Hay temas, como la precariedad laboral, los empleos irregulares, la desigualdad de género y las migraciones, que brillan por su ausencia en los debates entre gobernantes y empresarios transnacionales que esta semana vuelven a reunirse en el Foro Económico Mundial (FEM), de Davos.
En el caso de las migraciones, sin embargo, "mi opinión es que la gente de Davos es favorable" a esos desplazamientos, dijo a IPS el experto del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, Marc Bernardot.
Porque si son verdaderamente liberales, capitalistas liberales, ellos son favorables, por esencia, por lógica y coherencia doctrinaria, a la libre circulación de bienes, de capitales y de hombres, dedujo. Para que el capital fluya hace falta también que el trabajador se traslade, insistió.
Bernardot sostuvo que los grandes liberales son favorables a la inmigración sin control. Ese es uno de los principales problemas de la derecha en Francia, pues si se emplea el enfoque utilitarista de esa ideología, los inmigrantes son fantásticos. Rinden de una manera enorme porque permiten de forma ágil e inmediata a las necesidades del mercado, subrayó.
En Francia, los mayores empleadores de mano de obra extranjera ilegal son los contratistas de las grandes obras de construcción, como las redes de autopistas o los estadios monumentales.
De allí se deriva que el mismo Estado francés sea un gran empleador a través de los llamados a licitación para esos centros deportivos o para los trenes de alta velocidad, explicó el investigador.
También el trabajo precario de los inmigrantes, las deplorables condiciones del alojamiento que reciben y los bajos salarios predominantes aseguran la rentabilidad de las propiedades agrícolas, en su mayoría latifundios del sur de Francia, en la zona de las Bocas del Ródano, y de Andalucía, en España, dijo Bernardot durante la manifestación denominada El Otro Davos, que se realizó el fin de semana en Zurich.
Un inmigrante senegalés, Spitou Mendy, que trabaja en cultivos agrícolas intensivos del sur de Andalucía y milita en el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), aclaró que en España, la precariedad laboral no se limita a las actividades rurales sino que comprende a todos los sectores económicos.
La miseria de los trabajadores agrícolas es indescriptible, dijo. El SOC, que se ha opuesto a las políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos de España, no recibe subvenciones del Estado, que, en cambio, beneficia a los "grandes sindicatos tradicionales porque ellos se dedican a los asuntos políticos", aseveró.
En otro aspecto, el mercado mundial para los inmigrantes no se reduce a la agricultura o a las obras públicas gigantescas, también las residencias privadas absorben trabajadoras, como explicó la socióloga y activista británica Bridget Anderson.
Las cuestiones de migraciones y precariedad fueron el centro de la conferencia El Otro Davos, una asamblea que Attac Suiza y otros grupos no gubernamentales del país organizan todos los años en oposición al FEM, que anualmente cobija esa turística localidad de Suiza.
Son los mismos problemas que movilizarán las manifestaciones contra el Grupo del los Ocho (G-8) países más industrializados, que se reunirá nuevamente en junio próximo en la localidad alemana de Heiligendamm.
Anderson observó que, mientras los capitales se desplazan detrás de los bajos salarios, la realidad física determina que la construcción, la agricultura, los empleos en casas particulares o en otros numerosos servicios no pueden trasladarse a las áreas de escasas remuneraciones. Por ese motivo, el trabajo barato viene a ellos, dijo.
La experta dio el ejemplo de las empresas pequeñas y medianas que carecen de recursos para deslocalizar su producción hacia las zonas donde reside la mano de obra más económica. Por tanto, la fuerza de trabajo depreciada, tanto la legal como la indocumentada, acude hacia ellas, describió.
Bernardot se ocupa también de otra faceta de las migraciones: del tratamiento que reciben los viajeros cuando arriban al territorio europeo y de los centenares de campos o centros donde son alojados antes de su admisión o de su expulsión.
El investigador sostiene que en Europa se desarrolla un proceso de lucha y de control contra los extranjeros, que incluye la penalización y la militarización de los inmigrantes.
