El gobierno de Estados Unidos rendirá cuentas el próximo lunes al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre los abusos cometidos en su lucha contra el terrorismo, como le atribuyen ese cuerpo y organizaciones no gubernamentales especializadas.
Los debates jurídico y político que se desarrollarán en el Comité han aumentado su interés a raíz de los últimos dictámenes judiciales y administrativos en ese país, que establecieron la inconstitucionalidad de los tribunales militares que procesan a sospechosos de terrorismo detenidos en la base naval de Guantánamo, su enclave militar en la isla de Cuba.
En el mismo sentido, fuentes de Washington hicieron saber que acatarían otro fallo del mismo tribunal, la Corte Suprema de Justicia del país, que reconoció a los detenidos, acusados de pertenecer a la red terrorista Al Qaeda, el derecho a ser amparados por las Convenciones de Ginebra, que regulan el trato a civiles y a prisioneros durante los conflictos bélicos.
Esos dictámenes últimos sostendrían las argumentaciones defendidas por este Comité de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), conformado por 18 expertos independientes encargados de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los 156 países que lo han ratificado.
El Comité siempre ha declarado su oposición al criterio expresado hasta ahora por el gobierno estadounidense de que "en todas las circunstancias, el Pacto carece de alcance extraterritorial" y no se aplicaría a los detenidos por actos terroristas alojados en cárceles de otros países.
Pero la audiencia que sostendrá la delegación de Washington con ese organismo de la ONU no se limitará al examen de la legislación antiterrorista y a las denunciadas violaciones en la cárcel de Guantánamo y en los demás centros de detención que las autoridades estadounidenses mantienen en otras partes del mundo.
Activistas de la sociedad civil de ese país, que en un número de alrededor de medio centenar viajarán a Ginebra para asistir a las sesiones del Comité, reclaman la discusión de otros incumplimientos de Estados Unidos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Estados Unidos, uno de los estados parte, no ha adherido al Primer Protocolo del Pacto, que establece un sistema de comunicaciones confidenciales al Comité por parte de individuos, ni tampoco al Segundo Protocolo, que tiende a abolir la pena de muerte.
Por ejemplo, en el caso de la pena de muerte, la Asociación Nacional de Abogados Penalistas Defensores expresó al Comité sus temores de que ese tema caiga en el olvido entre tantos otros asuntos apremiantes que examina el organismo.
Esperemos que así no ocurra porque nos encontramos ante una encrucijada histórica, tanto en el mundo como en Estados Unidos, en nuestros esfuerzos por la abolición, dijo al Comité la representante de esa entidad de abogados, Sandra L. Babcock.
Otra cuestión candente en Estados Unidos, la cuestión de la inmigración, ha sido planteada al Comité por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, una organización no gubernamental con sede en El Paso, en el meridional estado de Texas.
Cada año se revocan leyes de protección de derechos civiles y políticos dentro de las fronteras de Estados Unidos, al tiempo de que se adopta una legislación que restringe y amenaza severamente esos derechos, comentó Fernando García, director de la Red, en una conversación telefónica con IPS.
El actual debate sobre la inmigración sólo ha servido para alimentar el sentimiento contra los inmigrantes y para crear una reacción opresiva contra las comunidades de inmigrantes, describió.
Las leyes proyectadas amenazan los derechos civiles y humanos de las comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos, aunque con preocupación especial en el límite con México, a través de la penalización, la militarización de la frontera y de restricciones al acceso a los beneficios públicos necesarios para el desarrollo del potencial humano, manifestó García.
La Red solicitó al Comité de la ONU que efectúe un seguimiento de las políticas y prácticas aplicadas en esa frontera, que evalúe las consecuencias de esas actividades en las comunidades fronterizas, y que encuentre los mecanismos para hacer responsable al gobierno de Estados Unidos de la defensa de los derechos reconocidos por el Pacto.
El abogado Jamil Dakwar, de la Unión por la Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU por sus siglas en inglés), afirmó ante el Comité que los inmigrantes se han convertido en chivos expiatorios del temor extendido por el país después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York.
La militarización creciente de la frontera crea preocupaciones muy graves que requieren la atención del Comité de la ONU, demandó Dakwar.
Sin embargo, en el cuestionario enviado por el Comité al gobierno de Estados Unidos, que su representación deberá responder en las sesiones de este lunes y el martes, no figura una mención específica al tema de las migraciones.
Aunque una de las preguntas solicita información acerca de la proporción de estadounidenses de ascendencia africana e hispana, y de ciudadanos con bajos ingresos, en las filas del ejército.
También demanda conocer el número total de combatientes muertos en acciones militares y pide explicaciones acerca de la representación excesiva de cualquiera de los grupos mencionados.
Durante las audiencias, los relatores del caso estadounidense serán los miembros del Comité Michael O'Flaherty, de Irlanda, Nigel Rodley, de Gran Bretaña, y Ivan Shearer, de Australia.
Los demás miembros del organismo son Abdelfattah Amor, de Túnez; Nisuke Ando, Japón, Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, de India, Alfredo Castillero Hoyos, de Panamá, Christine Chanet (presidenta), de Francia, Maurice Glèlè-Ahanhanzo, (vicepresidente) de Benín, y Edwin Johnson López, de Ecuador.
La lista se completa con Walter Kälin, de Suiza, Ahmed Tawfik Khalil, de Egipto, Rajsoomer Lallah, de Mauricio, Elisabeth Palm, de Suecia, Rafael Rivas Posada, de Colombia, Hipólito Solari-Yrigoyen (vicepresidente), de Argentina, Ruth Wedgwood, de Estados Unidos, y Roman Wieruszewski, de Polonia.
