Con la bonanza de los precios de los metales se dispararon los ingresos financieros en América Latina, pero también los conflictos sindicales del sector minero, donde comparten elevados riesgos laborales los trabajadores mejor pagados de la región y varios millones de pobres.
Los mineros chilenos, que ganan hasta 2.000 dólares mensuales, y los de Perú y México, cuyos pagos suelen no superar los 60 dólares semanales, reclaman participar de la buena época.
En Chile, una huelga afectó durante tres semanas de agosto al yacimiento de cobre más grande del mundo, y en Perú protestas vecinales lograron paralizar por unos días, también el mes pasado, la mayor mina de oro de América Latina.
En México ya lleva cinco meses un diferendo sindical entre los mineros y el gobierno, y en América Central activistas y pobladores quieren cerrarle el paso a esa actividad.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la minería es la actividad que produce más accidentes mortales y enfermedades entre sus trabajadores. Además, en ella participan millones de personas de manera informal, sin protecciones laborales ni seguros de salud.
La minería solamente genera problemas, como "cáncer, contaminación en los ríos y abortos", opinó el obispo hondureño Luis Alfonso Santos, quien integra un movimiento social contrario a la agresiva apertura centroamericana a compañías mineras transnacionales.
La recuperación de los precios de los metales de los dos últimos años —gracias a la demanda de China e India— sacó a la minería de América Latina de la crisis generada en los años 90, cuando se contrajo la fuerza sindical del sector y se liberalizó gran parte de la oferta laboral.
Pero ahora, la entrada de multimillonarios ingresos frescos ha disparado problemas entre empresarios, trabajadores y pobladores, que han desembocado en algunos casos en la violencia.
El reto es cómo lograrán los actores "conciliar la época de las vacas flacas que termina con la de las vacas gordas", considerando que la bonanza es cíclica y que podría revertirse en cuatro años más, dijo a Tierramérica Eduardo Chaparro, experto en minería de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Miguel Palacín, presidente de la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería, dijo a Tierramérica que con sus millonarios ingresos, "los señores de la minería han puesto de rodillas al gobierno" de su país.
"Es una vergüenza que las autoridades acepten limosna de las multinacionales, cuando, según las leyes, el recurso minero es del Estado", señaló.
Palacín aludía al acuerdo que el gobierno del presidente Alan García suscribió en agosto con las mineras para que en los próximos cinco años éstas aporten voluntariamente 757 millones de dólares a programas sociales.
Esta cifra representa apenas 27,4 por ciento de las utilidades netas obtenidas en lo que va de 2006 por las cinco mayores mineras extranjeras que operan en Perú.
Desde 2004, todas las firmas mineras de América Latina sumaron importantes ganancias. El precio del cobre subió 111 por ciento, el del oro 42,5 y el de la plata 65,5 por ciento.
Para exigir que aporten a su desarrollo, pobladores de la noroccidental región peruana de Cajamarca mantuvieron paralizada la mina de Yanacocha, mayor productora aurífera de América Latina, entre el 28 y el 31 de agosto.
Operada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, está en una zona donde 74,2 por ciento de la población es pobre.
"La actividad minera se hace matando vidas, destruyendo la biodiversidad y provocando pobreza. Esto tiene que parar", declaró Palacín.
Según este dirigente, la minería ni siquiera genera cantidades importantes de empleos. Apenas 70.000 personas trabajan en las mineras peruanas. De ellas, 60.000 lo hacen en condiciones precarias, pues no pertenecen a sindicatos, afirmó.
En Chile, unos 2.000 trabajadores de Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, realizaron una huelga de tres semanas reclamando aumentos salariales. El conflicto se resolvió el 31 de agosto tras un acuerdo entre las partes para aumentar las remuneraciones en cinco por ciento.
Gran parte de los trabajadores mineros chilenos está sindicalizada. Pero eso no sucede en otros países, como Perú o los centroamericanos, donde la mayoría trabaja independientemente o para empresas de servicios.
Y la tendencia regional, incluyendo a Chile, "es el aumento de los obreros no sindicalizados, pues las mineras asumen la tercerización como parte de su control de costos, evitando las cargas por prestaciones sociales", explicó Chaparro, de la Cepal.
En la estatal Corporación Nacional del Cobre (Codelco) hay tres trabajadores subcontratados por cada obrero sindicalizado, mientras que en la minería privada al menos la mitad es contratada, señaló a Tierramérica Moisés Labraña, presidente de la Confederación Minera de Chile, que agrupa a 6.500 trabajadores.
En México, tras la muerte de 65 obreros en una mina de carbón en abril, se descubrió que la mayoría de ellos no integraba la plana laboral ni el sindicato nacional de ese sector. Eran trabajadores externos que cobraban unos 60 dólares semanales por trabajar en peligrosos socavones.
Luego del accidente, estalló en México un conflicto que aún persiste. El gobierno del presidente Vicente Fox desconoce a la dirigencia del sindicato nacional, apoyado por la mayoría de los obreros, y acepta la validez de otro.
Algunos observadores creen que detrás de este conflicto —que dejó dos obreros muertos— hay negociaciones e intereses de empresas y trabajadores por ajustar salarios y condiciones laborales.
La minería en México, que emplea de forma directa a 257.000 personas, creció más de siete por ciento anual en 2004 y 2005, la tasa más alta desde 1995.
Es una recuperación similar a la que se produce en el resto de América Latina, pero se refleja poco en la minería pequeña y mediana, donde persisten problemas sociales y ambientales, manifestó Chaparro.
En América Latina, más de nueve millones de personas dependen de la minería artesanal, incluidos niños y mujeres. Es el sector más vulnerable por las precarias condiciones de trabajo y la falta de prestaciones.
En el mundo, unos 43 millones de personas trabajan en minería, y es el sector que registra la más alta mortalidad laboral, señala la OIT.
* El autor es corresponsal de IPS. Con aporte de Daniela Estrada (Chile). Este artículo fue publicado originalmente el 2 de septiembre por la red latinoamericana diarios de Tierramérica.