La lucha contra la exclusión social y la defensa del ambiente y sus recursos naturales, como el agua, cobraron fuerza en América Latina hasta convertirse en corrientes de pensamiento y traducirse en una nueva forma de vida, describen activistas bolivianos en vísperas del Foro Social Mundial.
La directora de la Fundación Solón, Elizabeth Peredo, y el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Guillermo Vilela, resumieron para IPS las propuestas relevante de la región ante la nueva edición del encuentro mundial de la sociedad civil, que tendrá sede desde este sábado y hasta el jueves en Nairobi.
Ambos conformaron el comité organizador de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos realizada en diciembre en la central ciudad boliviana de Cochabamba, donde participaron unos 5.000 delegados latinoamericanos en paralelo a la Segunda Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones.
Dejar atrás el carácter contestatario del Foro Social Mundial (FSM) y alcanzar una articulación con la cumbre de mandatarios y los funcionarios de gobierno que toman decisiones, es uno de los mayores logros del encuentro, según Peredo.
Los movimientos sociales de la región que ahora actúan, en muchos casos, a la luz de gobiernos izquierdistas o centroizquierdistas, marcaron líneas de lucha comunes que transitan por la defensa de los derechos humanos, el rechazo a toda forma de exclusión y la consideración a las personas como centro de atención de las políticas de los gobiernos, sostuvo Vilela.
En un hecho sin precedentes, Bolivia fue sede de las dos cumbres bajo la administración del primer presidente indígena en la historia del país, Evo Morales, quien orienta sus políticas a la defensa de los recursos naturales y la vida armónica de los 36 grupos étnicos con el ambiente.
Peredo destacó la actuación de jóvenes delegados indígenas del continente, que imprimieron una renovada corriente encaminada a la integración de los pueblos y en un diálogo permanente con los gobernantes, a diferencia de pasados escenarios en que la confrontación estaba presente.
"Las visiones indígenas toman nuevos espacios con las propuestas de respeto a la naturaleza" asociadas a reflexiones sobre el recalentamiento global, la contaminación en las grandes urbes y su impacto sobre la calidad de la vida humana, concentraron la atención de los asistentes, recuerda la directora de la Fundación Solón.
Peredo, quien también es una activista por la defensa del agua, resaltó la iniciativa de los pueblos por crear una gestión comunitaria para la preservación del recurso hídrico.
En mayo de 2000, Cochabamba fue el escenario de una movilización social contra la privatización del servicio de agua potable y se constituyó así en la cuna de las luchas sociales que terminaron expandiéndose a La Paz y a otros países vecinos en defensa de los intereses de los consumidores.
Tanto en Cochabamba, como en La Paz, donde está asentado el gobierno de Bolivia, las proveedoras privadas del servicio de agua potable fueron reemplazadas por empresas conformadas por los municipios y la administración central.
"El agua es un derecho humano. Nadie puede ser privado de ese recurso. Si estamos de acuerdo con este precepto, ¿por qué las empresas mineras, forestales, eléctricas y municipales nos están despojando de nuestro recurso hídrico a las comunidades campesinas e indígenas en todo el planeta? se preguntó el hoy presidente Morales en un discurso como líder sindical en el Tercer Foro Mundial del Agua realizado en Kyoto en 2003.
En esa perspectiva, Peredo indicó que la lucha por el agua es permanente y entre los objetivos inmediatos está la exclusión del recurso como mercancía de la lista de productos elaborada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la creación de una Convención Social del Agua bajo el impulso de las organizaciones sociales y los gobiernos.
Los sectores sociales, las organizaciones de trabajadores y los pueblos originarios son protagonistas de una corriente contestataria a los modelos de explotación, de dominación de condicionamiento y de reivindicación de los pueblos latinoamericanos y ahora luchan porque los discursos se reflejen en políticas, añadió Vilela.
Una problemática actual en América Latina, como es la migración, fue también examinada por los delegados y de ellos surgió la propuesta de crear una Comisión Internacional para la Protección del Desplazado Forzoso, por razones económicas o políticas, recordó el presidente de la APDHB.
En proporción poblacional, Bolivia tiene mayor emigración respecto de México, que ocupa el primer lugar en la salida de ciudadanos a otros países, explica.
Los datos de la oficina de migraciones estiman que unos 15.000 de los 9,2 millones de bolivianos abandonan su país cada mes para buscar oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida en Argentina, Estados Unidos y España.
La segunda preocupación de los delegados de la Cumbre Social es el carácter de las sociedades que discriminan y que en Bolivia particularmente se expresan por la condición de raza, sexo, religión e ideológica.
Como ejemplos de los casos que llegan hasta las oficinas de Derechos Humanos, Vilela señala quejas de personas excluidas por ser mujer, indígena, afrodescendiente, algún grado de discapacidad o sus preferencias sexuales.
Su oficina, precisamente, prepara un proyecto de ley que erradique todo tipo de exclusión y aguarda que bajo un gobierno de carácter izquierdista, como el de Morales, obtenga respaldo para su aprobación y pronta promulgación.
