Durante más de 150 años, Wisconsin, en Estados Unidos, no tuvo ley alguna que previera la pena de muerte. Muchos ciudadanos de ese estado del norte de este país parecen ahora dispuestos a torcer la historia.
El Senado de Wisconsin aprobó en mayo, por un estrecho margen, la convocatoria a un referéndum en noviembre para que la ciudadanía tenga la posibilidad de restaurar la pena de muerte.
Los defensores de la pena capital consideran la iniciativa una oportunidad para el pronunciamiento popular, pero los críticos perciben en ella una tentativa de legisladores conservadores para conseguir réditos políticos.
El gobernador de Wisconsin pertenece al Partido Demócrata, opositor a nivel nacional, y rechaza la pena máxima, pero la legislatura está dominada por el Partido Republicano, gobernante en el país, cuyos legisladores apoyan su restablecimiento.
"Creo que la mayoría de los ciudadanos de Wisconsin están totalmente en favor de la pena de muerte", declaró el legislador Alan Lasee, un republicano que desde hace tres decenios lucha por restaurar el castigo.
[related_articles]
Lasee y otros legisladores recordaron sonados crímenes, incluidos algunos a manos de asesinos seriales, para defender la reinstauración de la pena capital. La existencia de ese castigo extremo operará como un fuerte elemento de disuasión contra los delitos más graves, afirmaron.
También mencionaron una encuesta realizada en abril por una estación de radio local y el centro universitario St. Norbert College de De Pere, según la cual más de 60 por ciento de los encuestados apoyaban una consulta popular sobre la pena de muerte.
Los detractores no cuestionan los resultados de la encuesta, pero sí son escépticos respecto de los verdaderos motivos detrás de la iniciativa de los republicanos para proponer la reinstauración de la pena máxima.
"Es una decisión tendenciosa porque obedece a fines políticos", dijo a IPS Christopher Watson del capítulo de Wisconsin de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional. "El senador Lasee se va a retirar y muchos políticos quieren concederle un favor."
La mayoría de los demócratas se oponen a la pena máxima, a pesar del ligero aumento a la adhesión que despierta la restauración del castigo.
Organizaciones de la sociedad civil, como la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), la institución de derechos humanos más antigua del país, ya emprendieron una campaña contra el referéndum.
"La ACLU y otros nos oponemos a la pena de muerte, y concurriremos a las urnas en noviembre para evitar que se reinstauren las muertes sancionadas por el Estado", dijo a IPS Chris Ahmuty, del capítulo de Wisconsin de esa organización.
La pena capital fue abolida en Wisconsin cinco años después de su integración en Estados Unidos, en 1848, como consecuencia de la repugnancia de la ciudadanía por el ahorcamiento en público de un hombre que había ahogada a su esposa en la ciudad de Kenosha.
"Han pasado 153 años desde que el gobierno mató a una persona en Wisconsin", recordó en mayo ante sus pares el senador demócrata John Erpenbach. "Hemos funcionado como estado sin ella. No la necesitamos."
En Estados Unidos, además de Wisconsin, 11 estados más han abolido la pena capital: Alaska, Dakota del Norte, Hawaii, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Rhode Island, Vermont y Virgina Occidental.
Entre las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a la reinstalación del cadalso en Wisconsin figuran grupos religiosos como la Conferencia Judía y la Conferencia Católica.
Al igual que en otros lugares de Estados Unidos, muchos republicanos de Wisconsin creen que la pena capital es una buena forma de desalentar el crimen. Los opositores a esa sanción advierten que ningún estudio lo comprueba.
"No es mejor como disuasivo que la cadena perpetua", señaló en su editorial el influyente diario Wisconsin State Journal.
Los estados meridionales no sólo tienen la mayor cantidad de asesinatos del país, sino también la de ejecuciones, señaló el periódico. En cambio, los asesinatos son menos en los estados del norte, donde se registran apenas uno por ciento de las ejecuciones de este país.
Los detractores temen que si se reinstaura la pena de muerte en Wisconsin, los negros y otras minorías postergadas, como los indígenas, serían los más perjudicados.
De los 5,3 millones de habitantes de Wisconsin, 87 por ciento descienden de europeos, y apenas seis por ciento son afroamericanos.
"Las estadísticas muestran que los pobres no tienen recursos para defenderse", señaló el Wisconsin State Journal en su editorial, el cual recordaba que 42 por ciento de los condenados a muerte en Estados Unidos son negros.
"Esta desproporción probablemente se agudizaría en Wisconsin, que cuenta con el mayor número de negros en prisión", añadía.
Amnistía Internacional, indicó Watson, no cuestiona la validez de la encuesta en que se apoyan los partidarios de la pena capital. Pero, aun así, se pregunta cómo sería la respuesta del público si la pregunta hubiera tenido una formulación distinta.
Las encuestas "siempre se concentran en la naturaleza del crimen", señala Watson. "La formulación de las preguntas respecto de la pena de muerte no es la correcta. Cuando se pregunta a la gente respecto de la condena sin libertad condicional, por ejemplo, las opiniones son distintas."
En noviembre, en el referéndum, la ciudadanía contestará la siguiente pregunta: "¿Debe aprobarse la pena de muerte en el estado de Wisconsin para los casos de personas acusadas de homicidio intencional en primer grado, si la condena es respaldada por un análisis de ADN?"
Watson se mostró esperanzado acerca del resultado de la consulta popular, pero admitió no hacerse ilusiones sobre la posibilidad de éxito de quienes eventualmente procuran restaurar el castigo a través de un debate legislativo. "Es desalentador", señaló.
Pero no todos perdieron la esperanza. "Los que cuentan con el miedo para cambiar nuestro estado se llevarán una sorpresa", sostuvo Ahmuty.
