Aunque complacidos con el progreso en la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes en Darfur, defensores de los derechos humanos urgen a poner fin a la impunidad para los responsables de las matanzas de cientos de miles de civiles.
Organizaciones humanitarias, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), alabaron el informe entregado por el fiscal general de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero advirtieron de que su éxito depende de cómo la comunidad internacional trate al gobierno de Sudán.
"Nos gustaría que el fiscal avanzara", pues "no esperamos que Jartum tenga la voluntad política de llevar a cabo juicios significativos", señaló Richard Dicker, director del Programa Internacional de Justicia de HRW, la organización con sede en Nueva York.
En respuesta a la investigación de la CPI, ordenada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 2005, el gobierno sudanés encaró actuaciones para determinar responsabilidades en las masacres en Darfur, la occidental región de ese país africano.
En Darfur han muerto entre 200.000 y 500.000 personas informes más precisos indican 400.000— desde 2003, cuando rebeldes que buscan mayor autonomía se levantaron contra el gobierno, que respondió con bombardeos y el apoyo a grupos rebeldes afines. Desde entonces, millones de campesinos y aldeanos han debido abandonar el lugar.
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En su informe al Consejo de Seguridad, Moreno Ocampo indicó que estaba casi pronto para presentar cargos por algunos de los peores crímenes de guerra cometidos en Darfur durante los últimos tres años.
"La evidencia brinda motivos razonables para creer que los individuos identificados cometieron crímenes contra la humanidad y de guerra, incluyendo los de persecución, tortura, asesinato y violación", detalló.
En su informe presentado el 14 de este mes, el fiscal, que se espera requiera órdenes de arresto para 51 personas en febrero, criticó la investigación que llevan a cabo las autoridades sudanesas y descree que estén dispuestas a comenzar los juicios como aseguran.
La CPI, puesta en marcha el 1 de julio de 2002, es el primer tribunal internacional permanente de la historia a cargo de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad y actos de genocidio. Pero el Tratado de Roma, firmado en la ONU en 1998 y que le dio origen, estable que podrá intervenir sólo cuando la justicia del país donde se cometan los crímenes no actúe.
Moreno Ocampo señaló que su oficina tomó más de 100 declaraciones formales y evaluó a cientos de potenciales testigos desde el inicio de su investigación.
Sobre las intenciones de Jartum de juzgar a los criminales de guerra, Amnistía Internacional sostuvo que, a partir del informe, estaba claro que no había "una cooperación plena y efectiva por parte del gobierno" y que debe haber "un inmediato fin a la impunidad" en Sudán para frenar la crisis de derechos humanos, cada vez más profunda.
Esta organización de derechos humanos con sede en Londres demandó que el gobierno brinde al fiscal "un acceso inmediato, irrestricto y seguro a todas las partes de Sudán", y que impida represalias contra cualquiera que lo asista en sus pesquisas.
Tanto HRW como Amnistía urgieron al fiscal de la CPI a considerar extender su investigación a las acciones delictivas iniciadas en Darfur, pero completadas más allá de la frontera, en Chad oriental y en la República Centroafricana. Esos dos países forman parte del llamado Tratado de Roma, mientras que Sudán aún no.
Considerando la situación humanitaria de la región, que se deteriora rápidamente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, está pronto para comenzar su propia investigación de los abusos y matanzas de civiles en Darfur.
Denuncias locales e internacionales aseguran que el gobierno sudanés alienta a las milicias árabes Janjaweed (hombres a caballo) que asolan a la mayoría negra de Darfur desde el comienzo del conflicto.
Jartum rechaza estas acusaciones e insiste en que la escala de la crisis ha sido exagerada por las potencias occidentales. Pero las organizaciones humanitarias alertan que la violencia se intensificó aún más en los últimos meses, pese a la presencia de 7.000 soldados de la Unión Africana, que continúan careciendo de recursos adecuados.
Una resolución del Consejo de Seguridad permite a la ONU desplegar sus propios pacificadores, pero el gobierno sudanés se niega a permitir que haya cascos azules en Darfur.
Sin embargo, expresó su voluntad de dejar que la ONU proporcione apoyo logístico a una fuerza más grande de la Unión Africana.
Sudán también rechazó las advertencias de Estados Unidos y de Gran Bretaña de emprender una acción más dura si se continuaba bloqueando el despliegue de soldados de la ONU.
"Amenazas, bloqueos y zonas de exclusión aérea no resolverán el problema, pero aumentarán el sufrimiento en Darfur", señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, Lam Akol.
Oxfam Internacional también señaló que la inseguridad ya condujo a la evacuación de 250 de sus miembros de puestos clave de Darfur que atendían a unas 480.000 personas desplazadas de sus hogares.
Los socorristas enfrentan dificultades sin precedentes en un momento en que las necesidades humanitarias crecen rápidamente, según una red de importantes agencias internacionales de asistencia que trabajan en la región azotada por el conflicto.
"Si se permite que el deterioro continúe, el impacto sobre los civiles podría ser devastador. Con nuevos desplazamientos y ataques, la presencia de agencias de asistencia es más importante que nunca. Cada día trae un enorme golpe tras otro para los esfuerzos de asistencia", dijo Paul Smith-Lomas, director regional de Oxfam.
Esta organización civil indicó que en los últimos meses se produjo un constante deterioro en la capacidad de llegar a los necesitados.
En noviembre, una agencia no logró acceder adecuadamente a 19 de sus 22 sedes de programa, lo que afectó a 175.000 personas.
En el campamento de Kalma, en Darfur meridional, donde se refugian 90.000 personas, los grupos socorristas pierden al menos un día de atención por semana debido a la creciente violencia dentro del propio campamento.
Mientras, la organización Africa Action, con sede en Estados Unidos, dio a conocer un nuevo informe titulado "Leveraging New International Action on Darfur" ("Asistiendo la nueva acción internacional sobre Darfur"), explicando cómo puede Estados Unidos usar su diplomacia estratégica para comprometer a actores clave para salir del punto muerto en torno al despliegue de una fuerza de la ONU.
Africa Action acercó una carta al enviado especial de Estados Unidos para Sudán, Andrew Natsios, firmada por cientos de líderes religiosos de todo el país, reclamando que Washington redoble sus esfuerzos para lograr una fuerza internacional de paz en la zona.
"La comunidad internacional se está quedando sin opciones sobre Darfur", dijo Ann-Louise Colgan, directora de análisis político en Africa Action.
"Es tiempo de una nueva estrategia estadounidense que sirva de palanca a las relaciones con actores clave para avanzar en el objetivo establecido de una fuerza de la ONU. El gobierno del presidente George W. Bush debe reunir todos los recursos diplomáticos ahora", apuntó.
La carta de los religiosos, también enviada a la Casa Blanca el día 15, sostiene que "la credibilidad de Estados Unidos en torno a Darfur será juzgada por el logro de este objetivo".
