El hombre atacó a su esposa, como tantas veces, pero esta vez fue más lejos que nunca: la dejó al borde de la muerte, mató a su hijo y, finalmente, se suicidó. Un caso cotidiano más en la cadena de violencia doméstica que cada año cuesta la vida de casi 300 mujeres salvadoreñas.
Todo sucedió en una vivienda de un barrio de clase media alta de San Salvador, confirmando que ninguna franja social está libre de la violencia contra mujeres, niños y niñas a manos de un familiar o conocido, como alertan las organizaciones humanitarias.
Empero, las mujeres de clases sociales más bajas están en situación más vulnerable y, para colmo, "interesan menos", según informes de entidades no gubernamentales de El Salvador, que ostenta el segundo lugar en cantidad de feminicidios en América Central, detrás de Guatemala.
Entre enero y agosto ya se reportaron 286 casos de mujeres asesinadas en este país con 6,5 millones de habitantes, lo cual implica un aumento en el promedio anual de muertes, que entre 2001 y 2005 llegaron a 1.320, de acuerdo a una investigación de la no gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La violencia doméstica tiene campo fértil, a juicio de organizaciones de mujeres, debido a la falta de aplicación efectiva de leyes de protección adoptadas en el país en los últimos tiempos y a la inoperancia que carcome al sistema judicial.
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Se estima que al menos 60 por ciento de los homicidios quedan impunes, apuntaron los grupos de la sociedad civil que preparan campañas en vista del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebrará el 25 de este mes.
Estas fallas del sistema quedaron demostradas, precisamente, en la tragedia vivida por la familia de clase media alta señalada, puesto que la esposa atacada había denunciado reiteradamente a su marido sin que las medidas cautelares impuestas por un juez alcanzaran para protegerla.
El gobierno salvadoreño de Antonio Saca muestra medidas en favor de la igualdad de género y pregona tener "vocación de respeto a los derechos civiles y políticos de la mujer", lo cual es reconocido en parte por activistas, aunque entienden que esos avances son meros compromisos de papel y de formalidad legal.
La PDDH señala que el feminicidio es abonado, entre otros factores, por "la desigualdad formal y real entre el hombre y la mujer" y que es reflejo "de la dominación machista", debido a la persistencia de una legislación discriminatoria "específicamente en materia de violencia, que conlleva a la impunidad generalizada"
Si bien las organizaciones de mujeres reconocen que el Estado ha dado pasos en pro de la protección de sus derechos, con la adhesión a convenciones internacionales y leyes para prevenir y combatir la violencia intrafamiliar, estas medidas son implementadas de forma parcial.
Ima Rocío Guirola, del no gubernamental Instituto de Estudios de la Mujer (Cemujer), admite que el gobierno ha hecho esfuerzos en favor de ellas, pero alerta que vive "en un país donde diariamente se asesinan mujeres y donde la explotación sexual comercial atrapa a niñas y adolescentes".
"No hay una política de Estado clara ni contundente para la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra la mujer en estos casos", apuntó.
Instrumentos internacionales como la Convención Interamericana de Belem do Pará adolece en el país de serias deficiencias de aplicabilidad, señaló Guirola a IPS.
La Convención Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1994, conocida como Belem do Pará (Brasil), definió y precisó la violencia contra las mujeres, especificó los ámbitos y agentes que la pueden cometer y comprometió a los estados parte a luchar para prevenir, sancionar y erradicarla.
La puesta en práctica de este instrumento fue evaluado a mediados de mes en San Salvador en la Trigésima Tercera Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en la que representantes de los gobiernos de la OEA debatieron además la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el continente.
En su declaración final, las delegadas manifestaron su preocupación "por la prevalencia de la pandemia, particularmente en aquellas mujeres víctimas de violencia sexual, y llamaron a los estados a redoblar esfuerzos para prevención y dar atención a las portadoras de VIH, causante del virus de inmunodeficiencia adquirida.
"Las políticas públicas en El Salvador no están impregnadas de una visión transversal del enfoque de género, todavía seguimos viendo políticas de Estado sumamente discriminatorias en razón de género", comentó Guirola.
Cemujer considera que el Instituto para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), el ente estatal encargado de garantizar la aplicación de políticas de género, no cuenta con los fondos necesarios, lo cual redunda en la falta de fiscalización y evaluación.
Por su parte, la directora ejecutiva del Isdemu, Zoila González de Innocenti, defendió ante IPS la implementación de políticas de la mujer.
Con la creación del Instituto de la Mujer en 1996, se han desarrollado programas destinados a la prevención y el combate contra la violencia de género, indicó.
González de Innocenti apuntó que "el aspecto más importante es el de la prevención, que lo tenemos en todo el país, y consiste en dar charlas y organizar foros sobre este fenómeno".
El Isdemu ofrece un programa de tratamiento en crisis para mujeres y familias, al tiempo que cuenta con un "albergue para mujeres maltratadas, quienes son acogidas junto a sus hijas durante un periodo, y se les acompaña hasta que se les decreta medidas cautelares a los agresores", informó.
La directora del Isdemu reconoce, sin embargo, que los niveles de violencia contra la mujer son altísimos en el país, aunque se muestra optimista por haberse logrado aumentar el nivel de denuncias desde 2002 en casi 1.000 por año, lo cual ha permitido que actúe la justicia.
En ese mismo sentido, el jefe de la División Servicios Juveniles y Familia de la Policía Nacional Civil, Hugo Ramírez, destacó la creación de una unidad especializada de atención de casos de violencia doméstica, que también realiza un "proceso de sensibilización y capacitación de efectivos en la materia".
Ramírez precisó que se enfrentan a "un problema grave y cultural", es decir a patrones "machistas que consideran esta realidad como algo normal". Por eso instó a las mujeres a denunciar las agresiones de que son víctimas.
Mientras, organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, con sede en Londres, mantienen la señal de alerta por la persistencia de la violencia doméstica en El Salvador, cuyas autoridades, a su juicio, mantiene una deuda pendientes con los compromisos asumidos en la lucha contra este flagelo.
