A pesar de la relevante información brindada a la justicia por un ex integrante del paramilitar Comando Rodrigo Franco, sobre crímenes cometidos en el primer gobierno (1985-1990) del actual presidente Alan García, en la práctica, la causa está como al principio del proceso.
"Ya me secuestraron, torturaron y pegaron un balazo una vez por haber informado sobre el grupo que estuvo compuesto por militantes, como yo, del APRA (la gobernante Alianza Popular Revolucionaria Americana). Ahora que ese partido está de nuevo en el poder, no dudo de que podrían intentarlo otra vez", dijo Exebio Reyes a IPS, en entrevista brindada en la clandestinidad.
"Me dieron seguridad policial, pero al poco tiempo me la quitaron. Y desde que asumió por segunda vez García, como presidente, en julio de 2006, las amenazas han aumentado. Me escriben mensajes como: 'Tú eres hombre muerto', 'Ya hueles a cadáver' y 'Morirás soplón si sigues declarando. Pero yo no voy a cambiar mi versión'", aseguró.
Exebio Reyes, quien fue marino y recibió entrenamiento en inteligencia, es amigo y coterráneo de Miguel Ríos Sáenz, más conocido como Chito Ríos, un militante aprista, quien trabajaba a las órdenes del dirigente de ese partido Agustín Mantilla Campos, quien a su turno fue secretario personal de García y luego su ministro del Interior de la anterior administración.
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Chito Ríos reclutó a Exebio Reyes para integrar el Comando Rodrigo Franco, que era el nombre de un líder aprista asesinado presuntamente por el insurgente Sendero Luminoso, el 29 de agosto de 1987.
"Agustín Mantilla era el cerebro del grupo. Como en esa época, Sendero Luminoso y el (también guerrillero) Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) asesinaban a miembros del partido (aprista), se decidió responder de la misma manera", narró.
"En un principio, la idea era acopiar información de inteligencia para identificar a los terroristas y luego, la policía o las Fuerzas Armadas harían su parte eliminándolos. Pero después, el comando comenzó a ajusticiar por su cuenta bajo las órdenes de Mantilla y con el conocimiento del presidente (García)", afirmó.
"A mí me llevó al grupo Chito Ríos porque somos de la misma localidad, Ferreñafe (norte de Perú), y éramos conocidos de muchos años y militábamos en el APRA. Mantilla contrató a instructores italianos para labores de inteligencia. Aquí tengo la fotografía en la que aparezco con Chito Ríos y parte del Comando Rodrigo Franco. Yo era del grupo pero no era un 'operativo'. Mi tarea consistía en acopiar y evaluar información", relató a IPS.
Oficialmente, el primer gobierno de García negó cualquier relación con los paramilitares.
El 15 de julio de 2003, García afirmó que la existencia del grupo era una "fantasía". Empero, ese mismo año, ante una comisión parlamentaria, el propio Mantilla admitió que "se habrían conformado varios grupos paramilitares que aparecían y desaparecían muy pronto ( ) y el único que habría seguido con sus acciones en Lima y en otras partes del país sería el Comando Rodrigo Franco".
Ninguna investigación policial ha establecido quiénes formaban parte del comando durante el gobierno de García, pese a que la prensa de la época publicó fotografías de Mantilla rodeado de hombres armados que no pertenecían a ninguna institución de seguridad. Eran jóvenes apristas que por orden de Mantilla habían recibido entrenamiento y armas.
Tampoco durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000) se practicó ninguna investigación, no obstante que al Comando Rodrigo Franco se le atribuye el asesinato de presuntos miembros de Sendero Luminoso y del MRTA, y del dirigente sindical minero Saúl Cantoral, perpetrado el 13 de febrero de 1989.
Debido precisamente a que el caso de Cantoral nunca llegó a ser investigado por la justicia, sus familiares lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogiera el caso.
Fuentes de este tribunal continental, con sede en San José de Costa Rica, señalaron a IPS que todo indicaría que el Estado peruano sería declarado culpable. El fallo alcanzaría no sólo a Mantilla sino también al propio García, porque siendo presidente lo mantuvo en su gabinete ministerial pese a que existían indicios de estar involucrado en el crimen.
"A Cantoral lo mató el Comando Rodrigo Franco, porque dirigía las huelgas mineras contra el gobierno de García. Yo escuché a Chito Ríos hablar sobre los preparativos del asesinato. Y después él me contó cómo lo había matado", afirmó el testigo protegido.
"Alan García protegió a Mantilla, esa es la verdad", aseguró Exebio.
"Y el gobierno de Fujimori no quiso tampoco investigar el caso porque Mantilla era socio de Vladimiro Montesinos, el asesor de inteligencia de ese presidente. Yo lo sé porque, cuando acabó el gobierno de García, Chito Ríos, convocado por Mantilla, se fue a trabajar para el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)", sostuvo.
"Mantilla puso a Chito Ríos a disposición de Montesinos. Después Chito Río me llamó a mí para hacer operaciones con el SIN, conocido como La Fábrica", agregó.
El 14 de junio de 1995, el régimen de Fujimori amnistió a los militares y civiles procesados por violaciones a los derechos humanos, beneficio que alcanzó a Mantilla.
Pero, hay más. Entre el archivo de videos de Montesinos, que descubrieron las autoridades cuando cayó Fujimori, se encuentra la grabación de una reunión secreta que el asesor de inteligencia mantuvo en su oficina del SIN con Mantilla, el 13 de marzo de 2000.