Con ese objetivo aparecieron en los últimos 20 años y se han multiplicado por Europa los lugares de confinamiento, que a veces son llamados campos, dijo.
Se ubican en las fronteras de la Unión Europea y "ahora cada vez más al norte de África", en los países considerados como punto de partida o de tránsito de los inmigrantes en dirección al continente europeo.
Esos lugares reciben nombres diferentes en cada país, pero un factor común en todos es que sólo alojan a extranjeros, nunca a nativos o a ciudadanos europeos.
Otro rasgo es que los recluidos en esos recintos no han sido tenidos en cuenta como individuos sino como miembros de un grupo. Es una población considerada en conjunto por ser extranjera, explicó Bernardot.
No son el señor X o la señora Z, sino alguien que pertenece a un grupo percibido colectivamente como una amenaza, como un riesgo para la sociedad, describió.
También existen establecimientos penitenciarios que poco a poco son contaminados por esta técnica de control y de lucha contra la inmigración ilegal. Es el caso de las prisiones francesas, pero también de Bélgica, Alemania o Gran Bretaña. Una parte cada vez más importante de las personas retenidas en las prisiones europeas son de nacionalidad extranjera.
El investigador expuso que eso demuestra la penalización de los extranjeros, el aumento de su encarcelación, pero también el hecho de que cada vez más las prisiones europeas sirven concretamente de lugares de detención oficiosa. De esta manera se confunden formas de violación de la ley que son muy diferentes, razonó.
La diversidad de esos centros es aún más compleja por el hecho de que los lugares mencionados no son fácilmente identificables. No solamente no se les llama "campos" sino que en algunos hasta carecen de nombre.
Cierto lugar en Bélgica se llama 127 Bis. Es un número, en una calle que lleva al aeropuerto, donde se ubica a los extranjeros para que se prepararen a la idea de ser enviados por la fuerza a destinos variados.
Pero no sólo carecen de nombre, o de nombres variados que resultan eufemismos de su funcionamiento y de sus objetivos reales. E incluso más, esos lugares no se parecen a lo que se imagina que es un campo, con mirador, pasillo de vigilancia, perros de policía, alambradas, entre otros signos característicos.
Nada de eso. Son lugares confundidos con el entorno arquitectónico, porque se puede pasar junto al aeropuerto sin percibirlos.
Porque son un espacio como cualquier otro. Una puerta, un funcionario delante mientras detrás puede haber tres o cuatro familias con sus hijos que esperan antes de ser expulsados o autorizados a entrar al territorio, en condiciones de higiene y salubridad catastróficas. El viandante ignora todo, describió Bernardot.
Cuando se los interroga, los poderes públicos alegan objetivos humanitarios o sociales. Si esa población es ubicada en esos espacios, es por su bien, sostienen. Ellos podrían quedar a merced de los traficantes que organizan la trata de seres humanos, o perderse en la naturaleza, arguyen. Allí no, están a mano para poder ser conducidos a la frontera y expulsados.
En 2005, el comisario de la Unión Europea apara políticas de migración, Gil Robles, demandó que el texto de las leyes sea verdaderamente aplicado, que las personas que deben pasar por los centros de espera o centros de detención, pasen verdaderamente.
Esta exigencia se relaciona con la actitud de la policía francesa, que deja a muchos extranjeros que han tratado de entrar clandestinamente al territorio, en los barcos donde viajaban y transforma esas naves en lugares de detención oficiosos.
Robles indicó que la aplicación de la ley significa hacer pasar a los extranjeros por esos centros de espera. De esa manera los legaliza. De lo contrario, no sólo se transforman los barcos en centros de espera, sino que también se convierten a los patrones de las naves, a los armadores, en policías de ocasión.
Y más grave aún es que, a causa de que les hacen pagar multas si se encuentran clandestinos a bordo, se esta obligando a que esas naves no lleguen a puerto. Eso significa con frecuencia que los inmigrantes indocumentados sean desembarcados en el mar, denunció Bernardot.
