El presidente de Perú, Alan García, prometió desarrollar la agricultura y las microempresas indígenas. Pero un informe de la sociedad civil revela un reto mayor: nueve millones de aborígenes son cada vez más afectados por industrias extractivas y carecen de servicios básicos que respeten su identidad.
"Los más pobres, los indocumentados, los más ignorados en Perú son indígenas", dijo a IPS el jefe del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Wilfredo Ardito, que elaboró el documento.
Se trata de un informe alternativo sobre el grado de cumplimiento del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en vigor desde 1991, que establece un sistema de protección especial para las etnias autóctonas y mecanismos de consulta sobre leyes, proyectos productivos y políticas que las afecten en su desarrollo y su hábitat.
Este estudio constituye la antesala de un sistema de monitoreo que las organizaciones no gubernamentales buscan crear con sus pares de América Latina. De los 17 países que ratificaron el Convenio, 13 son de la región.
Aunque Perú ratificó el Convenio en 1994, nunca ha hecho públicos los informes periódicos que entrega a la OIT sobre avances o retrocesos en el cumplimiento del mismo.
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Por esta falta de transparencia, más de 16 organizaciones de derechos humanos y pueblos indígenas llevaron a cabo el documento alternativo, entregado a la OIT el 29 de septiembre, y que será presentado oficialmente este martes.
El balance es desalentador. El informe, al que tuvo acceso IPS, señala que ni siquiera en el último censo nacional, realizado en 2005, el Instituto Nacional de Estadísticas incorporó variables del componente étnico y multicultural que permitan actualizar las cifras sobre la población indígena y sus problemas, a pesar de que lo exigen las normas vigentes.
"Esta omisión debe subsanarse ( ). La falta de precisión de cifras dificulta la adopción de políticas públicas a favor de los pueblos indígenas", señala el documento, que busca contrastar la versión del gobierno con la de la sociedad civil ante la OIT, antes de que ésta emita recomendaciones.
La última información estadística sobre la población peruana aborigen data de un censo realizado en 1993, según el cual había 8.793.295 indígenas, 97,8 por ciento era andinos —90,9 por ciento quechuas y 6,9 por ciento aymaras—y 2,1 por ciento amazónicos. Según esas cifras, los indígenas representan la tercera parte de los habitantes del país y, pese a ello, aún no se reconoce a la mayoría sus derechos fundamentales.
El informe señala que el gobierno central ha privilegiado la explotación de recursos naturales a cargo de empresas privadas antes que la conservación de un ambiente saludable para estas comunidades y el respeto a sus territorios ancestrales.
Un caso testigo es el del pueblo achuar sobre el río Corrientes de la selva norteña del país, en la región de Loreto. Por más de 30 años, la actividad petrolera allí causó daños en las aguas, la flora y la fauna.
Inicialmente, hubo allí operaciones de la empresa estadounidense Occidental Petroleum (Oxy), a partir de los años 70, y en la actualidad la compañía Pluspetrol Norte, filial del Grupo Pluspetrol de capitales argentinos, opera en las cuencas altas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre.
Según el documento, más de 50 por ciento de los 8.000 habitantes indígenas de esa zona se ven afectados por la explotación del recurso petrolero. El estudio cita un informe del Ministerio de Salud, publicado en mayo de 2006, en el que se confirma la existencia de cadmio y plomo en la sangre de los pobladores, por encima de los límites permitidos, principalmente en el caso de los niños.
"El petróleo libre o emulsionado que viene con el agua vertida a los ríos puede producir la destrucción de algas y microorganismos que sirven de alimento a los peces. La población que se baña en las aguas contaminadas sufre de erupciones y otras alteraciones de la piel", asevera el informe alternativo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
También señala casos en los que los indígenas se ven obligados a "consumir aguas infectadas por vertidos químicos procedentes de las actividades de extracción" del hidrocarburo.
Esta situación no es exclusiva de los achuar. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, en el país existen 850 "pasivos ambientales" mineros ubicados la mayoría en territorios de población indígena.
Las autoridades de este sector aseveran que los "pasivos" son los daños ambientales heredados de la vieja minería que operó en Perú hasta 1993 por la ausencia de normas adecuadas en materia ambiental.
Pero, según el documento, la actual legislación tampoco garantiza que las empresas respeten el ambiente, pues las exigencias están por debajo de los estándares internacionales, y no se observa la obligación a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre la concesión estatal de sus territorios para explotación de recursos naturales.
"El Estado tiene la obligación de respetar a los pueblos originarios, su identidad cultural, su cosmovisión y su derecho al territorio. El gobierno no puede tomar una decisión unilateral", dijo a IPS el presidente de la comisión de Amazonía y Asuntos Indígenas del Congreso legislativo, Carlos Cánepa.
El parlamentario viajó el viernes con una comitiva de otros tres legisladores a la zona del río Corrientes donde opera Pluspetrol Norte, para constatar los daños denunciados. Al regresar este lunes a Lima, dijo haber comprobado que "existe contaminación en la zona y que los achuar se encuentran en total abandono, sin la protección del Estado". Por ello, elaborará un informe para reportar sus hallazgos ante el pleno del Congreso.
