En poco menos de 100 días de gobierno, el peruano Alan García ha sumado dos propuestas para aplicar la pena de muerte: los delitos de la violación de niños y de terrorismo. Pero el Congreso legislativo no tiene el mismo apuro en tratar esos proyectos del jefe de Estado.
El presidente de la Comisión de Constitución del parlamento, Aurelio Pastor, del gobernante Partido Aprista Peruano, no comparte el entusiasmo y la prisa del mandatario para aprobar iniciativas de introducir la pena capital, aunque evitó pronunciarse sobre el contenido.
El 20 de septiembre, García envió al Congreso el proyecto de ley para penar con la ejecución los delitos de violación de niños menores de siete años de edad. La iniciativa, como cualquier otra, fue derivada a la Comisión de Constitución para que emitiera opinión sobre su procedencia. Hay varios proyectos de otros sectores para aplicar la pena de muerte a los violadores de menores.
Lo mismo ocurrirá cuando llegue el anunciado nuevo proyecto de pena de muerte de García, esta vez para quienes cometan actos de terrorismo tipificados en la legislación peruana. Ese castigo está previsto en la Constitución desde 1993, pero nunca se legisló para introducirlo en el Código Penal.
"El proyecto de pena de muerte para los violadores de niños está en manos de un subgrupo que hemos conformado para que se encargue exclusivamente de las reformas constitucionales", explicó a IPS Pastor.
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"Según la agenda del subgrupo, su prioridad es la reforma de la administración de justicia. Una vez que culmine con esa tarea, decidiremos nuestra próxima prioridad. No puedo asegurar que se trate del proyecto de la pena de muerte u otra reforma constitucional".
García, que asumió el 28 de julio, cosechó inmediato respaldo popular por proponer la pena máxima para la violación de menores. Pero sorprendió a todos cuando adelantó —el 1 de noviembre, Día de de los Muertos en Perú— que también quería castigar con la muerte a incursos en terrorismo, en expresa referencia a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, aún con alguna actividad en los valles selváticos de los ríos Ene, Apurímac y Huallaga, en el centro y sur del país.
García fue específico. Habló sólo de los actos de Sendero Luminoso, organización que según su análisis pretende reactivar la lucha armada. "Enviaremos un proyecto de ley para que cualquiera que comience este gravísimo delito de terrorismo, que hizo retroceder tanto al Perú, se enfrente a un pelotón de fusilamiento", dijo a la prensa.
La oposición critica la alianza no declarada entre el partido gobernante y el sector que representa al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000, preso en Chile a la espera de un fallo sobre su extradición), pues el gobierno plantea la pena capital para el terrorismo sustentándose en la Constitución de 1993, que el entonces mandatario impuso para legitimar su autogolpe de Estado de abril de 1992.
En esa reforma estaba contemplada la pena capital para el terrorismo, pero el régimen de Fujimori no llegó a aplicarla. El proyecto de García reglamentará su aplicación, paradójicamente, con los mismos argumentos del ex presidente y de su entonces asesor Vladimiro Montesinos, enemigos jurados del actual mandatario en los años 90.
Durante el primer gobierno de García (1985-1990), tanto Sendero como el también insurgente Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) incrementaron notablemente sus ataques, según cifras de la independiente Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin embargo, las autoridades de entonces no consideraron la pena máxima como castigo.
En 1985, los senderistas mataron a 348 personas y el MRTA a dos. En 1990, al final del primer gobierno de García, los maoístas mataron a 851 personas y la segunda guerrilla a 21.
Al contrario de la percepción actual de García, las cifras del Ministerio del Interior indican una reducción en la cantidad de víctimas de los maoístas. En 2001, se adjudicaron a Sendero 34 muertos, 12 en 2002, 14 en 2003, y tres en 2004.
El MRTA ya no existe, y las columnas senderistas se han replegado a inhóspitas zonas de la selva en las que se mantienen con los "impuestos" que cobran a narcotraficantes. Sendero no es hoy una amenaza para el Estado como lo fue a fines de los años 80.
En este contexto, la pena de muerte "no tiene sentido porque hoy Sendero cuenta sólo con una mínima parte de seguidores en comparación con la década de los 80", indicó a IPS el sociólogo y experto en violencia política Carlos Reyna.
