«La situación de los trabajadores se ha deteriorado, su capacidad adquisitiva ha caído y ha crecido la marginación. Lo único que ha evitado el colapso de la economía de El Salvador son las remesas» de los millones de emigrantes.
Esta advertencia de Gilberto García, vicepresidente del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), resume la realidad de este país tras los últimos tres gobiernos sucesivos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Aunque no desconoce avances en los 15 años transcurridos desde la firma de los Acuerdos de Paz, como la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que protegen el derecho a la sindicalización, el activista dijo a IPS que Arena propició en este lapso la concertación de la riqueza y con ello el aceitó el antagonismo entre trabajadores y patrones.
La pobreza y la exclusión, causas reconocidas de la guerra civil que afrontó El Salvador por 12 años, siguen esperando ser atacadas por políticas gubernamentales desde la firma de la paz entre el gobierno de entonces y la guerrilla izquierdista, el 16 de enero de 1992. La emigración ha sido hasta ahora el escape social y el paliativo económico de este país de siete millones de habitantes.
Datos del Centro de Recursos para Centroamericanos indican que, en promedio, más de 700 salvadoreños dejan el país cada día en busca de trabajo y salarios dignos, principalmente en Estados Unidos, donde residen 2,3 millones de los más de 2,5 millones que viven en el exterior.
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Sólo el año pasado se recibieron unos 3.300 millones de dólares en remesas de emigrantes a sus familiares en el país, equivalentes a más de 17 por ciento del producto interno bruto (PIB), según el Banco Central de Reserva (BCR).
Los últimos tres gobiernos salvadoreños han gastado abultadas sumas en promover la bonanza de los Acuerdos de Paz, como el supuesto progreso, modernización y desarrollo económico, lo cual debería haber traído bienestar a las mayorías por medio de la llamada "teoría del rebalse", de la riqueza generada hacia toda la sociedad.
Pero la realidad es muy otra. Cifras oficiales estiman que el desempleo bordea siete por ciento de la población económicamente activa y que el subempleo afecta a 39 de cada 100 salvadoreños.
En 1992, el insurgente Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el gobierno derechista del entonces presidente Alfredo Cristiani firmaron el pacto de paz que puso fin la guerra que dejó 75.000 personas muertas, 6.000 desaparecidas de modo forzoso por la represión militar y 40.000 lisiadas.
Precisamente, una de las manifestaciones de protesta más inusuales contra las celebraciones del 15 aniversario la protagonizaron unos 200 discapacitados físicos, que marcharon en ropa interior y con una cruz pintada en su pecho para demandar que sus pensiones sean incrementadas en 15 por ciento cada dos años, para que puedan cubrir sus necesidades básicas.
Según Daniel Martínez, presidente de la Asociación de Lisiados de Guerra de la Fuerza Armada (Alfaes), las mesadas que reciben del Estado oscilan entre 37 y 95 dólares, lo cual a su juicio son "miserables" pensiones. Esta suma contrasta con el salario mínimo legal mensual que bordea los 175 dólares.
Un estudio del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), realizado a fines de 2006, reveló que en 1992 se necesitaba un salario mínimo mensual vigente (SMMV) más 24,5 dólares para comprar la canasta de alimentos, mientras que en noviembre del año pasado se precisaba un SMMV más 63,5 dólares.
Los datos del CDC también advierten que en 1992 la población invertía 14 por ciento de su salario en el pago de los servicios básicos y en 2006 destinaba 37 por ciento.
Este aumento del gasto doméstico se debe al alza de las tarifas del servicio del agua potable, de energía eléctrica y de telefonía, que se elevaron entre 170 y 1.000 por ciento en el periodo estudiado. A lo anterior se suma la elevada inflación.
Incluso después de la dolarización de la economía en 2001, medida adoptada para controlar la inflación, entre 2002 y 2006 este indicador llegó a 19,9 por ciento, es decir nueve puntos porcentuales más que entre 1997 y 2001, según el CDC.
"Eso quiere decir que el poder de compra se ha reducido en forma significativa", dijo a IPS Armando Flores, director ejecutivo del CDC.
Los Acuerdos de Paz estaban orientados fundamentalmente al cese del enfrentamiento militar, la democratización, la reconciliación nacional y la superación de las causas económicas y sociales del conflicto armado.
Para lograr tal superación se creó el Foro de Concertación Económico y Social (FES), un mecanismo en el que participarían, en igualdad de condiciones, representantes del gobierno, la empresa privada y los sindicatos y organizaciones sociales, con lo cual se podrían dirimir las diferencias históricas entre estos sectores.
"La desaparición del FES es una demostración de que los grupos de poder hegemónicos, que han tomado control de la economía y el gobierno, han privilegiado la imposición de un modelo acordado con la cúpula gubernamental y los organismos internacionales", excluyendo a los sectores populares de las decisiones fundamentales en materia socioeconómica, señaló García.
