«¡Si están de acuerdo, firmen el decreto!», dijo a sus ministros el presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, en la madrugada del 1 de mayo. Estaba nacionalizando un negocio que moverá 200.000 millones de dólares en las próximas dos décadas en el país más pobre de América del Sur. Uno de los estrategas de la medida relató el proceso a IPS.
Firmas, aplausos y el himno nacional. Tras el último verso ("Morir antes que esclavos vivir"), Morales sonrió y agregó: "El avión nos espera".
Unos pocos colaboradores sabían de la operación militar de toma de campos petroleros y del viaje del mandatario con sus boquiabiertos ministros en una aeronave Hércules hasta la región de Caraparí, 1.200 kilómetros al sur.
Cuando Morales llegó a las puertas de la central gasífera de San Alberto, controlada hasta ese día por el consorcio estatal brasileño Petrobras, los empleados lo recibieron con sonrisas y le preguntaron cuál era el área operativa que deseaba visitar.
Pero el presidente llegaba para tomar posesión de las instalaciones y del yacimiento, algo que su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva le reprocharía poco después.
Un día antes, otro ejército, pero de ingenieros petroleros, se desplazó silenciosamente a las plantas y yacimientos, con el pretexto de realizar tareas de fiscalización, aunque la cantidad de personal era mayor a la habitual.
"Nuevos profesionales acompañan a los antiguos para ganar experiencia en el terreno", tranquilizaron los funcionarios a los vigilantes de las compañías petroleras extranjeras. La misión secreta de los técnicos estatales era actuar de emergencia, en caso de que las empresas decidieran suspender la extracción y suministro de energéticos a la población.
Esta historia casi desconocida fue relatada a IPS por uno de los seis responsables de la sigilosa nacionalización, Manuel Morales Olivera, asesor general de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e hijo del abogado Manuel Morales Dávila, quien había estado 42 días preso en 1996 tras acusar al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de traición a la patria por privatizar el petróleo.
El decreto 28.701 devuelve al Estado la propiedad y control de los hidrocarburos, en cumplimiento del referendo de 2004 y de dos artículos de la Constitución, ordena la entrega de toda la producción a YPFB y establece un plazo de 180 días para que las compañías extranjeras negocien contratos bajo las nuevas normas de juego.
El texto reafirma la nulidad de contratos anteriores, pues no fueron refrendados por el Poder Legislativo, y establece las condiciones de las operaciones para el periodo de transición, durante el cual el Ministerio de Hidrocarburos determinará "caso por caso y mediante auditorías" las inversiones, amortizaciones, costos de operación y rentabilidad de cada empresa.
El resultado de dichas auditorías servirá de base para fijar las condiciones contractuales.
Mientras tanto, el valor de la producción de los campos con más de 100 millones de pies cúbicos de gas diarios se distribuirá en 82 por ciento para el Estado (18 por ciento de regalías y participaciones, 32 por ciento de Impuesto Directo a los Hidrocarburos y 32 por ciento como participación adicional para YPFB) y 18 por ciento para las compañías.
Para los yacimientos con una explotación menor, "durante el periodo de transición, se mantendrá la actual distribución del valor de la producción de hidrocarburos" de 50 por ciento para el Estado y para los privados, afirma el decreto.
Para asegurar la continuidad de la distribución, el decreto dispone la nacionalización de "las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el 50 por ciento más 1 en las empresas" que habían pasado a manos de corporaciones extranjeras.
La elaboración del documento tiene su origen en la segunda mitad de 2002, después de que el ahora gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y Evo Morales obtuvieron el segundo lugar en los comicios a escasos 20.000 votos de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), ejecutor de un amplio programa de privatizaciones.
El padre del actual asesor de YPFB, Morales Dávila, recibió el mandato de preparar el primer proyecto de nacionalización de hidrocarburos del MAS, presentado en octubre de 2002 al Congreso legislativo, con el respaldo de 30 parlamentarios y el apoyo de 10 organizaciones sindicales, pero esa fuerza era aún insuficiente, recordó Morales Olivera.
"Soy por naturaleza filósofo, por historia un político y por necesidad del proceso boliviano me vinculé al tema de hidrocarburos", dijo el asesor.