"Si los senderistas fueron derrotados con la correcta aplicación de la inteligencia policial, ¿qué necesidad hay de aplicar hoy la pena de muerte? La propuesta de García es sólo una jugada publicitaria", opinó.
El ala dura del gobierno, representada por el vicepresidente y vicealmirante retirado Luis Giampietri, ha saltado de entusiasmo con el proyecto.
"Cuánta gente de ésa (guerrilleros), que ha hecho enorme daño al país, ya no debería estar viva. Hay facturas que no se han pagado hasta ahora", dijo a la prensa Giampietri, declarado enemigo de las organizaciones de derechos humanos.
Quizás por eso, García ha reconocido como un error no haber fusilado a los insurgentes capturados en su primera administración.
"Se equivoca cuando dice que se equivocó. Según el informe de la Comisión de la Verdad, más de 80 por ciento de las víctimas de la guerra interna fueron las poblaciones indígenas, andinas y amazónicas. El error de García fue no atender a esas poblaciones. No cometer el mismo error es más bien atender hoy a esas poblaciones afectadas", dijo a IPS Ismael Vega, representante de Amnistía Internacional en Perú y directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El presidente "está muy mal asesorado porque ampliar la pena de muerte para los terroristas colisiona con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (firmada en San José de Costa Rica en 1969). Jurídicamente es una propuesta inviable y un retroceso para la democracia", añadió.
Algunos críticos señalan que el presidente procura introducir el drástico castigo con el fin de vulnerar el también llamado Pacto de San José.
"A diferencia de la propuesta para ampliar la aplicación de la pena de muerte a violadores de menores, la iniciativa para que la pena capital sea aplicada a los terroristas no requiere reformar la Constitución porque ya está consignada en su artículo 140, pero viola el Pacto de San José", dijo a IPS el constitucionalista Francisco Eguiguren.
"Por eso el fujimorismo ( ) nunca procedió a dictar una ley para incorporar la pena de muerte al Código Penal. Entonces, lo primero que debería preguntarse el presidente García es por qué, a pesar de que era un régimen autoritario ( ), el fujimorismo no aplicó la pena de muerte. Y la respuesta es muy sencilla: porque sabía que violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos", alegó.
Al presentar su propuesta, el presidente sólo habló de Sendero Luminoso y no de cualquier forma de terrorismo.
Durante su primer gobierno operó un comando paramilitar autodenominado "Rodrigo Franco", nombre de un dirigente aprista asesinado por los maoístas.
Organizado con militantes del partido aprista y bajo la protección del entonces ministro del Interior Agustín Mantilla, ese grupo ilegal asesinó a sospechosos de pertenecer a Sendero Luminoso y el MRTA.
Aunque no se ha probado que "Rodrigo Franco" fuera parte de la estructura partidaria, la Comisión de la Verdad concluyó que el grupo se formó "para enfrentar a la subversión, por la sensación de frustración que algunos simpatizantes y miembros del partido aprista tenían por la incapacidad de las instituciones del Estado para hacer frente al terrorismo; y, también, para responder a los asesinatos de militantes y autoridades apristas, así como para eliminar a ocasionales opositores políticos".
Semejante práctica se continuó en el régimen de Fujimori con el escuadrón de la muerte conocido como grupo Colina, integrado por efectivos del Servicio de Inteligencia del Ejército, que secuestró, torturó y asesinó a presuntos guerrilleros.
"No es verdad que durante su gobierno (el de García) no se ejecutó a los terroristas. Sí se hizo, ilegal y clandestinamente. Hubo ejecuciones en las cárceles y en el campo. Si uno revisa los partes de la época que los militares entregaban después de sus enfrentamientos, se verá que nunca había terroristas heridos o vivos. Sólo se consignaban bajas entre los subversivos. Entonces, sí se aplicó la pena de muerte", dedujo el sociólogo Reyna.
Al mandatario le quedan algo más de 1.700 días de gobierno y ya ha presentado dos delitos a los que castigar con ejecuciones. Según su discurso, se ha trazado un amplio espectro de blancos a atacar: secuestradores, narcotraficantes y corruptos, entre otros. Quizás vuelva a pensar en el patíbulo como solución.
