Tras siete meses de aplicación del tratado de libre comercio con Estados Unidos, agricultores de pequeña escala y economistas de El Salvador advierten que sólo beneficia a unos pocos sectores, en detrimento de la mayoría de la producción nacional y de miles de empleos.
El acuerdo comercial suscripto por Estados Unidos con República Dominicana y cinco países de América Central (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), El Salvador entre ellos, fue defendido por el gobierno de este país como la panacea para la economía nacional.
El presidente Antonio Saca y sus colaboradores argumentaron que el DR-Cafta era fundamental para elevar los alicaídos indicadores económicos, que traería consigo unos 40.000 empleos de un solo tajo y que convocaría la inversión extranjera a este país, el segundo con la peor tasa en esta materia en la región, sólo superior a Guatemala.
Empero, el economista Raúl Moreno es contundente al afirmar que el tratado, desde su puesta en marcha el 1 de marzo, sólo ha beneficiado a un grupo de grandes empresarios, principalmente importadores, mientras que ha perjudicado a las pequeñas economías agropecuarias y a los consumidores.
El DR-Cafta "es el tiro de gracias para la agricultura salvadoreña, donde hay áreas del sector que van a desaparecer cuando se complete el primer año de vigencia, como la producción de arroz", lo cual traerá la pérdida de soberanía alimenticia, señaló a IPS.
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También Miguel Alemán, dirigente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria, manifestó a IPS su preocupación por el destino del campo salvadoreño. Aseveró que "el Cafta, tal como nosotros lo denunciamos, es la muerte para diferentes sectores, ya que unos 400.000 productores de granos básicos, por ejemplo, estamos recibiendo un impacto negativo".
"En nuestras cooperativas hemos disminuido en 20 por ciento el empleo", lo cual equivale a más de 2.000 trabajadores este año, indicó.
La agricultura creció 4,3 por ciento en 2005, el mejor desempeño en los últimos seis años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el marco de una expansión económica general de sólo 2,8 por ciento, la más baja de América Central, que en conjunto rondó cuatro por ciento en el mismo periodo.
El Banco Central de Reserva reporta un producto interno bruto de unos 17.000 millones de dólares, en un país que adoptó el dólar como moneda oficial en 2001, la inflación promedio es de 4,3 por ciento, el desempleo alcanza a casi siete por ciento de los activos y el subempleo a 35 por ciento. Más de la mitad de los siete millones de salvadoreños viven en la pobreza.
El tratado fue firmado en mayo de 2004 y ratificado en diciembre de ese mismo año con los votos de representantes de la gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista y los partidos Conciliación Nacional y Demócrata Cristiano. Pero entró en vigor sólo en marzo pasado, luego de que la Asamblea Legislativa aprobó varias reformas exigidas por Washington.
En ese lapso, El Salvador debió implementar cambios en las normas de protección de inversiones extranjeras y propiedad intelectual y en los códigos penal y procesal penal para combatir, en particular, la reproducción ilegal de discos compactos y de vídeo digital (DVD) así como la falsificación de marcas de ropa y calzado.
También están en vigor los tratados con Estados Unidos en Nicaragua, Honduras y Guatemala, mientras que República Dominicana lo ratificó pero aún no lo ha implementado y el parlamento de Costa Rica todavía sigue sin aprobarlo.
Desde el comienzo de las negociaciones del DR-Cafta, los gobiernos de la región enfrentaron la férrea oposición de sectores sociales convencidos de que América Central no tiene la capacidad para competir con Estados Unidos.
La misma ratificación en El Salvador se concretó entre gallos y medianoche, con cientos de opositores reclamando un debate nacional al respecto y líderes parlamentarios admitiendo no conocer el contenido del acuerdo en ese momento.
