Habituado a gobernar a golpe de sorpresa, el presidente boliviano Evo Morales promulgó casi a la medianoche del martes una ley que confiscará tierras improductivas a influyentes empresarios, tras una jugada política que dejó aturdida a la oposición.
A la misma hora, en la capital, Sucre, la Asamblea Constituyente dominada por 151 representantes oficialistas y aliados del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en un total de 255, aprobó un polémico reglamento de debates que establece el principio de votación de la mayoría absoluta (50 por ciento más uno) para cada una de las modificaciones a la Carta Magna, frente a los dos tercios que reclamaban los partidos opositores.
En una jugada de tablero político, el gobierno consiguió que tres senadores opositores, dos suplentes y un titular, otorgaran el quórum necesario para que el Senado sesionara y aprobara así la nueva ley de tierras, los 44 contratos de nacionalización del gas con empresas petroleras extranjeras, la reformulación del presupuesto fiscal, dos créditos por 63 millones de dólares y un convenio de cooperación económica con Venezuela.
El martes 20 la oposición había retirado a sus 14 representantes de la cámara alta, bloqueando el funcionamiento del cuerpo de 27 miembros, para impedir a Morales la aplicación de un agresivo programa de confiscación de predios rurales improductivos a terratenientes de la región oriental, y en protesta por la adopción de la mayoría absoluta en las deliberaciones de la Constituyente.
Pero esa estrategia cayó súbitamente cuando el partido de gobierno, operando en sigilo, consiguió completar las ausencias con los legisladores suplentes Abraham Cuéllar (de la centroderechista Unidad Nacional) y Andrés Fermín Heredia y el titular Mario Vargas, estos últimos del frente de derecha Poder Democrático y Social (Podemos).
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Cerca de la medianoche del martes se votaron sin mayor debate la ley y los convenios petroleros "en grande" y "en detalle", mientras la oposición denunciaba sobornos a los legisladores que dieron quórum y mayoría, desmentidos por el oficialismo.
La aprobación de estos proyectos en la Cámara de Diputados fue más expedita pues la mayoría oficialista les otorgó rápidamente el visto bueno.
Morales protagonizó la jornada al presidir una concentración de unos 4.000 indígenas procedentes de tierras tropicales y de la región andina que marcharon hasta La Paz, en la céntrica Plaza Murillo, en demanda de la nueva ley de tierras, e interrumpió una gira por varios países, retornando desde Holanda para permanecer en la sede de gobierno por 12 horas y luego reemprender viaje a Nigeria.
Los campesinos de poncho, sombreros y gastadas abarcas irrumpieron en el Palacio de Gobierno y llenaron su patio central con multicolores vestimentas de lana, banderas andinas y símbolos de mando al ritmo de tradicionales melodías con flautas de bambú, cuerdas de charangos y guitarras y ritmos marcados por tambores que alegraron la marcha de 22 días.
Con semejante respaldo, Morales impuso su firma en la nueva Ley de Reconducción de la Reforma Agraria y sentenció: "Terminó el latifundio en Bolivia. Tenemos el instrumento legal para acabar con los terratenientes del oriente boliviano".
La nueva legislación reemplaza a la ley 1.715, promulgada en octubre de 1996 y cuya aplicación alcanzó a legalizar en un decenio apenas 10,6 por ciento de los 107 millones de hectáreas de tierras cultivables, según los nuevos datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Aún no se sabe cuánta de esa tierra será expropiada y redistribuida, pues la aplicación de la norma requiere la fiscalización de la función económica y social de los predios, que será revisada, además, cada dos años por un equipo técnico en el terreno para evitar su comercialización con fines de lucro.
El artículo 28 establece que "serán revertidas al dominio originario sin indemnización alguna, las tierras cuyo uso perjudique al interés colectivo", mientras el 33 afirma que "el monto de la indemnización por expropiación será establecido tomando en cuenta el valor del mercado de tierras".
Entre 60 y 70 por ciento de tierras productivas, localizadas en las llanuras de los orientales departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, se hallan en poder de pocas familias protegidas por organizaciones empresariales, dijo el ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra.
