Consorcios financieros internacionales ya avanzaron sobre los bancos de El Salvador y ahora amenazan con arrinconar al Estado y, con ello, contribuir a ahondar la brecha entre ricos y pobres.
Grupos económicos salvadoreños finalizaron el año pasado con ingresos multimillonarios por las ventas de la mayoría de sus acciones bancarias a conglomerados transnacionales, como el canadiense Scotiabank, el estadounidense Citigroup, Bancolombia y el panameño Banistmo, que luego fue vendido al Hong Kong & Shangai Banking (HSBC).
El golpe de gracia lo dio precisamente el grupo colombiano al comprar en diciembre el Banco Agrícola, último remanente de entidad financiera con capitales nacionales.
Si bien los defensores de este tipo de transacciones argumentan que ellas traen más competitividad y ventajas para los usuarios, los economistas y politólogos consultados opinan que la debilidad del Estado salvadoreño y la falta de regulaciones exponen al país a una "mayor dependencia y subordinación de los poderes económicos multinacionales".
El capital transnacional "se constituirá en una nueva clase política, que, pese a que residiría en el extranjero, detentará mucho poder, y puede convertir a esta nación centroamericana en otra república bananera", coincidieron.
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"Estamos ante una dinámica financiera diferente, los conglomerados se expanden más allá de la región", señaló Alfonso Goitia, economista boliviano residente en El Salvador, cuyos estudios indican que los grupos de poder, que antes constituían la "oligarquía agroexportadora", se han convertido en corporaciones muy agresivas, mientras que los grupos locales se diversifican.
En efecto, no sólo vendieron la mayoría de las acciones de los bancos sino también las de sus empresas de seguros, tarjetas de créditos y administradoras de fondos previsionales, con el fin de ganar socios internacionales y reinvertir su capital en otros sectores más rentables, como el comercio, la importación de automóviles y la construcción de centros comerciales.
Según Goitia, esto demuestra una clara decisión de prepararse para competir en mercados internacionales, más allá de América Central.
"La estrategia es garantizar que la estructura bancaria no sea susceptible de ser tocada por los gobierno, amparándose en el tratado de libre comercio firmado por El Salvador, otros cuatro países de América Central y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta por sus siglas en inglés), que pone restricciones a cualquier acción del Estado contra firmas extranjeras", agregó.
El intelectual estadounidense de izquierda James Petras, en su artículo "La supremacía del capital financiero" publicado en rebelion.org, sostiene que el sector financiero como ningún otro puede obtener beneficios sin parangón, ya que "los bancos consiguen su máximo rendimiento facilitando la concentración y la centralización del capital, operaciones que denominan 'fusiones y adquisiciones'".
Precisamente sobre este tema, entre otros, se enfocará la séptima edición del Foro Social Mundial (FSM), que tendrá lugar del 20 al 25 de este mes en Nairobi.
El FSM es "un lugar abierto de reunión donde grupos y movimientos de la sociedad civil opuestos al neoliberalismo y a un mundo dominado por el capital o por cualquier forma del imperialismo, que a su vez están comprometidos con la construcción de una sociedad planetaria concentrada en la persona humana", según reza su carta de principios.
Ángel Ibarra, miembro de la red ciudadana Sinti Techan, que trabaja para crear alternativas diferentes a los tratados de libre comercio e inversión internacional, señaló a IPS que "el movimiento tercermundista enfila sus baterías contra la concentración del capital y del poder en compañías transnacionales, y busca darle una oportunidad a los procesos democráticos".
Propone una "nueva arquitectura" que pasa por "romper el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)", así como otras instituciones financieras internacionales, que son "la base ideológica de todo el proceso de globalización actual".
Según Ibarra, quien planea participar en la próxima edición del FSM, en Nairobi se discutirá cómo "abolir el Banco Mundial y el FMI, suprimir la deuda, cobrar el adeudo ecológico (generada a partir del saqueo de los países pobres para que las naciones ricas vivan de forma opulenta) y crear entidades financieras con representación de Estados-nación, basadas en la solidaridad". El politólogo salvadoreño Leonel Gómez manifestó a IPS que las transacciones financieras internacionales representan el surgimiento de una nueva clase política en El Salvador, cuyas exigencias al Estado aún se desconocen.
Empero, no se mostró optimista sobre el futuro, pues, enfatizó, las utilidades de las operaciones de venta serán llevadas al extranjero sin que aporten al desarrollo local.
Lo que harán los banqueros internacionales será "maximizar las ganancias, y será peor porque los nuevos dueños no tienen ataduras con El Salvador, ni con la región", y "lo más preocupante es que esto redundará en "una mayor concentración de poder político", añadió Gómez, quien ha investigado casos de corrupción dentro del sistema financiero. Goitia también aseveró que bajo esta nueva dinámica el sector agropecuario es de los grandes perdedores, dado que la banca local les ha reducido los créditos disponibles hasta tres por ciento de toda la cartera disponible, los cuales fueron destinados al consumo, servicios y compra de viviendas, es decir a las actividades más rentables.
En su investigación, el experto asegura que "un grupo muy reducido de la población se ha apropiado de los activos del Estado, a partir del control que ejerce sobre éste, al tiempo que las mayorías han visto deteriorar progresivamente sus limitados ingresos".
En el Informe sobre Desarrollo Humano de El Salvador, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas en 2003, demostró con cifras que en los últimos 10 años la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado.
"En 1992, el 20 por ciento de los hogares más ricos percibieron el 54,5 por ciento del ingreso nacional, y el 20 por ciento más pobre el 3,2 por ciento". Diez años más tarde, el 20 por ciento de las familias más adineradas "había aumentado su participación en el ingreso nacional a 58,3 por ciento", y 20 por ciento más necesitado "había disminuido a 2,4 por ciento", dice el documento.
Héctor Vidal, economista y ex asesor de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, dijo a IPS que, en la actualidad, "20 por ciento de la población más rica acapara 60 por ciento del ingreso nacional, principalmente por la voracidad de algunos actores importantes que tienen una visión de muy corto plazo, sin pensar en la equidad".
En perspectiva, Goitia sostiene que El Salvador entrará en "una situación de ingobernabilidad, que exigiría una política más autoritaria si los sectores que concentran el poder no se dan cuenta de la necesidad de cambios importantes, que no necesariamente signifiquen pérdida de sus extraordinarias ganancias, pero sí que distribuya de alguna manera los altos beneficios que obtienen".