Cánepa también se comprometió a retomar el postergado debate del proyecto de Ley General sobre los Pueblos Indígenas, con el propósito de unificar criterios sobre los derechos de estas comunidades, reconocidos de manera dispersa y contradictoria en diferentes leyes, así como incluir los alcances del Convenio 169 de la OIT.
Otro caso que expone la debilidad del concepto integral del territorio de los pueblos indígenas es la lucha legal de más de 27 años en Puno, sur andino del país, de los uros, que reclaman la propiedad y soberanía permanente sobre sus tierras y recursos naturales ubicados en la Reserva Nacional del Lago Titicaca.
Una ley aprobada en agosto de 2005 sin previa consulta a las comunidades les quitó por completo dichos derechos sobre sus tierras.
En Perú, las comunidades campesinas y nativas ocupan 55 por ciento de la superficie agropecuaria, lo cual explica en parte los permanentes conflictos territoriales a medida que se expanden los proyectos de explotación de recursos naturales.
Por otra parte, el informe no gubernamental indica que la garantía y promoción estatal del derecho a la salud de los indígenas debe llevarse a cabo respetando su identidad y sus tradiciones.
En abril, varias mujeres de la comunidad nativa de Pueblo Nuevo, en la región amazónica y oriental de Ucayali, denunciaron haber sido esterilizadas en un centro de salud de la zona sin habérseles informado previamente sobre la naturaleza y riesgos de la operación.
Como resultado, se produjeron cuatro casos de infecciones vaginales, pues las mujeres intervenidas regresaron a sus actividades cotidianas sin conocer los cuidados posoperatorios que debían adoptar. Los testimonios fueron recogidos por la no gubernamental Asociación Paz y Esperanza, que tuvo a su cargo la redacción preliminar del informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
"El problema de los pueblos indígenas atraviesa todos los sectores y tiene que ser enfrentado de manera integral debido a su complejidad. Debe existir una fiscalización permanente al respecto para reportar casos de vulneración de estos derechos", señaló a IPS uno de los autores, el abogado Wuillie Ruiz, de la Asociación Paz y Esperanza.
En materia de educación, según el censo de 1993, sólo 2,5 por ciento de la población indígena mayor de 15 años tuvo oportunidad de acceder a estudios superiores, y de ella 67,5 por ciento no llegó a concluirlos.
Además de los problemas de cobertura de servicios educativos, el informe señala muy poco avance en la implantación de una educación bilingüe e intercultural, así como en la garantía de su calidad.
Un agravante que pesa sobre los indígenas peruanos es el conflicto armado que se extendió en este país entre 1980 y 2000. Muchas comunidades perdieron el acceso a la educación al ser expulsadas de sus territorios o capturadas por la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.
Entre 1989 y 1993, 15.000 asháninkas y nomatsiguengas fueron obligados a huir de sus tierras ubicadas en la región de Junín, centro-sur del país. Unos 5.000 fueron apresados por los senderistas y sobrevivieron en condiciones de esclavitud, servidumbre y trabajo forzado. Muchos niños de esas comunidades debieron aprender a manejar armas de fuego para luchar en las filas de la insurgencia.
El problema parece seguir latente, aunque Sendero Luminoso fue liquidado casi por completo antes de empezar el nuevo siglo.
Un estudio sobre desplazamiento interno realizado en junio de 2004 por el Consejo Noruego de Refugiados aseguró que células de Sendero Luminoso continuaban asesinando y reclutando indígenas en los valles amazónicos del Alto Huallaga, en el central Huánuco, en Ene (Junín) y en Apurímac, en el sur. El año pasado, líderes de los pueblos nomatisiguenga y asháninka reportaron la persistencia de la amenaza senderista en sus territorios.
"Queremos ayudar a estos pueblos con proyectos nacionales de agricultura como Sierra Exportadora y de créditos para microempresas. Nosotros somos conscientes de que tenemos una deuda con la zona sur y la selva del país", admitió a IPS el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indexa), Juan Manuel Figueroa.
Sierra Exportadora es un programa gubernamental, que acaba de ser promulgado por el Poder Ejecutivo, y que se propone poner en operación, en cinco años, 150.000 hectáreas en 11 regiones de la sierra del país para lograr exportar más de 20 productos agrícolas.
Los campesinos que se asocien al programa podrán acceder al Agrobanco, una entidad estatal que se encargará de hacer los desembolsos y las cobranzas de las exportaciones. De este mondo el campesino podría sembrar con la seguridad de que habrá compradores para su cosecha.
Se trata de un "proyecto social productivo para atacar la pobreza en sus raíces", en las zonas serranas entre 2.500 y 4.500 metros de altura en las que viven unos ocho millones de campesinos, de los cuales seis millones son muy pobres, según un artículo firmado por el presidente García cuando era candidato.
Figueroa sostuvo, además, que plantearía en la próxima reunión del directorio de Indepa hacer públicos los informes del Estado peruano a la OIT sobre el Convenio 169.
Fuentes de la oficina de la OIT en Perú informaron a IPS que en los próximos días harán llegar el informe alternativo a Ginebra, sede central de la organización multilateral, para que una comisión de expertos analice la situación de los indígenas peruanos.
