El Congreso legislativo de Estados Unidos se apresta a aprobar un tratado de libre comercio con Omán, uno de sus más cercanos aliados del mundo árabe, que se verá obligado por el acuerdo a poner fin al boicot a las exportaciones de Israel.
El acuerdo ampliará el mercado para los productos estadounidenses en Omán, un pequeño país con enormes reservas de petróleo.
La firma de tratados de libre comercio de Estados Unidos con países árabes adquirió nuevo significado tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington. El gobierno de George W. Bush insiste que esos acuerdos mejorarán la seguridad de su país.
En 2003, el presidente Bush propuso un ambicioso plan para crear el Área de Libre Comercio de Medio Oriente (Mefta), que, de constituirse, vincularía a 22 países árabes con Estados Unidos y con Israel para 2013.
Activistas advierten que los acuerdos de libre comercio con Medio Oriente deberían condicionarse al respeto de esos países a principios laborales, de derechos humanos y ambientales hoy pasados por alto.
De cualquier manera, Estados Unidos considera el tratado como un triunfo de política exterior pues compromete a Omán a abandonar el boicot de la Liga Árabe a los productos israelíes, que comenzó en 1967 cuando el estado judío ocupó los territorios árabes de Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental.
Washington ha utilizado su influencia política y económica para hacer de la integración de Israel en el mundo árabe un pilar de su agenda comercial en la región..
El Congreso legislativo estadounidense insiste en que las naciones árabes que quieran expandir su comercio con el país norteamericano primero deben aceptar el ingreso de productos israelíes.
Hasta ahora, Washington ha firmado tratados de libre comercio con Barhein, Israel, Jordania y Marruecos. Los próximos en la lista podrían ser Egipto y Emiratos Árabes Unidos.
El año pasado, como parte de la negociación del acuerdo bilateral que abrió paso al ingreso de Arabia Saudita en la Organización Mundial del Comercio (OMC), Estados Unidos presionó a la familia real saudita para que dejara sin efecto parte del boicot a Israel.
También presionó al gobierno del presidente egipcio Hosni Mubarak, cuyo país fue el primero en establecer relaciones diplomáticas plenas con el estado judío, para que se comprometiera más con las zonas francas de procesamiento de exportaciones israelíes.
Funcionarios estadounidenses suelen citar las recomendaciones de la Comisión 11/9 —que investigó la responsabilidad de las autoridades en la imprevisión de los atentados— para argumentar en favor de la promoción de los lazos económicos, comerciales y de seguridad con los países de Medio Oriente para sentar las bases de nuevos convenios comerciales.
Las empresas estadounidenses también pusieron la mira en los beneficios económicos que les podrán traer dichos acuerdos.
De acuerdo con el tratado ya negociado, Omán, que ocupa el extremo sudoriental de la península Arábiga, accedió a abrir su mercado de tres millones de consumidores a los bienes y servicios de Estados Unidos.
También aceptó responsabilizarse de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual, facilitar la venta de empresas estatales y de realizar reformas legales que promuevan las inversiones extranjeras.
En el mensaje que envió el martes al Congreso con los términos del acuerdo, el presidente Bush señalaba que el pacto mostrará a "las otras naciones en desarrollo las ventajas de abrir sus mercados y aumentar el comercio", así como reforzará los vínculos con "una nación musulmana moderada".
Omán es un país relativamente pequeño, pero el convenio generó una férrea resistencia de organizaciones y activistas ambientalistas, defensores de derechos laborales y justicia social, quienes encontraron carencias en el tratado respecto de los derechos humanos y laborales.
El martes, 416 organizaciones estadounidenses e internacionales enviaron una carta al Congreso para condenar el acuerdo comercial por entender que fue redactado según el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan-Nafta), que hace 12 años vincula a Canadá, Estados Unidos y México.
Esas organizaciones, dentro de las que figura la principal central sindical del país, la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Sindicales (AFL-CIO), Citizens Trade Campaign, National Farmers Union y Sierra Club, lamentaron que el acuerdo con Omán no incluyera una protección ambiental y laboral creíble.
Además, alertaron que ese país podía convertirse en "una plataforma de exportación y explotación de trabajadores".
Omán, gobernado por el régimen autocrático del sultán Qaboos Bin Said, siempre ha tenido leyes laborales muy deficientes, similares a las de Jordania, país que también tiene un acuerdo de libre comercio con Washington y cuyos abusos se hicieron públicos tras un informe del centro de estudios sindical National Labour Committee, con sede en Washington.
Ese país árabe, y muchos otros a los que Washington echó el ojo para estrechar lazos comerciales, carecen de una legislación que cumpla con las normas ambientales internacionales.
El acuerdo no obliga a Omán a adherir a los tratados clave sobre la protección de especies y la biodiversidad. El acuerdo sólo prevé que el país respete su propia normativa ambiental.
Algunos legisladores del opositor Partido Demócrata que se unieron a las organizaciones críticas también señalaron su preocupación por el impacto que el tratado podría tener en el empleo y la economía de Estados Unidos.
"La legislación de Omán viola flagrantemente los derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la libertad de asociación y sindical y el derecho de negociación colectiva", sostuvo el representante Michael H. Michaud.
Michaud, junto a los representantes Linda Sanchez, Jan Schakowsky, Dale Kildee e Hilda Solis, hicieron saber su oposición al acuerdo el martes, en conferencia de prensa.
Las naciones árabes no permiten los sindicatos independientes y los llamados "comités de trabajadores" son estatales. Aun si existen, no pueden negociar salarios, horarios o condiciones de empleo.
Al igual que otros países petroleros del golfo Pérsico o Arábigo, Omán utiliza trabajadores extranjeros de los vecinos países de Bangladesh, Egipto e India, que componen 80 por ciento de la fuerza laboral en el sector privado.
Es en las empresas privadas de Omán, precisamente, donde se han extendido los abusos y cuyas condiciones de esclavitud han sido ampliamente denunciadas.
"Es profundamente decepcionante que el presidente Bush haya permitido el ingreso de bienes producidos sobre la base del trabajo esclavo, forzado o procedente del tráfico de personas para beneficiarse de un acuerdo de libre comercio", sostuvo en una declaración el líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid.
"No creo que los estadounidenses consideren bien que los productores extranjeros que utilizan prácticas laborales indignantes tengan la posibilidad beneficiarse de un trato especial en el mercado de Estados Unidos", señaló.
Algunos demócratas también criticaron el acuerdo por su posible repercusión en el déficit comercial de este país, que el año pasado alcanzó la cifra sin precedentes de 726.000 millones de dólares.
También señalaron que Estados Unidos ha perdido más de tres millones de empleos en el sector industrial, desde 1998, en parte a causa de este tipo de tratados de libre comercio y convenios similares.
"Al igual que el Tratado de Libre Comercio América Central-Estados Unidos (Cafta), el de Omán acelerará la pérdida de puestos de trabajo y disminuirá el nivel de vida en Estados Unidos, a la vez que aumentará la pobreza en las naciones con las cuales negocia", enfatizó Michaud.
