Veintisiete años después de que la parlamentaria Consuelo Lleras radicó sin éxito un proyecto para legalizar el aborto en Colombia, la Corte Constitucional reconoció el derecho a interrumpir el embarazo en caso de violación, cuando esté en riesgo la vida o salud de la mujer o ante una malformación del feto que lo haga inviable.
Esas fueron las mismas causales planteadas por Lleras. El fallo incluye también casos "de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas", o de "incesto".
La mujer tendrá que contar con un certificado médico, cuando la interrupción esté relacionada con la salud, o deberá mediar una denuncia, en caso de violación.
La respuesta de la Iglesia Católica no se hizo esperar. En un país donde hasta las guerrillas marxistas, en armas hace 42 años, le temen a la excomunión, el cardenal Pedro Rubiano, presidente de la Conferencia Episcopal, anunció este jueves que la aplicaría para los cinco de nueve magistrados de la Corte que votaron afirmativamente el fallo: el ponente Jaime Araújo, Alfredo Beltrán, Manuel José Cepeda, Humberto Sierra y la única mujer, Clara Inés Vargas.
Otros tres votaron en contra. El ex ombudsman y presidente de la Corte, Jaime Córdoba, se había excusado por haber participado en la elaboración del código penal vigente.
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"Somos magistrados de una Corte en un país laico", dijo en respuesta a Radio Caracol el vicepresidente del cuerpo, Rodrigo Escobar.
"¡Le metimos un golazo a la sociedad!", gritó jubilosa el miércoles por la noche Marta González en la oficina bogotana de la abogada Mónica Roa, quien inició en abril de 2005 el proceso de demanda de los incisos y artículos de la ley colombiana que disponían penas de cárcel sin excepción para la mujer que incurriera en aborto.
Rodeada de feministas y de algunos hombres que se reunieron atropelladamente en la oficina de Roa para celebrar el fallo, González se vio a sí misma por televisión en entrevista concedida poco antes al periodista Yamid Amat, director del noticiero televisivo CMI.
Allí contó su historia esta mujer cabeza de una familia de cuatro hijas —de 17, siete y seis años y 22 meses— habitante de Cuba, un barrio popular de Pereira, capital del central departamento del Risaralda.
Cuando llevaba dos meses de embarazo de su hija menor, los médicos le detectaron un tumor de cáncer uterino de dos centímetros. Un tratamiento suponía poner fin al embarazo, y la ley colombiana le daba prelación a la vida del feto.
González quería abortar clandestinamente, como lo hacen entre 350.000 y 400.000 mujeres por año en este país andino, según estimaciones no oficiales. Pero su embarazo ya estaba registrado en el sistema de salud, y ella podía terminar en la cárcel, o la clínica que lo practicara perder la licencia.
Treinta y cuatro semanas después, el tumor ya medía ocho centímetros. Los médicos le dicen ahora que "no hay nada que hacer", el cáncer ha hecho metástasis y le quedan quizá meses de vida. La han pasado a tratamiento paliativo, con psicóloga y analgésicos.
Pero González cree mucho en Dios, piensa que la fe mueve montañas, y que Él decidirá hasta cuándo darle vida para cuidar de sus cuatro hijas. Cuando ella falte, de las más chicas se hará cargo la mayor.
González vive de hacer arepas (una torta de maíz típica de muchas regiones de Colombia), asea casas de familia, y los domingos trabaja como camarera en un hotel.
Ahora espera que a una amiga suya de 23 años, con dos meses de embarazo, un hijo y el mismo cáncer, se le permita abortar.
Treinta por ciento de las colombianas que alguna vez estuvieron embarazadas han recurrido al aborto, y la proporción aumenta a 44 por ciento en menores de 19 años, según el Centro de Investigación sobre Dinámica Social de la Universidad Externado de Colombia.
El Ministerio de Protección Social reconoce el aborto como la tercera causa de mortalidad materna, con 17 por ciento de los casos. Pero son las mujeres de bajos recursos las que suelen poner en riesgo su vida por abortar en lugares sin condiciones higiénicas adecuadas y por personas sin formación médica.
Reducir en tres cuartos la mortalidad materna entre 1990 y 2015 forma parte de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio a los que Colombia se comprometió, como el resto de la comunidad internacional, en septiembre de 2000.