Reclinado en un sillón de su domicilio de un barrio de clase media, con el cigarrillo humeante entre los dedos y frente a una estilizada imagen del guerrillero argentino-cubano, Ernesto Che Guevara, el ideólogo de la tercera nacionalización del petróleo respondió a las preguntas de IPS.
—¿Cuál es la corriente de pensamiento que predomina en el MAS para nacionalizar los hidrocarburos?
—La primera vertiente nace de la recuperación del territorio y poder de los pueblos originarios. Es la reconquista del espacio, tierra, aire, la lógica de vida y su cosmovisión. Esta nacionalización somete el capital a los intereses de la nación en lugar de expropiarlo. Como decía Evo Morales, queremos socios y no patrones. Esto explica la gran presencia de las Fuerzas Armadas. Si alguna empresa rechazaba la decisión, en ese mismo instante las Fuerzas Armadas y los profesionales tomaban control de las operaciones. Fue una acción de fuerza.
—Un marxista cuestionaría los motivos por los cuales no se confiscaron los bienes de las petroleras.
—En el caso del gas y petróleo, lo que le otorga valor no es el trabajo incorporado sino el valor de uso representado por la fuente de la riqueza.
—A diez años de la privatización de los hidrocarburos, la idea de lo que fue una empresa estatal del petróleo parece en el olvido. ¿Cuáles eran las tareas de YPFB?
—Operaba en toda la cadena productiva. Era propietaria del petróleo que se extraía de los campos, abastecía al mercado interno y exportaba gas a Argentina. Operaban empresas extranjeras, pero estaban subordinadas al control de YPFB. El Estado recibía regalías, participaciones complementarias y otros mecanismos por los cuales se obtenía 50 por ciento del valor de la producción. Tras la privatización, se desarticuló la empresa estatal y se limitaron sus funciones a la administración de contratos. Tenía prohibido por ley "tocar petróleo y oler gas". Las empresas privadas tomaron la organización, el sentido y la dirección del sector. Estaban dispuestas a captar 5.000 millones de dólares para exportar gas natural como materia prima (a estados Unidos y México), pero eran incapaces de invertir 40 millones de dólares en un gasoducto para abastecer al occidente del país. Por ejemplo, tenemos un difícil equilibrio entre la (poca) producción y (la gran) demanda de gas licuado de petróleo, pero exportamos gas natural rico en gas licuado.
—¿Cuál era el aporte de YPFB al Estado antes de su privatización?
—YPFB aportaba 400 millones de dólares por año, pero desde 1993, durante el gobierno de Sánchez de Lozada, comienza a declinar su participación y empiezan a matar a YPFB afirmando que era una empresa ineficiente.
—¿Durante la privatización, cuál fue el aporte de las empresas privadas?
—No superaba los 100 millones de dólares y en algunos años aportaron 10 millones de dólares. Tras el fortalecimiento del movimiento popular, en octubre de 2003, las empresas extranjeras aumentan sus aportes, aceptan las decisiones del gobierno sobre sus actividades y fijan un precio al barril de petróleo para el mercado interno. Para evitar un incremento de precios en la gasolina de consumo local, el gobierno pagaba la diferencia entre el precio internacional y el precio subvencionado a través de un mecanismo de compensación. Las petroleras nos prestaban dinero para comprarles nuestra propia gasolina a precio internacional con una tasa comercial de 8 por ciento anual.
—¿Qué sucedería si las empresas deciden retirarse del país?
—En el sector petrolero, las empresas no podrían retirar su inversión de inmediato, y si decidieran hacerlo, deben transferir sus instalaciones, ductos y otros bienes a nuevas compañías, y en este momento existen interesadas en comprarlos. Las nuevas empresas vendrán a un escenario con nuevas condiciones y sabiendo que aquí el Estado y los bolivianos decidimos. En el pasado nos dijeron que el pago de 50 por ciento de impuestos ocasionaría un bloqueo económico y la muerte de la industria petrolera, pero ahora que se aplica el 82 por ciento de impuestos en los campos San Alberto y San Antonio (de Petrobras), nadie dijo que morirán porque sabemos que aún así logran utilidades. Los dos megacampos producían alrededor de 940 millones de dólares anuales y (desde la Ley de Hidrocarburos, en septiembre de 2005) debían tributar la mitad, 470 millones de dólares. Ahora aportarán 780 millones de dólares por año, aproximadamente.
