A pocos días de que se borren las fronteras comerciales entre Guatemala y Estados Unidos, las organizaciones sociales temen que la calidad de vida de los guatemaltecos se deteriore, mientras gobierno y empresarios prevén inversiones, crecimiento y miles de nuevos empleos.
El Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, América Central y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) salvó el penúltimo obstáculo para su puesta en marcha en Guatemala, pues el Congreso legislativo aprobó este jueves la ley de implementación, que adapta la legislación nacional para cumplir las previsiones del acuerdo en materias como contrataciones públicas, comercio de servicios, sector financiero, protección de patentes y ambiente.
La semana próxima, el presidente Óscar Berger sancionará la ley, que entonces será enviada a Washington para su revisión por la Oficina del Representante de Comercio, que dará luz verde a la incorporación de Guatemala al tratado del que ya forman parte El Salvador, Honduras y Nicaragua.
El quinto miembro centroamericano del DR-Cafta es Costa Rica, que aún tiene pendiente la aprobación parlamentaria.
Además del libre comercio, el tratado ha traído la división a la sociedad guatemalteca. Desde que comenzaron las negociaciones, en enero de 2003, los movimientos campesino, sindical e indígena manifestaron una fuerte oposición, mientras los grandes empresarios, la industria exportadora y el gobierno defendían el acuerdo como la vía para atraer inversión extranjera y generar desarrollo.
El acuerdo establece una zona de libre comercio, sin aranceles, con el objetivo de aumentar el volumen de exportaciones entre Estados Unidos, cinco de los siete países de América Central y la República Dominicana. Facilita la circulación transfronteriza de mercancías y hace valer los derechos de propiedad intelectual en los Estados partes.
Estados Unidos ya es el primer socio comercial de Guatemala, cuyas ventas a ese país fueron de 917,9 millones en 2005. La vestimenta de algodón y de punto conforman las principales exportaciones guatemaltecas, seguido de las frutas tropicales y el café.
Según el ministro de Economía guatemalteco, Marcio Cuevas, el tratado garantizará el libre acceso a los mercados de productos nacionales como joyería, textiles, confecciones, calzado y atún enlatado. Además, mejorará el acceso del azúcar, el alcohol y los quesos.
Cuevas comparte las previsiones del Banco de Guatemala, según el cual en su primer año de vigencia, del tratado aumentará en 0,6 por ciento el crecimiento del producto interno bruto.
Pero no toda la producción guatemalteca corre con ventaja en el marco del DR- Cafta. El maíz, el frijol, el arroz, la carne de pollo, de cerdo y de bovino están considerados productos vulnerables a la invasión de alimentos más baratos procedentes de Estados Unidos, según un informe elaborado para el Congreso por Pablo Rodas Martín, director de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Los casos del maíz y del frijol son especialmente preocupantes, por ser cultivos de supervivencia para muchos guatemaltecos.
Los movimientos sociales y campesinos temen que los pequeños productores queden relegados ante los productos del Norte. No se oponen a la apertura de mercados, pero reclaman mejor acceso a los mismos.
Para el analista de la asociación Incidencia Democrática, Erwin Pérez, "aquellos que ya tienen capacidad financiera para vender a Estados Unidos, van a seguir haciéndolo, pero los campesinos con pocos recursos pueden encontrar más dificultades para colocar sus productos en el mercado local".
Para mitigar esos posibles efectos negativos, los partidos políticos acordaron aprobar un paquete de medidas de compensación antes de la puesta en marcha del tratado, pero durante el debate de la ley de implementación los diputados olvidaron su compromiso.
Entre esas medidas pendientes, el dirigente Carlos Barreda, del Colectivo de Organizaciones Sociales (COS), citó la reconversión agrícola, la mejora de las infraestructuras y de la protección social y el apoyo al cambio tecnológico.
Para tomar esas medidas, "el Estado necesita recursos que debe recaudar a través de impuestos sobre la renta, la propiedad y la tierra ociosa", precisó Barreda.
Ante estos temores, la cúpula empresarial, organizada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), respondió que con las inversiones "se crearán hasta 60.000 nuevos empleos formales y se ordenará el mercado, por lo que Estado, trabajadores y empresarios saldrán beneficiados".