La vida del FES fue efímera. En febrero de 1994, el gobierno solicitó suspender su funcionamiento mientras se desarrollaban las elecciones generales de marzo de ese año, a fin de evitar su "politización", y prometió que lo restablecería meses más tarde.
En octubre siguiente, la gobernante Arena, con una correlación de fuerzas dominante en el parlamento, invalidó al Foro y en su lugar creó al Consejo Superior del Trabajo (CST), en el cual participan los trabajadores. A diferencia del FES, aunque sus representantes son propuestos por los sindicatos, el Poder Ejecutivo puede modificar los candidatos y nombrar uno su antojo.
Esto implica que terminan siendo "afines a las políticas gubernamentales y no representan los intereses de los trabajadores", precisó el dirigente de CEAL, un centro de estudio sobre la situación laboral que apoya a varias federaciones sindicales salvadoreñas.
Para el economista Alex Segovia, la difícil situación de este país, tiene su origen en "el divorcio entre la agenda política y la económica-social de los Acuerdos de Paz", ya que las medidas en materia monetaria, financiera y comercial emprendidas por los gobiernos subsiguientes a la firma no tomaron en cuenta las condiciones de la posguerra.
"La guerra se produjo por la exclusión, la pobreza y la inequidad y eso no se ha atacado", sostuvo el reconocido analista durante una entrevista de televisión, y agregó que hoy en día, al igual que antes de la guerra, esos males se mantienen intactos.
Con la llegada del partido Arena al gobierno en 1989, el presidente Cristiani emprendió la privatización de la banca, el comercio exterior y dio luz verde a varias reformas económicas de ajuste estructural.
Desde entonces, la economía salvadoreña ha experimentado la privatización de los servicios de telefonía y energía eléctrica, y del sistema de pensiones, además de la dolarización y la liberalización comercial.
Esta última se concretó con la firma de varios tratados de libre comercio, entre otros, con México y el último en 2006 con Estados Unidos, junto a otros cuatro países de América Central, República Dominicana, conocido como DR-Cafta por sus siglas en inglés.
Héctor Vidal, economista y ex asesor de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), si bien reconoce algunas transformaciones económicas positivas en los últimos 15 años, mantiene reservas sobre el resto de las medidas adoptadas, particularmente las que complacen los postulados del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y las propias del modelo neoliberal.
"Todos sabemos que después de 15 años de reformas, el haber adoptado sin reservas ese modelo no fue lo más recomendable, las privatización no fueron transparentes en áreas como las telecomunicaciones, las distribuidoras de energía eléctrica y del sistema financiero", apuntó Vidal a IPS.
Además se "privilegiaron los intereses de los grandes importadores, banqueros, empresarios de centros comerciales y entidades expedidoras de tarjetas de crédito", afirmó.
Esta realidad se contrasta, según el economista, con la pérdida de empleos, el aumento de la desigualdad y la pauperización de la clase media, debido a "la voracidad de algunos actores importantes que tienen una visión de corto plazo, sin pensar en el progreso y la equidad".
"Son grupos de poder que tienen la capacidad de obligar al gobierno a tomar ciertas decisiones, lo cual es aberrante", manifestó de forma categórica.
Estadísticas oficiales indican que El Salvador mostró una tasa de crecimiento económico promedio de dos por ciento entre 1995 y 2004, una de más bajas de su historia y de las menores en América Latina.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), incremento del IPS alcanzó en 1999 a 3,4 por ciento y en 2005 descendió 2,5 por ciento.
La Cepal estima que El Salvador creció 3,5 por ciento en 2006, pero a juicio de especialistas este incremento no significa necesariamente mejoras para las condiciones de vida de la población, como ha sucedido en el pasado.
En efecto, el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para El Desarrollo de 2003 señala que en los últimos años la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado.
El documento explica que una minoría representada en tan sólo 20 por ciento de los hogares ricos en 1992 percibía 54,5 por ciento del ingreso nacional, mientras que 10 años después había aumentado a 58,3 por ciento.
En tanto que apenas 20 por ciento de las familias más pobres en 1992 accedía a 3,2 por ciento del ingreso nacional, y una década después había disminuido a tan sólo 2,4 por ciento.
Se trata de una "burbuja financiera que aparenta bonanza, con centros comerciales, teléfonos celulares por montones y parque vehicular creciente, resultado de las remesas, pero estamos frente a una situación muy grave, una descomposición social", puntualizó García.
"Hay que redoblar esfuerzos por rescatar los puntos abandonados en el tema económico y social, de lo contrario este país tiene muy pocas perspectivas: estamos llegando a umbrales críticos", sentenció.
