Un inmigrante mexicano fue ejecutado en Estados Unidos, el sexto desde los años 70, tras rechazar la justicia tanto la opinión de peritos, que consideraron al sentenciado incapaz mental, como las múltiples gestiones hechas por el gobierno de su país para salvarlo.
"Cualquier ejecución representa un fracaso de la justicia y ésta lo es. Se hizo todo lo posible para evitarla, pero no alcanzó el esfuerzo", lamentó en entrevista con IPS Alfonso García, portavoz en México de la oficina de la organización no gubernamental Amnistía Internacional.
El inmigrante Ángel Maturino murió en la noche de la víspera por inyección letal en un centro de detención del meridional estado estadounidense de Texas, donde permanecía desde 1999. Había sido condenado a la pena de muerte por el asesinato y violación en 1998 de la médica Claudia Benton.
Pero Maturino fue también vinculado con otros 14 homicidios cometidos en los años 90 también en Texas así como en California, Florida, Georgia, Kentucky e Illinois, todos registrados cerca de las vías del tren, hecho por el se ganó el mote de "el asesino del ferrocarril".
La cancillería de México lamentó a través de un comunicado la ejecución de Maturino y afirmó que "se llevó a cabo a pesar de que existía evidencia médica sobre los severos trastornos mentales que padecía el connacional y que, en principio, debieron excluirlo de la aplicación de esta pena".
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La ejecución del inmigrante había sido programada inicialmente para el 10 de mayo, pero fue pospuesta para dar oportunidad de que se practicaran estudios psiquiátricos y sicológicos al sentenciado, quien sostenía que era "mitad ángel y mitad hombre" y que asesinó impulsado por una "fuerza maligna" y, al mismo tiempo, por "la voluntad de Dios".
La semana pasada, el juez William Harmon, de la Corte Criminal de Distrito 178 en la ciudad texana de Houston, escuchó la evaluación médica. Aunque cuatro de cinco peritos consideraron que Maturino no estaba mentalmente sano, el magistrado concluyó que era "los suficientemente competente" y que no sería excluido de la pena de muerte.
Los sentenciados que sean plenamente "incompetente" no deben ser ejecutados, indica la jurisprudencia registrada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
"Fue un caso muy difícil el de Maturino, pues había cometido muchos crímenes y con saña, aunque mantenemos la tesis de que no estaba mentalmente sano", dijo el portavoz de Amnistía Internacional, la organización con sede en Londres.
El gobierno mexicano de Vicente Fox presentó diversos recursos ante la justicia de Estados Unidos para tratar de evitar la ejecución, incluso logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, pidiera a Estados Unidos suspender la ejecución mientras se agotasen todas las gestiones legales disponibles.
Pero ni eso ni una llamada telefónica directa realizada por el ministerio de Relaciones Exteriores de México, Ernesto Derbez, al gobernador de Texas, Rick Perry, pidiéndole postergar la ejecución, surtieron efecto.
Según indicó la cancillería en su comunicado, se "mantuvo el seguimiento puntual y permanente del caso desde su inicio y acudió a todas las instancias posibles, internas e internacionales, con el fin de preservar la vida del señor Maturino, en congruencia con el indeclinable compromiso de nuestro país de defender los derechos humanos de sus nacionales en el exterior y su absoluta oposición a la pena de muerte".
Maturino fue el sexto mexicano ejecutado legalmente en Estados Unidos desde que la Corte Suprema de Justicia levantara en 1976 la prohibición impuesta cuatro años antes por ese mismo máximo tribunal nacional a todos los estados del país de aplicar la pena capital por considerarla inconstitucional.
El último mexicano muerto a manos de la justicia fue Javier Suárez, en agosto de 2002 y también en Texas.
"El fracaso en el caso Maturino no detendrá los esfuerzos que hacemos para que se suspenda la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos y en otros países", expresó el portavoz de Amnistía Internacional.
El mexicano ejecutado en la víspera, quien llegó a estar en la lista de los 10 delincuentes más buscados de Estados Unidos, pidió durante el juicio que lo castiguen con la pena de muerte y no con prisión perpetua.
Este inmigrante, nacido en una pequeña localidad de Puebla, estado vecino a la capital de México, tenía 14 años cuando llegó por primera vez a Estados Unidos sin los documentos de ingreso y radicación requeridos.
Fue arrestado unas 16 veces por robos menores e infracciones, y deportado en ocho ocasiones. Sin embargo, regresaba periódicamente al vecino país del norte.
A diferencia de los casos de otros inmigrantes mexicanos en los que la ausencia de notificación consular al momento de su detención fue pieza clave en la estrategia jurídica de los defensores, este requisito fue cumplido después del arresto de Maturino.
La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, dictaminó a fines de marzo de 2004 que Estados Unidos violó los derechos de 51 mexicanos, en los respectivos casos que los llevaron a ser sentenciados a muerte, por no garantizarles la posibilidad de asistencia consular al momento de ser detenidos y procesados.
Gracias a esa resolución se evitó que ese mismo año se ejecutara en el estado de Oklahoma, vecino a Texas, al también inmigrante mexicano Osvaldo Torres, a quien se le conmutó la pena por cadena perpetua.
El resto de los inmigrantes condenados a la pena capital en Estados Unidos, a quienes no se les brindó asesoría consular, aguardan ahora la revisión de sus casos.
Amnistía Internacional sostiene que "la pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana o degradante" y constituye "una violación del derecho a la vida".
"La pena de muerte es irreversible y entraña el riesgo de que se ejecute a inocentes. No se ha podido demostrar nunca que la pena de muerte tenga mayor efecto disuasorio frente a la delincuencia que otros castigos", apunta la organización humanitaria.
En 2004 fueron ejecutadas al menos 3.797 personas en 25 países, 97 por ciento de ellas en China, Estados Unidos, Irán y Vietnam. En ese mismo año y en un total de 64 países, 7.395 fueron condenadas a muerte, según datos de un informe de Amnistía.