Quienes viven de la economía informal también se verán dañados con la entrada en vigor del DR-Cafta. Más de 70 por ciento de los guatemaltecos se ganan la vida así, y el centro de la capital está abarrotado de puestos de ropa y calzado de imitación, así como de discos y películas falsificadas.
Pérez dijo a IPS que muchos puestos de trabajo peligran con la protección de la propiedad intelectual, y recordó que en El Salvador ya se han producido enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y vendedores ambulantes.
En lo que afecta a los medicamentos, el respeto irrestricto a la propiedad intelectual, implantado por el tratado, es fuente de críticas. Analistas como Pérez creen que las medicinas se encarecerán complicando el derecho a la salud de la población más pobre.
El tratado introduce la protección por cinco años de los resultados de investigación y pruebas clínicas de nuevos medicamentos, para que no puedan ser copiados. Hasta ahora, las leyes guatemaltecas, de acuerdo con lo dispuesto por la Organización Mundial del Comercio, no ofrecían ese blindaje a las medicinas registradas como nuevas en el país.
Hasta 40 fármacos contarán con la protección de datos, incluidos varios antirretrovirales empleados para combatir el virus del sida, sostuvo Luis Velásquez, dirigente de la Asociación de Industriales Farmacéuticos Guatemaltecos. Por tanto, el país no podrá producirlos como genéricos ni importarlos de otros países fabricantes, como Brasil o India, lo que elevará los precios.
Además, rige la protección de 20 años a las patentes de medicinas originales.
La embajada estadounidense ha asegurado que no tendría por qué producirse un encarecimiento de los medicamentos, y recordó que Estados Unidos es un gran consumidor de genéricos.
Si los asuntos negociados en el marco del DR-Cafta han generado controversia, también lo han hecho los omitidos. Juan García, dirigente del Comité de Migrantes en Acción, reprochó que "se garantice la libertad de movimientos del capital, pero no de trabajadores", y que el acuerdo no abordara el problema migratorio. "Tampoco se facilita el envío de remesas ni su aprovechamiento", agregó.
La polémica no acaba con la aprobación de la ley de implementación. En nombre de organizaciones de desarrollo, de defensa de los derechos humanos y de mujeres, el COS presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el tratado ante la Corte Constitucional, que se pronunciará en unos 20 días.
Las organizaciones civiles argumentan que el DR-Cafta viola el régimen económico y social del país, limitará el acceso a la salud, no ha sido consultado a la ciudadanía y no respeta las identidades de los pueblos indígenas.
La controversia envuelve también la forma en que el Poder Legislativo trató el asunto. Tras varios días de manifestaciones y disturbios en las calles, el 9 de marzo de 2005 el DR-Cafta fue ratificado de urgencia por el Congreso, con 126 votos a favor y 12 en contra.
El siguiente paso, la ley de implementación, quedó a merced de las disputas de los partidos políticos hasta el jueves 11 mayo, cuando en una sorpresiva jornada de más de ocho horas, se aprobaron la mitad de los capítulos de la norma.
Los movimientos sociales sospechan que la ley se desbloqueó mediante pactos secretos entre los diputados. Lucrecia Ardón, secretaria de la Mesa Global, que reúne a 27 de las organizaciones sociales más representativas, afirmó que "la víspera de la votación hubo pactos bajo la mesa para el reparto de poder y el aumento de los sueldos" de los legisladores.
El miércoles 10 fue un día agitado para los diputados guatemaltecos. Por un lado, se aprobó un aumento presupuestario equivalente a un millón de dólares, en principio para la compra de equipos informáticos para el Poder Legislativo, pero cuyo destino final fue pagar sueldos de asesores, personal temporal y dietas.
Simultáneamente, la directiva del Cacif presionaba por la aprobación de la ley y mantuvo reuniones con los diputados que votaron a favor del tratado en 2005. Mientras, en el Congreso se discutía el retiro de varios artículos que el gobierno había incluido en el proyecto, pero sin relación con el acuerdo comercial, lo que se materializó al día siguiente.
La diputada del opositor Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, dijo a IPS que durante la noche del miércoles, unos noventa legisladores fueron convocados a una reunión a la que no tuvieron acceso ni ella ni otros representantes de su sector.
Este jueves, la gobernante y conservadora Gran Alianza Nacional y el opositor y derechista Frente Republicano Guatemalteco del ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) sumaron votos para dar el empujón final a las barreras comerciales con Estados Unidos.
(
