«Usted no se alcanza a imaginar lo que significa perderlo todo de un momento a otro, salir corriendo con la familia, muy asustados, con hambre, sin amigos, sin un peso en el bolsillo, lleno de tristeza y dejando todo, mucho o poco, lo que se consiguió durante años de trabajo ahí, abandonado».
Así narró su odisea a IPS Rafael "sin apellido, porque es que a uno lo persiguen por todos lados". Con 40 años de edad, llegó a Bogotá hace seis meses, acompañado de su mujer, dos hijos niños y otro adolescente, tras abandonar el central departamento de Meta por las amenazas de los paramilitares ultraderechistas.
Entre enero y septiembre del año pasado se vieron obligadas a dejar su territorio 172,216 personas, (637 por día en promedio), mientras que en los últimos 20 años la cifra supera las 3,700 millones, según datos aportados por Marco Romero, presidente de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Codhes, que se ocupa del análisis de una de las más dolorosas consecuencias del conflicto interno armado de Colombia, impulsó la comisión de seguimiento a la política pública de atención al desplazamiento forzado, que este jueves presentó ante la Corte Constitucional su informe sobre el cumplimiento de la Sentencia 025, de febrero de 2004.
La sentencia fue el resultado de la observación hecha por la Corte Constitucional al Estado sobre el cumplimiento de los derechos de las personas desplazadas. La conclusión fue "estado de cosas inconstitucional". Esta figura jurídica ha sido usada por la Corte en sólo ocho ocasiones.
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En este caso se refirió a las violaciones masivas de los derechos constitucionales de los expulsados de sus tierras por "la guerrilla, los paramilitares, pero también por el ejército de Colombia", afirmó Romero a IPS.
El Estado debe garantizar el cumplimiento de derechos en salud, educación, vivienda, atención humanitaria de emergencia, y seguridad alimentaria entre otros.
Sin embargo, según un informe de la gubernamental Contraloría General de la República, cada familia desplazada recibió en concepto de asistencia alimentaria en 2005 un promedio de 122.000 pesos (54,2 dólares), alrededor de 10.000 pesos mensuales (4,4 dólares) por hogar.
El mismo organismo indica que sólo tres por ciento de los hogares que requerían titulación y adjudicación de tierras fueron beneficiados entre 2002 y 2006, lo cual implica una cobertura mínima frente a la gravedad del problema. "En salud, 60 por ciento de la población desplazada no tiene cobertura. En vivienda no reciben un trato preferencial sino que, como ciudadanos normales deben de cofinanciar con el Estado la adquisición. Esto es inviable y antiético. Y tampoco existen programas de empleo que les solucione la problemática", dijo Romero.
La gran mayoría de la población desplazada de sus hogares se ocupaba en el campo de labores que en la ciudad no encuentra.
"Por el contrario, el gobierno ofrece a los victimarios (paramilitares desmovilizados) mantener la seguridad del transporte masivo en Bogotá, ejercer como guardias cívicos, ser salvavidas en las carreteras, mientras que para las víctimas no hay ofertas", cuestionó.
"Con ellos (los desplazados) se aplica la política neoliberal de capacitarlos en mecánica, peluquería u otros oficios que no ofrecen oportunidades, porque las estadísticas de desempleo son altas", continúo Marco Romero.
Dada la situación, la Corte Constitucional ha hecho un seguimiento del cumplimiento de su sentencia y, en 2006, se pronunció en siete oportunidades.
De la Comisión de seguimiento recibió un informe en agosto del año pasado, y del gobierno nacional uno más en septiembre, sobre el cual la Corte respondió en noviembre solicitando precisión y brevedad.
En un máximo de 60 páginas, la autoridad judicial solicitó información sobre las acciones en concreto, y no el listado de tareas instituciones.
Llamó la atención sobre la inconsistencia de los sistemas de evaluación y de indicadores presentados por las distintas entidades gubernamentales responsables de la atención a la población desplazada, y solicitó definición en las estadísticas, que generalmente determinan menos personas afectadas en comparación con las cifras presentadas por los grupos no gubernamentales.
Finalmente fijó este jueves como fecha límite para que el gobierno derechista de Álvaro Uribe, las organizaciones de población desplazada, organismos de control del Estado, organizaciones no gubernamentales y entidades internacionales presentaran sus observaciones sobre la respuesta estatal frente al desplazamiento.
"De todas maneras hay que reconocer que este gobierno ha destinado más recursos que ningún otro anterior para la atención al desplazamiento. Presionado por la Corte Constitucional que, a su vez, ha mantenido muy en alto su carácter democrático, y ha sido documentada por las organizaciones sociales ", agregó Romero.
Se anunció que se destinarían 5,8 billones de pesos (2.300 millones de dólares). Sin embargo más tarde argumentó insuficiencia de recursos.
"La cifra parece alta, pero no lo es tanto. Y si recordamos cuánto le dio el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) al sistema financiero, pues no hay comparación. A los bancos le entregaron 12 billones de pesos durante su crisis, después de haber afectado los ahorros de la clase media colombiana", agregó Romero.
Por su parte Rafael, el llanero desplazado, ha corrido con mediana suerte al encontrar apoyo de familiares radicados desde hace varios años en Bogotá, mientras intenta que prospere un negocio de frutas y hortalizas que montó en un barrio periférico de la ciudad.
"Yo si le quiero decir una cosa: la plata es importante. Claro que sí, para poder volver a vivir más o menos. Pero hay cosas que no se pueden pagar de ninguna manera. El sufrimiento, la soledad, la tristeza, el salir con los muchachos a una ciudad tan grande, tan difícil, el corte de la vida así de un momento a otro, hace mucho daño, y no hay plata que la compense", detalló.
Con la sumatoria de informes, la Corte Constitucional se pronunciaría en el primer semestre del año, imponiendo al Estado el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Hasta el momento, y con base en la perseverancia de la Corte, han sido impuestas órdenes judiciales por desacato a 12 funcionarios del segundo y tercer nivel, pero estas acciones podrían alcanzar a ministros, al director de la Red de Solidaridad Social como entidad responsable e, incluso, hasta el presidente Uribe.
La situación de desplazamiento en Colombia ha sido un drama que apenas empieza a visibilizarse. El alto número de personas desplazadas de sus hogares ha logrado que salgan del anonimato para conformar organizaciones de protección y apoyo, a la vez que se sienten alentados con la actitud de los magistrados colombianos.
Favorecidos de manera adicional por el pronunciamiento del papa Benedicto XVI, quien el lunes dijo: "mi atención se dirige muy especialmente hacia algunos países, en particular Colombia, donde el largo conflicto interno ha provocado una crisis humanitaria, sobre todo en lo que se refiere a las personas desplazadas".
