Entre la incertidumbre y la esperanza se debaten los empresarios bolivianos por el acceso a un nuevo acuerdo de preferencias arancelarias que estudia el Congreso legislativo estadounidense para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
"Sólo nos queda no perder la fe en Dios y esperar que el Congreso de Estados Unidos haga una adecuada lectura política, antes que económica o comercial, para que se prolonguen las preferencias por un par de años más", dijo a IPS el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Antonio Rodríguez.
El acuerdo para aplicar la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (Atpdea, por sus siglas en inglés) vigente desde 2002, concluirá el 31 de diciembre. En Bolivia genera 80.000 empleos directos y beneficios indirectos para otras 250.000 personas, mientras los ingresos por exportaciones ascienden a 384,5 millones de dólares anuales.
En el último ejercicio, las exportaciones bolivianas ascendieron a 2.750 millones de dólares y representan casi la tercera parte del producto interno bruto anual estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 9.300 millones de dólares.
La presión empresarial, que tiene su mayor expresión entre los industriales y exportadores del próspero departamento oriental de Santa Cruz, ha motivado una tímida gestión gubernamental y el viaje, en dos oportunidades, del vicepresidente Álvaro García Linera a Estados Unidos, pero sin resultados concretos.
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La mayoría obtenida por el opositor Partido Demócrata en el Congreso estadounidense en los comicios del 7 de este mes y la gestión del presidente colombiano Álvaro Uribe a nombre de los cuatro países andinos abrieron una esperanza entre los actores económicos y el propio gobierno boliviano.
Aunque el presidente Evo Morales no acepta negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington, planteado inicialmente por el gobierno estadounidense como única vía para mantener y profundizar los beneficios arancelarios, sus colaboradores hacen los mayores esfuerzos por convencer a los congresistas de los avances en la lucha antinarcóticos y en la erradicación de cultivos de coca, materia prima de la cocaína, para renovar los beneficios de la Atpdea.
Washington exige una reducción drástica de 5.000 hectáreas de cultivos antes de marzo de 2007, así como anular resoluciones gubernamentales que autorizan la libre comercialización del vegetal bajo advertencia de descertificar a Bolivia, lo que implicaría además el recorte de la ayuda estadounidense estimada en unos 150 millones de dólares.
A mediados de este año, Estados Unidos informó de la existencia de 26.500 hectáreas de coca en Bolivia, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habla de 25.400. De ellas, según la legislación antidrogas boliviana, sólo 12.000 hectáreas están reconocidas como cultivos tradicionales y legales, mientras la diferencia es considerada ilícita.
Morales y las organizaciones de cultivadores de coca aseguran que la meta de erradicación señalada por Estados Unidos será superada y destacan que el proceso de destrucción de plantaciones se cumple sin violencia.
Pero el gerente del IBCE prefiere depositar sus expectativas en la actuación coherente de los congresistas demócratas que, antes de obtener el triunfo electoral, presentaron un proyecto de ley para prorrogar las preferencias.
"Ahora que lograron la mayoría, no debe existir reparo para que ello ocurra", y esa iniciativa se une a la petición del subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Nicholas Burns, que anunció gestiones encaminadas a ampliar las facilidades arancelarias para los cuatro países andinos, expresó Rodríguez.
Para el analista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Javier Gómez Aguilar, la disposición del gobierno de George W. Bush para beneficiar a Bolivia con unos 1.500 millones de dólares de la Cuenta del Desafío del Milenio —un fondo anunciado en 2002 para ciertos países en desarrollo— y los cambios en la composición del Congreso son señales favorables.
La Atpdea se convierte en una salida política de corto plazo para los países de la región andina, en razón de la incertidumbre sobre la aprobación del TLC para Colombia y Perú en el Capitolio (sede del Congreso estadounidense), comentó Gómez Aguilar a IPS.
Pero la pérdida de mercados ya es evidente, porque varios compradores estadounidenses suspendieron sus pedidos y lo cierto es que muchos importadores de ese país preferirán trabajar con productores más seguros y confiables, explica Rodríguez.
El ministro de Hacienda, Luis Arce, anunció el incremento de un programa de créditos de 12 a 14 millones de dólares que se otorgará a unas 530 empresas que exportan al mercado de América del Norte, en caso de no prosperar un nuevo acuerdo arancelario.
Las empresas bolivianas cubrirán los aranceles que les cobren en Estados Unidos con este fondo creado por el gobierno como alivio temporal ante una probable suspensión de la Atpdea.
Arce también confirmó que el 4 de diciembre, junto a su colega de Planificación, Hernando Larrazábal, realizarán gestiones en Washington con el propósito de solicitar una postergación de los acuerdos comerciales por dos años.
