Aunque la detención domiciliaria del ex presidente mexicano Luis Echeverría pasó desapercibida en su tierra, la prensa nacional empieza a destacarla como un paso histórico contra la impunidad.
Cuando Echeverría fue presidente (1970-1976) apoyaba a movimientos de izquierda de América Latina y condenaba a las dictaduras militares que torturaban, desaparecían y asesinaban a opositores en la región.
Pero en su propio país cometía esos mismos delitos y servía a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) estadounidense, según varias investigaciones.
El otrora recio mandatario, desde noviembre bajo arresto domiciliario por acusaciones de genocidio, es ahora un anciano de 84 años que convalece de un derrame cerebral y requiere de ayuda para permanecer en pie, según las imágenes que captó brevemente el miércoles 27 la cadena Televisa en la casa del imputado.
Por su edad y estado de salud, Echeverría se acogió al derecho de detención domiciliaria y no ha podido o querido responder a los trámites judiciales que ordenan recoger su declaración y realizar su fichaje criminal.
No obstante, sus abogados dijeron que se encuentra dolido y se declara totalmente inocente de los cargos, según los cuales fue directo responsable de la matanza de cientos de estudiantes en 1968 en la plaza capitalina de Tlatelolco, cuando fungía como secretario (ministro) de Gobernación (Interior).
La justicia y varias investigaciones indican que Echeverría, en su momento calificado de progresista por intelectuales de la talla de Carlos Fuentes y Fernando Benítez, fue un ministro de mano dura y luego un presidente que desplegó una sangrienta represión contra opositores de izquierda.
En los años 60, 70 y 80, las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que detentó el poder entre 1929 y 2000, detuvieron, torturaron y desaparecieron a 532 opositores, según investigaciones de la estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Las atrocidades de esas décadas fueron la otra cara de gobiernos que reivindicaron su condición de "revolucionarios", que defendían a la Revolución Cubana en foros internacionales, acogían a exiliados de varios países de América Latina, rompían relaciones con dictaduras militares y proponían definir un nuevo orden económico mundial.
Documentos de Washington, cuya reserva se ha levantado, indican que Echeverría fue agente de la CIA, donde se lo conocía con el alias de "Litempo-8".
Como ministro y mandatario manejó solicitudes especiales del gobierno estadounidense para dar visas a viajeros cubanos que buscaban escapar de la revolución liderada por Fidel Castro, y mantenía informado a Washington sobre los movimientos de izquierda en México, revelan esos informes.
El arresto de Echeverría pasó casi ignorado, y es probable que muchos piensen que por la edad del acusado, ya no tiene demasiada importancia. Pero la tiene, dijo a IPS Jorge Chabat, columnista del diario El Universal y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
"Que un juez haya ordenado el arresto domiciliario de un ex presidente e incluso su fichaje" indican que la justicia tarda, pero llega, señaló Chabat.
"Lo que importa es que oficialmente se reconoce que lo que desde siempre se dijo, de manera marginal y desde la oposición a un sistema autoritario, era cierto: desde lo más alto del Estado se cometieron delitos graves", apuntó el observador.
Echeverría fue procesado a pedido de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por el ex presidente Vicente Fox (2000-2006) para investigar la llamada "guerra sucia" de los años 60, 70 y 80.
Su detención es quizá el mayor logro de ese organismo ahora disuelto y al que grupos humanitarios consideraron muy poco eficaz.
En el informe final de la Fiscalía, que incumplió su promesa de procesar a todos los responsables vivos de los delitos cometidos en el pasado, se consigna que la gestión de Echeverría tuvo como prioridad "la contención y la represión de la disidencia".
"Echeverría adoptó plenamente la doctrina de seguridad nacional y las tácticas contrainsurgentes que instrumentó en todo el país, con todo su caudal de crímenes de lesa humanidad, y creó grupos paramilitares que le hicieran el trabajo sucio de golpear y asesinar estudiantes y trabajadores, sin tener que emplear al ejército y a la policía", sostiene el documento.
En su gobierno del ex presidente "la prensa independiente fue acallada y se negó a investigar el origen del apoyo oficial al terrorismo de derecha y se incrementó el acoso sobre dirigentes populares, estudiantiles, campesinos, sacerdotes y sindicatos".
Se estableció así "una política de genocidio en contra de los grupos nacionales disidentes", concluye el informe, cuya presentación en noviembre tampoco concitó atención, pues se produjo en medio de un caldeado ambiente político, por la oposición izquierdista a la investidura del nuevo presidente, Felipe Calderón, el 1 de diciembre.
A diferencia de otros países latinoamericanos, en los que gobiernos democráticos promovieron comisiones de la verdad para esclarecer acciones de represión ilegal, en México se optó por una entidad con facultad para investigar penalmente.
La Fiscalía inició más de 400 averiguaciones previas y realizó más de 500 diligencias judiciales, pero el único acusado de peso y con un proceso en firme es Echeverría.
La orden de arresto fue librada por el juez Ricardo Paredes, quien revocó una decisión en primera instancia de otro magistrado, que había exonerado a Echeverría en julio por prescripción del delito de genocidio.
Paredes consideró fundados los elementos para "hacer probable la responsabilidad" de Echeverría en la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, cuando soldados dispararon contra una multitud de jóvenes reunidos en esa plaza en demanda de apertura democrática y justicia.
El magistrado argumentó que el Batallón Olimpia y otras fuerzas militares al mando de Echeverría, abrieron fuego "contra los estudiantes y una multitud congregada, perpetrando delitos contra la vida de un número considerable de personas, y con el propósito de destruir totalmente al grupo nacional identificado como 'movimiento estudiantil de 1968'".
Según el magistrado, el delito no prescribió debido a que "el conteo original del lapso de treinta años para la prescripción comienza el día de los hechos, es decir, el 2 de octubre".
Aclaró que tal plazo se suspendió cuando Echeverría estuvo protegido por el fuero constitucional del que gozó como ministro, y luego como presidente. Con ese argumento, sostuvo que la prescripción apenas se hubiera cumplido el 30 de noviembre de este año, cuando ya estaban en curso acciones judiciales.
Los abogados de Echeverría anunciaron que apelarán, pues desde su punto de vista el delito sí prescribió y, además, nunca existió genocidio.
