El presidente de Perú, Alan García, desempolvó su campaña por la instauración de la pena de muerte, aprovechando el asesinato de cinco policías a manos de sobrevivientes de la organización insurgente Sendero Luminoso.
Pero los dos proyectos de ley del gobierno al respecto chocan con las dudas hasta de legisladores oficialistas.
García reprochó al Congreso que no hubiera aprobado aún su iniciativa, presentada el 11 de noviembre, para establecer efectivamente la pena máxima, prevista en la Constitución vigente desde 1993, pero que sus antecesores Alberto Fujimori (1990-2000) y de Alejandro Toledo (2001-2006) decidieron pasar por alto.
El mandatario llegó a decir, incluso, que a los autores de la masacre del 16 de este mes en una zona de cultivos ilegales de coca de la central región de Ayacucho les correspondería la muerte si los legisladores hubieran dado luz verde a su propuesta.
"Los terroristas necesitan, insisto, recibir la máxima energía y la mayor sanción que la ley humana y divina permite", arguyó García.
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Pero el grupo maoísta Sendero Luminoso no representa hoy ni por asomo una amenaza para las instituciones del Estado, como ocurrió por una década y media hasta el 15 de septiembre de 1992, cuando las fuerzas de seguridad capturaron al líder guerrillero Abimael Guzmán, y buena parte de su cúpula.
Por eso, la agenda parlamentaria no cambió a pesar de la emboscada en la localidad de Machente, zona selvática del sudeste de Perú y cerca de las confluencias de los ríos Apurimac y Ene, que le costó la vida a cinco policías y a dos trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).
Fue la acción armada más sangrienta cometida por lo que queda de una columna senderista, que en la actualidad opera al servicio del narcotráfico.
La comisión parlamentaria de Justicia sólo evaluará en la segunda semana de enero si el año entrante pondrá a debate del plenario el proyecto de pena de muerte para los condenados por actos de terrorismo.
El presidente de esa comisión, Raúl Castro Stagnaro, de la alianza de centroderecha Unidad Nacional (tercera minoría del Congreso), dijo a IPS que todo se cumple de acuerdo con el cronograma.
"Ese es un proyecto reciente porque llegó en noviembre. No es que tenga dos años esperando a que se debata. De modo que ni bien ingresó al Congreso, hemos pedido informes a los especialistas y a los organismos públicos vinculados con el tema, como el Poder Judicial", explicó Castro Stagnaro.
"Una vez que recibamos las respuestas, empieza el debate. El ataque terrorista no cambió la agenda", agregó el legislador centroderechista.
El 19 de enero termina la legislatura de 2006 y la próxima comenzará en marzo o abril de 2007.
La comisión de Constitución, que también deberá pronunciarse al respecto, se propone no adelantarse manera al dictamen de la comisión de Justicia, informó su presidente, Aurelio Pastor, del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP).
"Una vez que la Comisión de Justicia emita su opinión sobre la pena de muerte para los terroristas, la comisión de Constitución hará su propia evaluación", explicó Pastor a IPS. "Por supuesto que no nos vamos a adelantar a la Comisión de Justicia, eso lo aseguro. Nosotros también hemos solicitado opiniones de expertos. Ahora, respecto a si el ataque terrorista alteró la agenda, la respuesta es no."
La alianza del Partido Nacionalista del Perú (PNP) y de Unión por el Perú (PNP), que conforma la primera mayoría del Congreso legislativo, rechazará la aplicación de la pena de muerte a los terroristas, porque considera que la cadena perpetua es suficientemente drástica.
El portavoz de la bancada nacionalista, Juvenal Ordóñez, manifestó a IPS que sus compañeros son libres de votar pero que la mayoría de ellos no están de acuerdo con la pena capital.
"Somos enemigos de la pena de muerte porque es un atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Sería un retroceso para el país. Nadie que se diga demócrata puede ser un promotor de una medida de ese tipo", argumentó.
Ordóñez consideró que Alan García hace un uso político de la matanza de cinco policías para reiterar su propuesta.
"Es un planteamiento afiebrado que no corresponde a un estadista, a alguien que dirige el destino de un país", indicó Juvenal Ordóñez. "En nuestra bancada hay una buena mayoría que está en contra del proyecto y estoy seguro que encontraremos muchos aliados."
"La propuesta de García tiene como finalidad distraer al país de temas de fondo que se deben solucionar. Por ejemplo, la pena de muerte para los terroristas lo que busca es ocultar que el gobierno de García no cuenta con una política antiterrorista y una política antidrogas", aseguró.
El Congreso no dio tratamiento preferencial al proyecto de ley que prevé la pena de muerte para los terroristas, ni al que Alan García presentó en septiembre proponiendo el mismo castigo para los violadores de niños y niñas, a pesar de la intensa campaña mediática del presidente en defensa de las iniciativas.
¿El problema? La bancada del PAP carece de mayoría parlamentaria y debió forjar alianzas con otras agrupaciones cuyas plataformas no coinciden precisamente con la de García.
Lourdes Alcorta, congresista de Unidad Nacional, presentó también su proyecto para instituir la ejecución de los violadores de niños y niñas. Pero ni su propuesta ni la de García son consideradas prioritarias por la Comisión de Constitución.
El grupo parlamentario está enfrascado en la posibilidad de restablecer la vigencia de la Constitución de 1979. Es un viejo sueño del partido de gobierno, porque fue apoyada en su momento por el fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Y eso lo sabe Alcorta.
"Es verdad que el proyecto de pena de muerte para los violadores de menores requiere una reforma constitucional, y que hoy la comisión ha preferido dedicarse a la posibilidad de restablecer la Constitución de 1979, pero yo creo que es una oportunidad para discutir mi propuesta que presenté", dijo Alcorta a IPS.
"La pena de muerte para los terroristas es algo más inmediato, y no requiere reforma constitucional sino una modificación en el Código Penal", explicó.
El presidente de la bancada del PAP, Javier Velásquez, admitió las dificultades del aprismo para lograr la aprobación de las propuestas de su líder.
"Los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo deben tener prioridad. He pedido que se debatan por ser de interés nacional. Pero, claro, será el plenario del Congreso el que decidirá", dijo Velásquez a IPS.
"Espero que antes del 19 de enero, cuando que terminen las actividades parlamentarias, se vea las propuesta de pena de muerte para violadores de niños y para terroristas", sostuvo.
A pesar de las advertencias de sus críticos, García mantiene sus proyectos, quizás porque cuentan con un amplio apoyo popular.
El funcionario de la Defensoría del Pueblo a cargo de los derechos humanos, Eduardo Vega, recordó a IPS que la pena capital violenta las obligaciones internacionales del Perú.
"Ya le hemos dicho al Ejecutivo que no podemos aplicar la pena de muerte sin apartarnos de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", dijo Vega a IPS: "El Estado ha demostrado que puede combatir al terrorismo con las armas de ley, y de manera firme, por ejemplo aplicando la cadena perpetua, como ya se hizo."
Por su parte, Francisco Soberón, director de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, consideró que "la pena de muerte para los terroristas es una medida que no prosperará por las implicancias que tiene entrar en conflicto con el sistema jurídico interamericano, y Alan García, como abogado, lo sabe perfectamente".
"Considero que el presidente García es consciente de que su proyecto no tendrá acogida, que no será aprobado. Usa su propuesta con un afán populista, buscando una simpatía en el sentimiento primario de mucha gente que reacciona con el criterio del ojo por ojo y diente por diente. Es un error, y allí está el saldo de más de 60 mil muertos durante la violencia política que ensangrentó al país" entre 1980 y 2000, concluyó.