Vendedores del mercado informal, que según cifras oficiales posibilita la sobrevivencia de cerca de 40 por ciento de la población del país, se han enfrentado en los últimos meses en batallas campales con la Policía Nacional Civil, que en cumplimiento del tratado realiza operaciones de decomiso de mercadería falsificada en el centro de San Salvador.
"Mucha gente ya se está yendo a Estados Unidos, debido a que unas 133.000 hectáreas de tierra ya no se cultivan por el impacto del Cafta, no tenemos líneas de crédito y el costo de producción es alto", detalló Alemán, cuya confederación agraria cuenta con 12.000 asociados de unas 131 cooperativas productoras de cereales básicos, ganado y café.
Se estima que, en promedio, unos 700 salvadoreños abandonan cada día el país en busca de mejores oportunidades de empleo, principalmente en Estados Unidos, a donde intentan ingresar en su mayoría sin la documentación requerida.
Estadísticas oficiales indican que unos 2,5 millones de salvadoreños viven en el exterior, 2,3 millones de ellos en Estados Unidos. Las remesas de dinero que envían constantemente a sus familiares en el país permite apuntalar esta frágil economía.
Moreno recordó que uno de los factores principales de desequilibrio con Estados Unidos pasa por el sector rural, que en ese país goza de un programa de apoyo gubernamental con subsidios que cubren hasta 80 por ciento de lo producido, posibilitando así abaratar considerablemente los precios.
"Si a eso se agrega que (Estados Unidos) ya no paga aranceles para ingresar sus productos a El Salvador, la situación para los productores nacionales se vuelve más complicada", añadió.
Los productores locales con parcelas de tierra pequeñas no sólo no reciben subsidio alguno, sino que tampoco cuentan con líneas de crédito accesibles ni apoyo tecnológico.
Por eso, ante la competencia desleal que se aprecia con el ingreso masivo de mercancía estadounidense, los pequeños agricultores nacionales ven su futuro de modo muy incierto.
A modo de ejemplo, Alemán citó que "el saco de abono el año pasado nos costaba 18 dólares y ahora aumentó a 23 dólares, el quintal de maíz criollo lo vendíamos en 11 o 12 dólares, pero esta temporada sólo llega 8,50 dólares".
"Con el Cafta, el maíz estadounidense se vende en El Salvador a 6,40 dólares, entonces quién nos va a comprar a nosotros", se pregunta el pequeño productor. "El año pasado cultivaba poco menos de una hectárea de maíz para consumo familiar, pero ahora voy a dejar de hacerlo porque para ya no es rentable", añadió.
"En cinco años estaremos totalmente en bancarrota, en una crisis de producción, y no podremos garantizar la alimentación del país", alertó el cooperativista.
La Secretaria de Comercio de Estados Unidos da cuenta que El Salvador exportó a ese país entre enero y junio de 2005 por valor de 984 millones de dólares, mientras que las ventas en el mismo periodo de este año, con el tratado ya en vigor, sólo alcanzaron a 798 millones de dólares.
En cambio, las compras salvadoreñas a Estados Unidos sumaron 956 millones de dólares en los primeros seis meses de 2005, pero en el mismo lapso de este año treparon hasta 1.067 millones de dólares.
El DR-Cafta ha previsto que en el primer año ingresen a El Salvador unas 35.000 toneladas de maíz blanco, 350.000 de maíz amarrillo, 10 toneladas de leche y cerca de 65.000 de arroz, entre otros productos, los cuales en su gran mayoría ya se venden en el país.
Luego, las "cuotas" se irán aumentando entre uno y 10 por ciento al año hasta completar las dos décadas del tratado.
Según una investigación realizada por Moreno, las importaciones de maíz blanco, sorgo y arroz granza, vía el tratado, acabarían con 92.471 empleos mensuales durante el primer año de implementación, cifra que iría aumentando anualmente en 1.557 empleos en promedio cada año.
Todos datos que pronostican un difícil futuro para El Salvador, pese a los entusiastas argumentos del gobierno para su puesta en marcha.