Mantilla, quien era jefe de organización del aprismo y director de la campaña presidencial del candidato de su partido, Abel Salinas, le pidió a Montesinos 100.000 dólares para financiar los gastos de propaganda. Pero sólo le entregó 30.000 dólares y le dijo que el resto se lo daría después.
En esa época se suponía que el APRA se oponía al régimen de Fujimori, pero Mantilla negociaba personalmente con Montesinos tras bambalinas.
Mantilla ha sido enjuiciado por corrupción de funcionarios a raíz del mencionado video en el que recibe dinero de Montesinos.
También tuvo que responder a los tribunales por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que se le detectaron cuentas en bancos de Estados Unidos hasta por seis millones de dólares. El acusado alegó que se trataban de fondos de partidos "amigos" del APRA. García y la dirigencia de su agrupación lo negaron.
Estuvo preso entre noviembre de 2002 y diciembre de 2005, lo cual fue vivido, según declaró, como un "sacrificio" por su partido, el APRA. Durante su encarcelamiento recibió varias veces la visita de Chito Ríos.
Actualmente, Mantilla goza del beneficio de libertad condicional y está a la espera de que los tribunales acojan su pedido de prescripción de los delitos que se le imputan. Si la justicia acepta ese criterio, será imposible saber cuál es el verdadero origen del dinero que escondía en Estados Unidos.
Exebio Reyes aseguró que "Mantilla coordinaba directamente con García, por eso he pedido al fiscal que investiga el caso del Comando Rodrigo Franco y que convoque como testigo al presidente (de Perú) para que declare".
En un informe de la Defensoría del Pueblo sobre el estado de los procesos sobre violaciones de los derechos humanos, expedido en diciembre, se destaca que el sistema judicial ha sido negligente y lento para investigar y sancionar los crímenes del Comando Rodrigo Franco.
Desde que Exebio Reyes fue acreditado como "colaborador eficaz" en 2003, han sido cambiados tres fiscales y el cuarto fue nombrado en octubre.
"Durante casi cuatro meses, el caso no tuvo un fiscal designado", señala el reporte de la Defensoría. "Además, los continuos traslados del expediente a distintas fiscalías también afecta el avance de la investigación", agrega el organismo de vigilancia de los derechos humanos.
"A veces pienso que están esperando que me maten", dijo a IPS Exebio Reyes. "Ahora que se acerca la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Saúl Cantoral, y que va a obligar al Estado a que investigue judicialmente el caso, a mi me quieren ver muerto porque he sido miembro del grupo y porque soy testigo", indicó.
Sobre el caso Cantoral, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte de San José que "declare que el Estado (peruano) es responsable por la violación de los artículos 7, 5, 4, 8, 25 y 16" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra los derechos a la libertad personal y de asociación, a la integridad y la vida, así como a las garantías y protección judiciales.
Pero al grupo paramilitar se le atribuyen otros homicidios, como el asesinato del abogado Manuel Febres Flores, que defendía a acusados de pertenecer a Sendero Luminoso, así como de Miguel Pasache Vidal y Javier Porta Solano, presuntos miembros del MRTA, y de varios estudiantes de la Universidad del Centro.
En 2003, una comisión parlamentaria concluyó que el Comando Rodrigo Franco existió efectivamente y que cometió asesinatos. También ese cuerpo recomendó a la fiscalía investigar el caso y denunciar a los responsables.
Ese reporte de la comisión de cinco miembros no fue suscripto por dos de ellos, Javier Velásquez Quesquén, actual presidente de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA), y Rafael Rey, hoy ministro de Industrias.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que investigó la violencia política en Perú de 1980 a 2000, incluyó en su informe final un reporte sobre el caso de impunidad del Comando Rodrigo Franco.
"Podemos afirmar que existen elementos suficientes, que permiten presumir razonablemente, que entre las personas que integraron el Comando Rodrigo Franco está Agustín Mantilla", dice en uno de sus apartes el informe de la CVR.
Precisa también que el Comando Rodrigo Franco "existió como una organización paramilitar". "Habría estado dirigido por el entonces viceministro y después ministro del Interior, Agustín Mantilla. Su jefe operativo habría sido Miguel Ríos Sáenz, (alias) Chito Ríos", añade.
Exebio Reyes también colaboró como testigo en la investigación de la CVR.
"La citada organización habría surgido para enfrentar a la subversión, por la sensación de frustración que algunos simpatizantes y miembros del partido aprista tenían por la incapacidad de las instituciones del Estado para hacer frente al terrorismo. También, para responder a los asesinatos de militantes y autoridades del APRA, así como para eliminar a ocasionales opositores políticos", señaló la CVR.
Ante el cúmulo de acusaciones que involucran a García en el caso Mantilla y el Comando Rodrigo Franco, IPS consultó al dirigente oficialista y titular de la comisión de Constitución del Congreso (legislativo), Aurelio Pastor, sobre cuál sería la actitud del mandatario ante una eventual convocatoria judicial.
"La presencia del presidente tiene que obedecer a razones absolutamente sustentadas y motivadas. No puede ser acusado durante su mandato. Sólo se le puede convocar en caso extremo y estrictamente necesario", explicó.
"Sé que colaborará con gusto, pero su investidura no puede ser manoseada por cualquier motivo", comentó.
Pastor tampoco descartó "que la solicitud para que declare tenga alguna motivación política". "En todo caso, antes que el jefe de Estado, deberían declarar otros testigos", dijo, aludiendo a Mantilla, quien en una reunión de amigos (de la cual existe un video) declaró que estuvo en la cárcel como resultado de "haber cumplido órdenes".