"Recuperar la tierra tiene un sabor a justicia", dijo a IPS la ministra de Justicia, Casimira Rodríguez, minutos antes de promulgarse el instrumento legal que recuperará propiedades rurales para su distribución entre campesinos pobres sin tierra.
De un "t'ajllazo" (bofetada en aymara) hemos aprobado todo, dijo en tono triunfalista Morales, y de inmediato anunció otras medidas como la recuperación de yacimientos mineros administrados por empresarios nacionales y organizaciones de cooperativistas que operan como concesionarios de grandes vetas de estaño y otros minerales.
El 1 mayo, el gobierno decretó la nacionalización del petróleo y del gas natural y en octubre suscribió los nuevos contratos con 12 empresas petroleras extranjeras y un convenio de suministro a Argentina que, según las autoridades, elevarían en los próximos tres años los ingresos fiscales a 4.000 millones de dólares anuales.
Esa cifra es casi 50 por ciento del producto interno bruto boliviano, de 9.300 millones de dólares, en un país donde el salario mínimo alcanza a un equivalente de 55 dólares.
Sin embargo, los montos a percibir por el Estado dependen de cálculos de producción, inversiones y amortizaciones que todavía no están definitivamente fijados en los contratos.
El ejército, actor central en la toma de posesión de los campos petroleros, no actuará en el proceso de recuperación de tierras, que se llevará a cabo de modo legal y armónico con las nuevas normas, según dijo su comandante, Freddy Bersatti.
"La tierra nunca más será objeto de negocio por Internet", dijo enfático el viceministro del sector, Alejandro Almaraz, en referencia a la comercialización de predios actualmente habitados por indígenas guaraníes en el sureste del país.
"La marcha ha costado sacrificio y llanto", apuntó Adolfo Chávez, residente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano. Su memoria volvió por unos minutos a la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, en el centro del país, donde perdieron la vida Macadeo Choque Arco, de 26 años, y Betzabé Flores, de 23, embestidos por un vehículo en extrañas circunstancias el 14 de este mes. Otra campesina, protagonista de una marcha en la zona altiplánica, también murió por el impacto de un rayo.
Los empresarios "nunca más van a enseñorearse en nuestros territorios y no volverán más a ser compañeros de nuestros pueblos indígenas. Ha acabado su poder de arrebatar tantas tierras a los indígenas", aseveró Chávez.
Los indígenas del oriente fueron los primeros en reclamar cambios en la Constitución para recuperar tierras, al protagonizar una marcha de 600 kilómetros entre la ciudad de Trinidad y La Paz, en junio de 1990.
Luciendo un sombrero de lana de oveja, un gorro multicolor, un poncho y un garrote de cuero cocido atado alrededor de su cuerpo en señal de autoridad comunitaria, el líder del Consejo de Ayllus (clanes) y Marqas (comunidades) del Collasuyo (Altiplano), Martín Condori, proclamó en su discurso el comienzo de la "descolonización".
"Ahora nos toca trabajar las tierras ociosas que están en el oriente y vivir en armonía y felices", expresó en medio de aplausos y gritos de "jallalla Evo" (viva Evo).
El operador político del MAS, gestor de la agilidad parlamentaria y presidente del Senado, Santos Ramírez, defendió el estilo aplicado para conseguir quórum y mayorías.
"Estamos haciendo lo correcto", dijo en defensa de la nueva ley y la aprobación del reglamento de debates de la Asamblea Constituyente. La mayoría absoluta se aplicará al votar todos los artículos, y sólo el texto final se someterá a la votación bajo la modalidad de los dos tercios, explicó.
Entretanto, en el bando opositor, unas 300 personas cumplen una huelga de hambre en rechazo del reglamento de debates de la Constituyente, mientras los comités cívicos que agrupan a empresarios y sociedad civil de ocho departamentos esperan que el gobierno acepte negociar antes del viernes.
Para entonces, los comités cívicos de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni, apoyados por los partidos de oposición, amenazan con un paro de actividades si el Poder Ejecutivo rechaza la posibilidad de modificar la modalidad de aprobación de la nueva Carta Magna.
