Maoístas que abandonaron en Nepal la lucha armada el año pasado integran desde esta semana el mismo parlamento que los ilegalizó en el pasado.
Fue una transformación sorprendente. Hace nueve meses, el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) era considerado "terrorista", y muchos de sus dirigentes se encontraban en cárceles de este país y de la vecina India.
En abril pasado, los partidos opositores al régimen absolutista del rey Gyanendra, quien había usurpado todo el poder político el 1 de febrero de 2005, invitaron a los insurgentes a integrarse en una alianza que apeló a mecanismos pacíficos para obligar al monarca a dar un paso al costado.
Hoy, los maoístas constituyen el segundo grupo parlamentario del país, luego de un accidentado proceso de negociaciones que culminó en noviembre con la firma del denominado Acuerdo Completo de Paz y la constitución el lunes de un gobierno temporal.
Su primera tarea fue la aprobación de la constitución interina que guiará sus pasos hasta las elecciones de una asamblea constituyente, previstas para fines de mayo o comienzos de junio.
"Irrumpimos en esta nueva era de un brinco, armados de una nueva ideología, una nueva filosofía y un nuevo modo de pensar", dijo el líder maoísta en el parlamento, Krishna Bahadur Mahara.
Los maoístas formaron un frente de partidos de izquierda que abarcará una mayoría en el parlamento de 330 escaños.
Los legisladores y legisladoreas del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) ingresaron en masa el lunes de mañana, todos de chaqueta gris. Uno de ellos llevaba una boina roja con una hoz y un martillo en dorado. Muchos sonreían mientras saludaban con apretones de mano a sus pares de otros partidos.
"Esta coyuntura crítica es un nuevo comienzo, con unidad y reconciliación", declaró el primer ministro Girija Prasad Koirala.
Los maoístas iniciaron su guerra contra las instituciones del Estado en 1996, arrojando bombas caseras contra edificios del gobierno, luego de que las autoridades ignoraron su demanda de reformas sociales y políticas, entre ellas la caída de la monarquía y la instauración de un sistema republicano.
El levantamiento fue virtualmente ignorado en sus primeros años, pues su bastión se ubicaba en el occidente del país, una de las regiones más pobres de Asia meridional y la más marginada por los líderes políticos.
El gobierno llamó a conversaciones de paz en julio de 2001, pero cuatro meses después los maoístas rompieron el diálogo y lanzaron sus primeros ataques directos contra el ejército nepalés, lo que llevó a la declaración del estado de emergencia.
En 2003, las negociaciones volvieron a zozobrar, al mismo tiempo que los maoístas aseguraban controlar 80 por ciento de los poblados y muchos observadores advertían que nadie ganaría la guerra civil solo por medio de las armas.
En 10 años, unas 14.000 personas murieron, la mayoría de ellas civiles sin vínculo con ninguno de los bandos en pugna. Además, más de 100.000 nepaleses abandonaron sus hogares a causa de las intimidaciones de militares e insurgentes, y más de 1.000 desaparecieron.
Los maoístas llamaron a un cese del fuego poco después de la victoria en abril pasado del movimiento popular que acabó con el absolutismo, pero algunos de sus dirigentes mantienen viejas prácticas como el cobro de impuestos ilegales a pobladores y empresas, e impiden a funcionarios del gobierno asumir sus tareas.
Apenas 904 de las 1.271 comisarías dañadas durante la guerra civil fueron restauradas, en parte porque dirigentes maoístas locales lo impidieron, indicó el lunes el diario Kantipur.
Este martes fue el primer día de registro de combatientes maoístas y sus armas, hoy estacionados en siete campamentos principales y 21 de menor porte en todo el territorio.
El desarme será controlado por un equipo de 183 observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El foro mundial también asistirá en las próximas elecciones.
"Mi deber será garantizar la representación de los pueblos indígenas en la asamblea constituyente", dijo el activista Malla K. Sundar, uno de los 10 representantes de la sociedad civil elegidos por dirigentes maoístas para integrarlos en el gobierno interino.
Los otros partidos también nombraron diversos activistas, en reconocimiento por el rol cumplido por las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos en el movimiento popular.
"No me molesta que me consideren maoísta", sostuvo Sundar. "Los dirigentes del partido dijeron con mucha claridad que designaron personas independientes y que trabajaremos autónomamente."
Los maoístas lograron gran adhesión en el interior de Katmandú con su compromiso de acabar con la discriminación contra las mujeres, los indígenas y los dalits o intocables del estricto sistema de castas hindú.
Entre los 73 integrantes del nuevo gobierno, 29 son mujeres, 23, indígenas, y 11, dalits.
Fuera del parlamento, el humor era disímil.
"Un gobierno maoísta es algo imposible. Los maoístas son asaltantes. Ahora harán lo que quieran", dijo Suman, vendedor de hongos frente a la sede del Poder Legislativo.
En cambio, Ishwor, quien vendía frutas, consideró "bueno" que los maoístas se integraran en el gobierno. "Así nadie tendrá problemas. Nadie morirá." (FIN/IPS/traen-mj/mdl/rdr/ap ip hd/06)