El Estado no lleva la estadística de las mujeres que se hubieran podido salvar de la muerte de haber abortado para recibir un tratamiento, como González. Cuando ella muera, su deceso quedará registrado como causado por el cáncer.
En el plano continental, este país era hasta el miércoles "uno de los más retrógrados, junto con Chile y El Salvador, que no tienen ninguna excepción en la penalización del aborto", dijo a IPS la abogada Roa, de Women's Link Worldwide (Enlace Internacional de Mujeres) una joven organización con sedes apenas en Madrid y Colombia.
"Nuestras antecesoras feministas fueron muy exitosas en lograr que los derechos de las mujeres estuvieran reconocidos en tratados internacionales y en las constituciones, pero nosotras creíamos que había que dar el paso siguiente: trabajar con las personas encargadas de que esos derechos afecten realmente la vida de las mujeres, que son los jueces. Esa es la razón por la cual nos interesa mucho llevar casos ante tribunales", explicó.
Roa cree a pie juntillas que la Corte Constitucional no falla siguiendo índices de popularidad y en cambio sí lo hace por argumentos "jurídicamente relevantes", como los que ella presentó.
"Los argumentos constitucionales eran clarísimos desde el comienzo", subrayó.
Sin embargo, "la Corte se siente más cómoda en dar una decisión" ante el respaldo de las encuestas, según las cuales, en promedio, 54 por ciento de los colombianos apoyan la despenalización en estos casos.
En el proceso de poco más de un año desde que Roa presentó el caso ante la Corte Constitucional, obtuvo el apoyo de la Procuraduría (ministerio público), la Defensoría del Pueblo (ombusdman) y la Academia Nacional de Medicina.
El Ministerio de Protección Social cambió, en ese lapso, un concepto negativo inicial presentado a la Corte que invocaba los derechos del feto y las razones de la Iglesia Católica, por otro favorable, que reconoció el aborto clandestino como un problema de salud pública.
En mayo de 2005, 85 por ciento de la opinión pública consultada en encuestas estaba en contra de cualquier forma de despenalización del aborto.
"Ese cambio en el pensamiento de la opinión pública colombiana es el resultado de que los mensajes llegaron. Que supimos separar el debate moral del debate de salud pública y de derechos humanos que queríamos dar", agregó Roa.
No fue fácil. Desde mediados de los años 70, el debate siempre había sido religioso "y la fuente de los periodistas siempre era el monseñor de turno. Romper con eso fue, para los medios, no difícil, pero sí fue pensado. Fue toda una estrategia", reconoció.
Hace un año, los periodistas "le consultaban a monseñor. Pero a medida que fue pasando el tiempo, lo hacían cada vez menos", dijo Roa.
En abril, el episcopado de este país de fuerte raigambre católica sacó en procesión contra el aborto a una de las imágenes más veneradas, una copia del célebre Niño Jesús de Praga, conocido aquí como el Divino Niño.
La enorme muchedumbre que se agolpó para ver pasar la imagen debió hacer palidecer de envidia, sin excepción, a todos los candidatos presidenciales que someterán su nombre en las elecciones del 28 de mayo.
Antes de las elecciones parlamentarias de marzo, la jerarquía católica había advertido a sus feligreses que debían votar en contra de los políticos que promovieran el derecho al aborto.
"La Iglesia está en su derecho de influir sobre la esfera privada de los católicos, pero la demanda constitucional interpuesta corresponde a la esfera pública, donde el Estado está en la obligación de garantizar el acceso y ejercicio de sus derechos a todas y cada una de las ciudadanas y ciudadanos", advirtió entonces Roa en un escrito enviado a IPS.
La abogada también consideró ilegal una campaña promovida en centros educativos dirigidos por religiosos, en la que se presionaba a niños, incluso de seis y siete años, a enviar cartas y dibujos a la Corte Constitucional en contra de "las mamás que quieren asesinar a sus hijitos".
¿Qué sigue ahora? "Que la decisión de la Corte no se quede en el papel. Asegurarnos de que el Ministerio de Protección Social siga comprometido con el tema y pase una reglamentación que garantice realmente el acceso de las mujeres al servicio", según Roa.
También, "que las mujeres sepan qué hacer, que las obligaciones queden claras para los diferentes actores que están involucrados en el proceso, (…) que las reglas del juego sean claras para que la decisión de la Corte realmente afecte positivamente la vida de las mujeres", puntualizó la jurista feminista.