—¿Cómo procederán en caso de una demanda en un tribunal arbitral?
—No tienen contratos válidos para demandarnos. Y si lo hicieran, el Estado boliviano puede negarse a responder a un tribunal arbitral. Aunque continúe el proceso en rebeldía, y si de aquí a siete años nos ganan, preguntaríamos ingenuamente: ¿Cómo harán cumplir los laudos? No hay laudo arbitral contrario a un Estado soberano que haya sido ejecutado a la fuerza, y no existe legislación internacional que determine un mecanismo para cobrar un laudo arbitral contra un Estado. La mayoría de países tiene arbitrajes. Brasil, Argentina y Cuba, y no se caen y no son bloqueados.
—¿El Estado boliviano no pecó de oportunista al nacionalizar un negocio al que se habían inyectado 3.500 millones de dólares de inversión desde 1996? En apariencia echaron al equipo contrario y se quedaron con su balón.
—Nosotros teníamos nuestro equipo y vino un director técnico que reemplazó a los jugadores con extranjeros. Se quedó con nuestro balón, con la cancha y se hizo dueño del juego. El balón y la cancha vuelven a ser nuestros, y el jugador extranjero se somete al nuevo director técnico. Una auditoría determinará si existió esa inversión y si la recuperaron total o parcialmente.
—¿Cómo se garantizará en el futuro que los movimientos sociales no influyan nuevamente en un cambio de reglas a la inversión extranjera?
—Estamos seguros de que más de 80 por ciento de la población está de acuerdo con la nacionalización que nació del referéndum de julio de 2004, en el cual nos ordenaban recuperar la propiedad de los hidrocarburos. Vamos a ser durísimos con las empresas, pero garantizaremos contratos seguros. Se someten o se van.
—¿YPFB volverá a ser actor de la cadena productiva?
—El 32 por ciento de San Alberto y San Antonio serán destinados a YPFB, que se convierte en sujeto de crédito y socio fuerte para una inversión. Más temprano que tarde, el pueblo recibirá noticias que la empresa estatal volverá a realizar tareas de exploración. Nacionalizar toda la cadena productiva habría sido un salto al vacío. Al día siguiente se habría paralizado el suministro de carburantes. La nacionalización del 51 por ciento de las empresas que pertenecieron a YPFB antes de la privatización, garantizó la continuidad de todas las operaciones.
—¿En qué medida influyó el modelo venezolano?
—Este régimen es diferente al que los hermanos de Venezuela aplican. Al margen de acusaciones fáciles sobre una decisión influenciada, los expertos del sector saben que el concepto de asociaciones mixtas es diferente al modelo boliviano.
—¿Cuba aportó ideológicamente al proceso de nacionalización?
—Cuba significa un faro de guía para los movimientos sociales latinoamericanos, pero en cuanto al sector petrolero, nuestro estilo es diferente. En el caso cubano, el Estado comercializa una parte de la producción, mientras en Bolivia el Estado se encarga de comercializar el 100 por ciento.
—Los medios de prensa informaron de la interpelación a Morales de los presidentes Lula, de Brasil, y Néstor Kirchner, de Argentina, por la nacionalización sin aviso. ¿Cuál es su opinión?
—En la cumbre de presidentes de Iguazú, las tres grandes economías de América Latina (incluida Venezuela) tuvieron que reconocer el derecho soberano de Bolivia a decidir sobre sus recursos naturales. Desde ahora se cuenta con un nuevo actor importante para negociar: el Estado y el gobierno.
—¿Cuánto influyó la demanda urgente de gas natural en Brasil y Argentina para dar el paso definitivo?
—Se analizaron las condiciones del mercado y la coyuntura regional e internacional del sector, lo que permitió decisiones firmes y atrevidas. El verdadero atrevimiento es haber tenido el coraje de tomar medidas soberanas sin consultar a Brasil, Argentina, Estados Unidos y la Comunidad Europea.
