Un nuevo capítulo, ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se abre en la larga historia de acuerdos y desencuentros entre Venezuela y España, que parecía cerrada, en torno a militantes de ETA deportados de Francia a América en los años 80.
Marino Alvarado, abogado de los etarras Víctor Galarza y Sebastián Etxaniz Alkorta, devueltos en 2002 a España por el gobierno venezolano para ser juzgados, confirmó a IPS que recurrirá a la instancia judicial americana con sede en San José para que familiares de sus clientes puedan cobrar una indemnización resuelta en un pacto que ahora Caracas desconoce. El caso le costó el cargo a la representante de Venezuela ante las entidades internacionales de derechos humanos, María Auxiliadora Monagas. El gobierno de Hugo Chávez la destituyó tras desautorizar un acuerdo suscripto por esa funcionaria con los antiguos militantes del grupo independentista ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence).
El canciller Nicolás Maduro dijo que la destitución de Monagas fue por pactar una indemnización por 330.000 euros (unos 420.000 dólares) con los familiares de los ex etarras sin autorización gubernamental.
Con el acuerdo, negociado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, Caracas reconocía que las dos deportaciones fueron ilegales y arbitrarias y que causó perjuicios morales y materiales, además de establecer que en este país había exiliados vascos de conducta intachable que eventualmente podrían optar por nacionalizarse.
Después que el acuerdo se hizo público, el 18 de noviembre, se dispararon las alarmas en el gobierno y la oposición de España, y sólo dejaron de sonar cuando Venezuela desmintió formalmente que fuese a otorgar la nacionalidad a los ex militantes etarras y negó la validez del acuerdo negociado en la Comisión.
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Maduro reiteró en la víspera que el gobierno que integra desconocía el pacto "en todas sus partes", debido a que "no fue consultado en su oportunidad, cuando se firmó en el mes de junio" y, como corolario, Monagas fue "removida de su cargo".
"Es falso. El borrador del acuerdo fue conocido por el vicepresidente (venezolano) José Vicente Rangel, el entonces canciller Alí Rodríguez y el embajador de este país en España, Arévalo Méndez", dijo a IPS Alvarado.
Monagas "no sólo era la funcionaria autorizada por representar al Estado venezolano ante la Comisión, sino también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante el organismo de derechos humanos de (la Organización de) las Naciones Unidas", agregó.
Además, la ahora ex funcionaria había negociado otros acuerdos amistosos reconocidos por Caracas, uno en el caso de trabajadores jubilados de la extinta aerolínea de bandera Viasa y otro por la desaparición de tres personas durante patrullajes militares y policiales en el litoral venezolano devastado por deslaves en diciembre de 1999.
Alvarado aclaró que el acuerdo no implicaba otorgar la nacionalidad a cuatro vascos que son reclamados por la justicia española, Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Aiesterán, Jesús Urteaga y Miguel Ángel Aldana, pues ello implicaba que no podían se extraditados, sino sólo examinar sus recaudos si esos ciudadanos sometían a las autoridades las respectiva solicitudes.
La justicia de España acusa a Aiesterán de participar en 10 asesinatos en ese país, a Barrutiabengoa en seis, a Aldana en cuatro y a Urteaga en tres.
El ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que la posible nacionalización de esos vascos sería "inaceptable" para su gobierno.
El presidente del gobierno y líder del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, indicó que, en caso "de confirmarse la consumación de esas adquisiciones de nacionalidad, daría la respuesta que corresponde".
También la oposición centroderechista del Partido Popular reclamó explicaciones por lo que su portavoz parlamentario llamó "argucia bananera" de Venezuela, así como "insulto a la democracia española", frente a las cuales la respuesta de Madrid resultaba "tenue, descafeinada y ridícula".
El embajador de Madrid en Caracas, Raúl Morodo, reputado en medios diplomáticos por sus fluidas relaciones con el gobierno de Chávez, acudió a la cancillería venezolana para transmitir sus preocupaciones, pero allí Maduro le expuso que "las relaciones con España constituyen una prioridad en la política exterior" de su país.
Maduro atribuyó a "algún sector de la derecha falangista española" la "emboscada" con la difusión de las supuestas nacionalizaciones "para tratar de perjudicar las relaciones", y sentenció que "no habrá indemnizaciones ni nacionalizaciones".
A su vez, la vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, dio por zanjada la controversia desde el 8 de este mes. "El caso ha quedado suficiente y convenientemente aclarado, y se han adoptado todas las decisiones", apuntó.
Pero el contencioso seguirá, según Alvarado, "porque ahora iremos a la Corte Interamericana, frente a un Estado que admitió todos los hechos en la Comisión y, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, quizá dentro de uno o dos años pague una indemnización todavía mayor".
Esta historia comenzó en la década del 80 y se extendió durante los gobiernos en Venezuela de los socialdemócratas Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (1989-1993), y en España de su correligionario Felipe González (1982-1996) y en Francia de Francois Mitterrand (1981-1995).
Una treintena de vascos fueron despachados desde Francia a Venezuela, incluidos los 13 miembros del llamado Comando de Argel, en calidad de "depósito", por acuerdo entre Madrid, París y Caracas con los propios separatistas.
Francia rehusó deportarlos a España al considerar que ello generaría problemas en su frontera, y otros vascos requeridos por graves delitos por la justicia buscaron refugio en Cabo Verde, Cuba, Nicaragua, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay.
Los presidentes de entonces Luis Alberto Lacalle (1990-1995), de Uruguay, Ernesto Zedillo (1994-2000), de México, y Leonel Fernández (1996-2000), de República Dominicana, entregaron a Madrid a varios militantes de ETA que durante años habían sido acogidos sin inconvenientes.
En 1996 en Venezuela, la policía española, por medio de la oficina de la Policía Internacional (Interpol), trató de detener a Barrutiabengoa, pero el entonces presidente socialcristiano Rafael Caldera (1994-1999) ordenó a su policía intervenir y desbaratar la operación.
El 31 de mayo de 2002, en medio de la más severa crisis política de la última década en Venezuela y luego del frustrado golpe de Estado de abril de ese año (aplaudido por el entonces presidente del gobierno español del centroderechista José María Aznar), la policía venezolana arrestó a Galarza y al día siguiente lo envió a Madrid.
El 16 de diciembre de ese año se repitió el procedimiento con Etxaniz Alkorta, quien desde entonces purga una condena de 95 años de cárcel. Galarza estuvo sólo tres años preso.
El resto de los antiguos etarras se han integrado a la colonia vasca de Venezuela, portan documentos como extranjeros residentes, la mayoría de ellos trabajan en negocios de restaurantes y turismo, y deben presentarse periódicamente en las oficinas de la policía política para certificar su estadía y buena conducta.
Alvarado, activista en el campo de los derechos humanos, comentó que "paradójicamente el gobierno de Chávez, que defiende a ultranza el nacionalismo y la soberanía, ha cedido varias veces a las presiones de Madrid, como no lo hicieron sus antecesores supuestamente más reaccionarios".
