y con la presencia del gobierno.
Las así surgidas Mesas de Seguimiento sociedad civil-gobierno son escenario de fuertes contradicciones y conflictos, pero de diálogo. En 2006 se realizaron cerca de 48 reuniones y se creó una comisión de enlace para facilitar la participación.
"El diálogo sigue siendo un factor fundamental de educación, una actividad pedagógica muy importante. Y los gobiernos también aprenden. Desde luego, nosotros también aprendemos", resaltó Zuluaga.
Las organizaciones no gubernamentales han aprendido a hablar con un gobierno con el que están enfrentadas en muchos aspectos. "Eso no significa que el gobierno vaya a cambiar su política, eso lo tenemos claro. (Pero) hemos aprendido también que este diálogo es fundamental, si queremos materializar la idea de una sociedad futura en la que quepamos todos", destacó.
"Es un proceso que yo no he visto en otros países aparte de Colombia", dijo a IPS el embajador Levin. "En una situación como la de Colombia, el diálogo es esencial", agregó.
Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006), 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas "por violencia sociopolítica" fuera de combate y otras 8.810 murieron en medio de combates, según informe de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) con motivo de la Conferencia.
La CCJ atribuye 75,15 por ciento de las muertes o desapariciones fuera de combate aL Estado, y desglosa así el porcentaje: por perpetración directa de agentes estatales, el 14,17 por ciento; por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por grupos paramilitares, el 60,98 por ciento.
La CCJ responsabiliza a las guerrillas por 24,84 por ciento de esos crímenes.
Además, el desplazamiento forzado colombiano configura, según las Naciones Unidas, la mayor crisis humanitaria del hemisferio occidental. Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados dentro de las fronteras del país, después de Sudán.
Según la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, también parte de la Alianza que convocó la Conferencia, en Colombia hay 3,8 millones de desplazados, de los cuales más de un millón abandonaron sus hogares entre julio de 2002 y diciembre de 2005.
El gobierno de Uribe no reconoce como desplazados a quienes huyen del efecto de las fumigaciones de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, uno de los principales programas del Plan Colombia.
"Por lo menos 45 de cada 100 personas que solicitan el registro de desplazamiento tienen como respuesta el rechazo del sistema oficial de registro. Sesenta por ciento de la población desplazada no tiene acceso a ningún tipo de servicios de salud, y la deserción escolar de la población desplazada en Colombia alcanza a 70 por ciento", dijo a IPS el director de Codhes, Jorge Rojas.
