En un clima cordial entre los representantes de las dos partes ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, fue recibido este jueves el pronunciamiento favorable a Uruguay que no hizo lugar a la demanda de Argentina de suspender la construcción de dos plantas de celulosa sobre un río compartido.
El gobierno argentino había denunciado a Uruguay ante la Corte el 4 de mayo por su presunta violación de acuerdos bilaterales para la administración conjunta del río, y había solicitado al mismo tiempo al tribunal que ordenara la suspensión provisional de las obras de las dos fábricas que construyen por separado la compañía finlandesa Botnia y la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE).
La satisfacción y la mesura prevalecieron en el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez al evaluar la decisión del alto tribunal. Sus portavoces instaron a no tomar el resultado como una disputa deportiva ni a pensar que se "goleó a Argentina", como se apresuraron a señalar algunos analistas y medios de comunicación nacionales.
Ahora es tiempo "de que se reabra el diálogo con Argentina y se pueda llegar a un acuerdo para realizar un control conjunto sobre los impactos ambientales que las plantas acarreen", como lo ha planteado Montevideo con anterioridad, señaló el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa.
El dictamen "implica para nuestro país una mayor obligación con los asuntos ambientales", precisó, en consonancia con el canciller Reinaldo Gargano, quien destacó que "la Corte de La Haya dejó el camino abierto para que, en el futuro, si es necesario, Argentina pida nuevas pruebas" sobre el impacto ambiental de las plantas para evitar el daño que teme.
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Desde filas ambientalistas críticas, en cambio, el pronunciamiento fue observado con alivio pero por razones distintas a las del gobierno.
"No teníamos cifradas expectativas sobre lo que resolvería al Corte respecto de la medida cautelar" pedida por Argentina, dijo a IPS María Selva Ortiz, de la organización ambientalista uruguaya Redes Amigos de la Tierra. Ahora se podrá abordar la problemática ambiental de fondo, estimó.
El pedido argentino de suspensión de las obras "sólo había servido para desviar el debate, que es sobre el desarrollo de este tipo de industria contaminante y la consolidación de un modelo forestal negativo para el país", apuntó Ortiz.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó por 14 votos contra uno que no encontraba "nada en la documentación que demuestre que la decisión de Uruguay de autorizar la construcción de las plantas represente un riesgo inminente de daño irreparable al ambiente acuático del río Uruguay o a los intereses sociales o económicos de los habitantes del lado argentino".
Además, "Argentina no ha persuadido a esta Corte de que la mera construcción de las plantas presente un daño irreparable al ambiente, o que su mera suspensión, pendiente del dictamen final, pudiera revertir o reparar las consecuencias sociales y económicas que Argentina le atribuye", sostuvieron los jueces.
Pero el pronunciamiento de la Corte, leído por su presidenta Rosalyn Higgins, fue más allá.
"Con respecto a la puesta en funcionamiento de las fábricas, la Corte señala que Argentina no ha suministrado evidencia hasta el presente que sugiera que cualquier contaminación tendría el carácter de causar daño irreparable al río", añadió el tribunal.
"En todo caso, el peligro de tal contaminación no es inminente pues las plantas no estarán en funcionamiento antes de agosto de 2007, en un caso, y junio de 2008, en el otro".
Sin embargo, los jueces recordaron a Uruguay que "necesariamente soporta todos los riesgos de cualquier mérito que la Corte hallare más tarde" y que "la construcción de las obras en su sitio actual no puede ser considerada como un hecho irreversible".
El tribunal aclaró que su pronunciamiento corresponde a esta etapa del proceso de construcción y que, por lo tanto, no afecta el derecho argentino de reclamación futura "en el caso de que hubiera nuevos hechos".
La Corte tampoco hizo lugar a la segunda parte de la solicitud de Buenos Aires: ordenar a Uruguay su cooperación de buena fe con Argentina y su compromiso de no agravar la disputa. Los jueces alegaron que los representantes de Montevideo ya se habían manifestado dispuestos a esa conducta en las audiencias de mayo.
La demanda de fondo del gobierno de Néstor Kirchner se basa en el supuesto incumplimiento de Montevideo del Estatuto del Río Uruguay que, según la interpretación de Buenos Aires, obliga a un proceso de notificación y consultas entre las partes previo a la autorización de obras sobre el tramo del curso de agua administrado en forma bilateral.
Ese tratado bilateral firmado en 1975 establece en uno de sus artículos que la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción para dirimir los desacuerdos en relación a su cumplimiento.
La Corte podría tomarse varios años para dictaminar sobre este asunto de fondo, y podría inclusive declararse sin jurisdicción para entender sobre los méritos del mismo, tal como recordó en los fundamentos del pronunciamiento de este jueves.
"Uruguay seguramente perderá" ese juicio, porque es comprobable que no pidió autorización a Argentina para dar el visto bueno a las empresas para que se instalaran ni realizó estudios ambientales previos para ello, según la ambientalista Ortiz.
La acción de las organizaciones no gubernamentales ya ha logrado frenar préstamos bancarios para la fábrica de Botnia y para la de ENCE, que finalmente "no se instalará", aseguró Ortiz.
Este jueves, el canciller uruguayo Gargano y su par de Vivienda y Medio Ambiente, Mariano Arana, instaron al gobierno de Kirchner a retomar el diálogo para conformar un equipo binacional que controle y haga un seguimiento de las dos fábricas de pulpa de papel que son erigidas sobre la margen oriental del río Uruguay.
"El camino es el de la tolerancia y el de extender la mano para el diálogo, y no para apoyarse en falsos triunfalismos", subrayó el canciller, quien no descartó avances en el diálogo en la Cumbre del Mercosur, el jueves y viernes de la semana próxima en la central ciudad argentina de Córdoba, a la que asistirán Vázquez y Kirchner.
La inversión estimada de las dos fábricas es de 1.800 millones de dólares, la mayor recibida por Uruguay en su historia, y sus producciones sumadas serán de 1,5 millones de toneladas de celulosa por año.
La secretaria de Medio Ambiente de Argentina, Romina Picolotti, apuntó, como Ortiz, que la campaña contra las fábricas consiste en mantener la presión para trabar su financiación internacional.
"La decisión es de suma importancia tanto para nuestra etrategia judicial como para la financiera, pues espero que los bancos entiendan que el fallo no significa que las 'pasteras' sean una inversión segura", indicó.
"Sólo significa que la Corte no encuentra pruebas suficientes para suspender las obras, pero más adelante podría hacerlo. Esta no es una decisión definitiva y me parece un mensaje importante para los inversores", añadió ante una asamblea de habitantes de Gualeguaychú, la ciudad argentina ubicada a unos 30 kilómetros de Fray Bentos.
La Corte de La Haya también dejó en manos del comité binacional de administración del río Uruguay la función de controlar los trabajos y el posible impacto ambiental del área.
Ante ello, el vicepresidente Nin Novoa entiende que el fallo contiene una recomendación a Uruguay, pues indica algo así como "háganse cargo de que esto no contamine". "En eso estamos", añadió.
