El gobierno de Colombia amortiguó este viernes una sanción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la impunidad de numerosos asesinatos de sindicalistas y obreros, pero no pudo evitar que otro organismo multilateral le endilgara una severa reprimenda por los efectos del conflicto armado interno en la infancia.
En la cuestión laboral, las autoridades colombianas convinieron con sindicalistas y empresarios que la OIT renovaría su presencia en el país "a través de una representación permanente".
El giro empleado de "representación permanente" eludió el término crudo de "oficina" que equivale a una descalificación cuando la OIT abre ese tipo de dependencias en un país que se encuentra bajo escrutinio por violaciones graves.
El consejo de administración de la OIT encomendó en marzo pasado a la Conferencia Internacional del Trabajo, reunida desde el miércoles en esta ciudad suiza para su período anual de tres semanas de sesiones, que examinara seriamente la posibilidad de establecer una oficina en Colombia, como pedían en los últimos años los delegados de los trabajadores de ese país sudamericano.
El viceministro colombiano de Relaciones Laborales, Jorge León Sánchez, admitió que Colombia ha sido convocada por la OIT durante los últimos 21 años "a rendir examen en razón de circunstancias muy difíciles de violencia y de grandes conflictos laborales".
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Sánchez interpretó que el Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia, firmado el jueves y divulgado este viernes, "tiene un contenido histórico"..
Con ese documento, Colombia "queda excluida de la lista negra" de países violadores de los principios y las normas laborales, dijo el funcionario a IPS.
El acuerdo propone que la representación permanente de la OIT se ocupe de la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores, de los dirigentes sindicales y de sus organizaciones, especialmente en lo que concierne a la vida, a las libertades sindical, de asociación y de expresión y a la negociación colectiva, así como a la libre empresa para los empleadores.
Cleopatra Doumbia-Henry, directora de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, recordó que una misión tripartita de la agencia, que visitó Colombia en octubre, había recomendado la búsqueda de soluciones para afrontar la cuestión de la impunidad.
Este fenómeno emerge por virtud del elevado número de muertes de sindicalistas y trabajadores, que forma parte del problema más amplio de la impunidad de los crímenes en Colombia, a causa de la violencia en gran escala en el país, apuntó la funcionaria.
Sánchez estimó que la aplicación del acuerdo favorecería la disminución de la criminalidad y de la violencia contra los sindicalistas.
El gobierno colombiano aseguró que en el año pasado se registraron sólo 40 asesinatos de sindicalistas en el país, una cantidad inferior a las de años anteriores. En 2002 habían muerto de la misma manera 196 dirigentes y activistas obreros.
El viceministro descartó que la solicitud de una representación permanente pudiera considerarse como una censura al país. "El acuerdo debe ser considerado como una figura proactiva en la construcción de la sociedad, y las sanciones de la OIT tienen otro tipo de denominaciones y connotaciones", dijo.
Sánchez insistió en que el acuerdo no se refería "propiamente a una oficina", sino a una representación permanente de la OIT.
El término "oficina" siempre ha tenido connotación de sanción y está "macartizado", dijo Sánchez en alusión al descrédito que ocasionaban, en la década de 1950 en Estados Unidos, las acusaciones de comunismo proferidas por el senador Joseph McCarthy contra intelectuales y otras figuras de ese país.
Una delegación de la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas siguió en Ginebra el desarrollo de las negociaciones que concluyeron con la firma del acuerdo tripartito. Una integrante de ese grupo, la abogada Lina Malagón, dijo a IPS que antes de comentar el valor de ese convenio efectuaría consultas, pero posteriormente no respondió a las llamadas.
El acuerdo fue firmado por el viceministro Sánchez, los sindicalistas Carlos Rodríguez, Julio Roberto Gómez y Apecides Alvis, y por el delegado empresarial Luis Carlos Villegas.
La violencia de la guerra civil colombiana de medio siglo fue examinada también por el Comité de los Derechos del Niño, un organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargado de vigilar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde 1990.
El organismo, que concluyó este viernes su 42 periodo de sesiones, expresó seria preocupación por los persistentes y marcados efectos en víctimas infantiles de las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos y las matanzas que se producen como consecuencia del conflicto armado entre guerrillas izquierdistas y fuerzas gubernamentales y milicias paramilitares de ultraderecha.
"Los niños siguen siendo víctimas de desapariciones y de limpieza social, en especial a causa del estigma del desplazamiento interno", dijo el Comité en las recomendaciones formuladas al gobierno de Colombia.
El relator del organismo para el examen del caso colombiano, Jean Zermatten, observó que los desplazamientos forzados afectan a 1,7 millones de personas, de las cuales la mitad son niñas y niños.
El Comité declaró también su inquietud por los asesinatos de centenares de menores que se cometen en los últimos tiempos en las áreas de Ciudad Bolívar y Soacha, barrios pobres en los alrededores de Bogotá, la capital del país. También declaró que los vínculos entre funcionarios públicos y miembros de grupos armados ilegales, en especial paramilitares, no han sido todavía reprimidos.
El Comité, integrado por 18 expertos independientes, transmitió a Bogotá su preocupación porque los niños siguen siendo víctimas de torturas y de tratos crueles y degradantes. Aunque en este caso las mayores responsabilidades recaen sobre los grupos irregulares, funcionarios del Estado, incluidos militares, se encuentran involucrados en esos abusos.
El informe menciona un creciente número de niñas sometidas a violencia sexual, según numerosos informes de abusos cometidos por fuerzas militares.
Otro motivo de preocupación del Comité son las crecientes diferencias en los niveles de vida de ricos y pobres y el número en aumento de menores de edad colombianos que viven en la pobreza y la indigencia.
