Roto el acuerdo amistoso entre el Estado colombiano y los sobrevivientes y familias de víctimas del exterminio a que fue sometida la izquierdista Unión Patriótica (UP) desde mediados de los años 80, se reabre el proceso que puede terminar en una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia.
"Insistimos por un acuerdo amistoso entre quienes sobrevivimos a los ataques del partido político UP y el Estado colombiano, pero no fue posible. Por lo tanto, el rompimiento se hizo efectivo", dijo a IPS la abogada Jahel Quiroga, directora de Reiniciar, la organización no gubernamental que representa a familiares de las víctimas y sobrevivientes de la UP.
Quiroga integra también el Grupo de Trabajo instalado en septiembre de 2001para buscar un entendimiento como paso obligado del proceso iniciado contra el Estado colombiano, y que avanza desde 1997 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad que como la Corte forma parte del sistema de la Organización de Estados Americanos.
El gobierno de Álvaro Uribe se comprometió en octubre de 2002 a continuar con el proceso de la solución amistosa.
Entre los argumentos para romper ese acuerdo, los demandantes señalan: "A lo largo del gobierno de Uribe se han registrado 136 asesinatos, 38 desapariciones forzadas y 28 intentos de homicidio contra los sobrevivientes de la Unión Patriótica. Esto sin contar los cientos de familias desplazadas, y las víctimas de montajes judiciales y otro tipo de violaciones cometidas especialmente en zonas rurales", según una declaración divulgada este viernes por la Coordinación Nacional de Víctimas y Familiares del genocidio contra la UP.
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Según Quiroga, "en los últimos días se ha acrecentado esta persecución en el departamento de Guaviare", sudoriente del país.
La UP surgió como parte de los acuerdos de paz del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como un intento de que éstas se integraran a la vida civil y política del país..
A la UP se sumaron movimientos regionales de distintas tendencias, políticos procedentes del liberalismo y el Partido Comunista, que tenía presencia nacional.
En su primera incursión electoral en 1986, la UP logró 14 representantes al Congreso legislativo, 18 diputados para 11 asambleas departamentales (cuerpos legislativos regionales) y 335 concejales municipales de 87 ciudades y aldeas.
Pero a finales de 1986 habían sido asesinados tres legisladores nacionales y uno regional, 11 concejales, un magistrado, 61 líderes políticos, 69 militantes de base, 24 guerrilleros que se habían acogido a la tregua y 34 simpatizantes.
El ex magistrado Jaime Pardo Leal se lanzó a la candidatura presidencial por la UP y obtuvo el mayor número de votos alcanzado hasta entonces por un partido diferente a los tradicionales Liberal y Conservador. El 11 de octubre de 1987 fue asesinado.
Quien lo sucedió como postulante presidencial, Bernardo Jaramillo, y el senador Manuel Cepeda Vargas fueron asesinados en 1990.
A lo largo de los años, el número de muertos y desaparecidos ascendió a 3.500. Los sobrevivientes de atentados a unos 1.000 y las víctimas indirectas a una cifra que no es posible establecer con exactitud, pero puede asegurarse que es muy alta.
En reiteradas denuncias públicas, los portavoces de la UP señalaron la responsabilidad en estos asesinatos de miembros de las Fuerzas Armadas y de milicias paramilitares ultraderechistas.
En 1997 sobrevivientes y familiares de las víctimas presentaron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la intención de que el Estado colombiano reconociera su responsabilidad.
En 2001 se instaló el Grupo de Trabajo con representación del Estado y los demandantes. Por el Estado están representados la Presidencia de la República, la cancillería, el Ministerio Público (procuraduría), la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y la Fiscalía General de la Nación.
Los peticionantes fueron representados por organizaciones no gubernamentales con reconocimiento por su trabajo en defensa de los derechos humanos, como la Comisión Colombiana de Juristas y Reiniciar, dirigida por Quiroga, integrante de la UP. El Partido Comunista fue representado por Carlos Lozano, director del periódico Voz y sujeto permanente de amenazas e intimidaciones dentro y fuera del país.
El llamado acuerdo amistoso tenía entre sus propósitos que el Estado colombiano presentara descargos en busca de una conciliación. Pero al no lograrse un acuerdo, "el caso pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, que emitirá un juicio que no favorecerá al Estado", aseguró Lozano a IPS.
En febrero de 2004, durante la primera reunión pública del Grupo de Trabajo, el vicepresidente Francisco Santos expresó su deseo de lograr una "solución amistosa que honre al Estado colombiano, antes de que concluya el actual gobierno", o sea en este año 2006.
Nada de esto ha ocurrido. Al contrario, en declaraciones recientes en uno de los canales privados de televisión, Santos aseguró que los muertos de la UP fueron víctimas del narcotráfico.
Durante la campaña para los comicios presidenciales del 28 de mayo, en los que Uribe obtuvo su reelección, su propaganda apeló a la imagen de un supuesto integrante de la UP.
En la cuña televisiva se afirmaba "Yo pertenecí a la UP. Me parecía un buen movimiento. Pero luego nos fuimos torciendo. Matar por matar. Hacer daño a los civiles. Matar civiles. Eso está mal hecho. Esta bien que usted los esté combatiendo. Por eso hoy en día lo apoyamos a usted con todas las que tenemos…. ¡Adelante, presidente!".
Los demandantes saben que "hay una comunicación firmada por la canciller Carolina Barco al vicepresidente Santos en la que resalta la importancia de llegar a un acuerdo", afirmó el periodista Lozano.
Esa comunicación fue enviada el 16 de junio. Pero ante la falta de respuesta del gobierno, los litigantes solicitaron su intervención a la Corte Interamericana mediante un mensaje de correo electrónico. Este viernes se envió el texto original, oficializando la solicitud, aseguró Quiroga.
Con ello se pretende que el Estado colombiano propicie la rehabilitación física y psicológica de los afectados, otorgue una indemnización económica a las familias de las víctimas y sobrevivientes y asegure las garantías necesarias para que cesen las violaciones a los derechos humanos de los integrantes o simpatizantes de la UP.
Se reclama también la restitución de la personería jurídica de la UP, que le fue sustraída por la resolución 5659 del 30 de septiembre de 2002 del Consejo Nacional Electoral, y apelada sin éxito por el representante legal del partido, Mario Upegui.
La abogada Quiroga aseguró a IPS que lamentaba no se hubiese logrado un acuerdo con el gobierno.
"Hicimos todos los esfuerzos para evitar llegar a la Corte. El Estado así responderá de manera obligatoria, pero hubiésemos preferido un acuerdo digno, respetuoso, que diera fin a la persecución constante de la que siguen siendo víctimas los miembros de la Unión Patriótica y el Partido Comunista en Colombia.
* Con aporte de Constanza Vieira (Colombia).
