Los traslados ilegales de prisioneros realizados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense continúan dando dolores de cabeza en España, donde los aviones hicieron escala de modo irregular, como se confirmó luego oficialmente.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) presentó este miércoles en Madrid un documento con 10 preguntas al gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español.
En el cuestionario se le pide que aclare expresamente si el gobierno ofrecerá garantías de que no se permitirá en el espacio aéreo o en el territorio español la presencia de aviones involucrados en las llamadas "entregas extraordinarias".
Fuentes gubernamentales españolas y del propio PSOE dijeron a IPS que se cumplirá y hará respetar la ley, en éstos u otros temas, lo que implica una negativa a que se realicen o pasen vuelos ilegales por su territorio, hagan escalas o no.
Lo que no aclararon es hasta dónde se llevarán las investigaciones sobre los operativos ilegales, ocurridos durante el gobierno del centroderechista José María Aznar (1996-2004).
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Eva Suárez Llanos, quien lleva este tema en AI, manifestó a IPS que la actitud del gobierno es positiva, pues está dando pasos adelante y muestra buena voluntad. Pero, agregó, todavía no ha aclarado si llevará adelante una investigación propia para llegar al fondo del asunto.
Otra actitud que Suárez Llanos consideró positiva es que el canciller Miguel Ángel Moratinos haya pedido voluntariamente asistir al Consejo de Europa para tratar el asunto y colaborar con el mismo para aclarar todo lo ocurrido en los países que directa o indirectamente fueron cómplices de esos traslados y, sobre todo, para evitar que esas cosas vuelvan a ocurrir.
Moratinos declaró el martes que "el propósito del gobierno de España es mantener plena transparencia sobre este caso".
La petición de la organización humanitaria con sede en Londres se agrega a una decisión similar del Congreso de los Diputados, aprobada el 5 de abril, para que el gobierno elabore un informe detallado con toda la información en su poder sobre el uso ilegal de aeropuertos españoles por parte de la CIA, directamente o a través de compañías aéreas privadas encubiertas.
Además, el Consejo de Europa aprobó el 7 de este mes un informe sobre "entregas extraordinarias" en Europa, en el que se indica que España podría haber tolerado, o haber sido negligente en su deber de supervisar esos vuelos, en los que se habrían utilizado aeropuertos españoles como "puntos de parada y descanso".
Este documento se basa fundamentalmente en registros de vuelos de aviones de la CIA desde y hacia Europa, así como sobre el testimonio de algunas de las víctimas de las entregas extraordinarias. Informaciones de prensa también indican que Estados Unidos administraba prisiones secretas en dos países de Europa oriental.
Pero el Parlamento Europeo, presidido por el español Josep Borrell, ha ido más allá y el martes aprobó una resolución en la que reitera al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el pedido de que a todos los presos se les debe dar un trato "conforme al derecho humanitario internacional".
Esa violación a los derechos de los detenidos se perpetró no sólo con los vuelos ilegales sino que también se siguen cometiendo en la base militar del enclave estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba, donde hay denuncias de torturas a los prisioneros, que además no cuentan el derecho de defensa y no son llevados ante tribunal alguno de justicia.
La declaración del Parlamento Europeo indica que, en el caso de que los presos sean inculpados, deben ser juzgados sin demora en una audiencia justa y pública por un tribunal nacional o internacional competente, independiente e imparcial.
Los eurodiputados "tomaron nota" de que los militares estadounidenses están haciendo "esfuerzos importantes" para el respeto de la ley, aunque señalaron que esa toma de nota "no soluciona el verdadero problema" que es "la violación del estado de derecho, del derecho internacional y de las normas internacionales en materia de derechos humanos".
Por otro lado, también en Estados Unidos se producen fuertes reacciones contra esas violaciones. En un comunicado distribuido el martes en ese país, un grupo de personalidades manifestaron que "cualquier política que permite la tortura y el trato inhumano es escandalosa e intolerable".
Consignaron, también, que una cosa es condenar la tortura en palabras, "pero permitirla en hechos".
Entre los firmantes se cuentan el ex presidente Jimmy Carter (1977-1981), el cardenal de Washington, Theodore McCarrick, el premio Nobel de la Paz Eli Wiesel, el teólogo Nicholas Wolstertoff, el rabino David Saperstein y el director de la Sociedad Islámica de América del Norte, Sayyid Syeed.
En España, el asunto ha pasado también al campo judicial, pues el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se declaró el lunes competente para investigar las posibles escalas en el español aeropuerto de Palma de Mallorca de vuelos de la CIA en traslado de presuntos terroristas detenidos.
Curiosamente, mientras el hoy opositor Partido Popular (PP), liderado por Aznar, niega cualquier responsabilidad por el paso de los aviones por este país durante su gobierno y no se pliega a las demandas de investigación, los representantes de centroderecha en el Parlamento Europeo, entre los que están los de esa agrupación española, se pronunciaron a favor, junto con otros sectores políticos.
Así el Grupo Popular Europeo, el Grupo Socialista Europeo, Los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea pidieron que Washington aclare si en Guantánamo estuvieron o siguen detenidos menores de edad, lo cual viola el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños.
Asimismo explicitaron que "el terrorismo actual y, en particular, el global dirigido contra los Estados y sus habitantes, constituye una amenaza contra los derechos humanos básicos y fundamentales de los que disfrutan nuestras sociedades".
Pero, añadieron, esa amenaza se la debe combatir con la ley en la mano, por lo que los eurodiputados solicitaron a la Unión Europea que adopte una posición sobre este tema y defina "una acción común en la que se inste al gobierno estadounidense a cerrar Guantánamo".
Desde AI se recuerda que Europa se presenta a menudo como un modelo de derechos humanos.
Empero, expresó a IPS Claudio Cordone, director general de investigación de esa agrupación civil, que, si la presión europea fuera efectiva, algunos hombres no estaría ahora padeciendo las heridas de la tortura en las celdas de cárceles de varios lugares del mundo".
España no está implicada directamente en la "entrega extraordinaria" de prisioneros, pero sí Alemania, Bosnia-Herzegovina, Gran Bretaña, Italia, Macedonia, Turquía y Suecia en al menos seis casos según AI.
El informe del Consejo de Europa indica que varios vuelos de la CIA hicieron escala o partieron de suelo español. Amnistía Internacional cifra en al menos 25 las ocasiones en que eso ocurrió en varios aeropuertos de este país.
Cuando se planteó por primera vez este temas a fines de 2005, Moratinos informó de 22 escalas de aviones de la CIA, pero aceptó en principio las afirmaciones estadounidenses de que "en ningún caso se infringió la legalidad española".
Ahora la palabra la tienen los tribunales y el Consejo Europeo, que se pronunciará este jueves, en Bruselas.
