El gobierno de Bolivia negocia con empresarios y organizaciones sociales agrarias el alcance de una nueva distribución de tierras para el campesinado pobre. Empero, expertos advierten que la entrega de pequeñas parcelas con limitada capacidad productiva puede significar un retroceso para el país.
Indígenas y mujeres encabezan la lista de futuros beneficiarios con el reparto de las primeras dos millones de hectáreas de tierras del total de 4,5 millones que el gobierno izquierdista de Evo Morales identificó como de propiedad estatal, antes de ingresar en el proceso de saneamiento y expropiación de parcelas improductivas y acumuladas con fines estrictamente comerciales.
La regularización y entrega de estas reservas fiscales, previstas en su momento para proyectos forestales y de otra naturaleza, precederán a las confiscaciones de predios privados ociosos y sólo destinados a su comercialización, establecidas en el plan oficial de reparto equitativo de tierras para trabajar.
Luego de 53 años de concretada la primera reforma agraria y de una década desde el drástico cambio en materia de legislación de tierras, llegó el turno de la puesta en marcha de un modelo de desarrollo agrario que protege y fomenta tres plataformas productivas: comunitaria, pequeño-campesina y agroindustrial.
El gobierno de Morales, el primer presidente indígena en la historia de Bolivia y que asumió en enero, anunció el 16 de este mes un plan que implica modificar la ley de reforma agraria y la elaboración de seis decretos que completarán el nuevo esquema normativo de tenencia de tierras y producción agropecuaria.
[related_articles]
El siguiente paso fue convocar un diálogo con todos los sectores involucrados antes de promulgar las nuevas disposiciones y la acción de confiscación de tierras. Empero, en los anuncios aún no se incluyeron elementos de asistencia al desarrollo del campo, como créditos o entrega de maquinaria.
Según últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas, 63 por ciento de los 9,2 millones de bolivianos viven en la pobreza, flagelo que se acentúa en las zonas rurales, donde ese indicador trepa hasta 79,5 por ciento de la población.
Aunque no existe un dato exacto de las personas que demandan tierras productivas, el analista Omar Quiroga, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, indicó a IPS que dirigentes de organizaciones indígenas registraron 22.000 familias sin propiedades o con tierra insuficiente sólo en el oriental departamento de Santa Cruz.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, expresó la urgencia del nuevo gobierno por incorporar a la actividad productiva a un sector que representa a 40 por ciento de la economía comunitaria y campesina, conformada por 650.000 familias que viven con un ingreso menor a 600 dólares por año.
Desde octubre de 1996 y hasta abril pasado, el estatal Instituto Nacional de Reforma Agraria invirtió casi 100 millones de dólares para regularizar apenas 17 por ciento de las 107,5 millones de hectáreas registradas con potencial agrícola que la ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria ordenaba completar en 10 años, según datos del Viceministerio de Tierras.
El gobierno de Morales se propone concluir en nueve meses una labor que ya lleva nueve años y cinco meses.
Sus estimaciones señalan que al finalizar el proceso quedarán disponibles unos 14 millones de hectáreas en las llanuras de los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, una amplia región septentrional que nace en el oeste y se amplía hacia el este del país, y en los sureños de Chuquisaca y Tarija, incluyendo las que serán confiscadas para su distribución.
La propiedad de la tierra en Bolivia tiene singulares características. Tras la reforma agraria de 1953, las grandes haciendas de la zona occidental y de los valles fueron distribuidas entre los campesinos y en medio siglo han pasado de generación en generación fragmentándose al punto de que hoy se conocen casos de propietarios con espacio hasta para sólo un surco.
En la época de la primera reforma agraria, la zona occidental era el sustento económico de Bolivia, con la minería de la plata y el estaño en pleno auge, mientras que el oriente y nororiente comenzaron a cobrar fuerzas sólo en los años 60, cuando se inicia la búsqueda de la tierra prometida por parte de jóvenes y de familias de inmigrantes europeos y asiáticos.
Empero, las dictaduras que se alternaron desde 1964 a 1978, con cortos periodos democráticos, cambiaron el curso de la agricultura en el este con la asignación de las mejores tierras a familias influyentes y parientes de los gobernantes de turno, lo cual condujo a una concentración de latifundios en pocas manos.
Esa vasta región en las llanuras de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Chuquisaca, con propiedades de hasta 50.000 hectáreas, es la que hoy está en la mira del gobierno.
Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que en esa zona del país sólo 100 familias poseen 25 millones de hectáreas, mientras que dos millones de familias campesinas apenas tienen acceso a cinco millones de hectáreas.
El sociólogo Joaquín Saravia, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, opina que una distribución simple de tierras no resolverá la problemática de la pobreza, ante lo cual propone un plan de desarrollo con criterios económico, ecológico, político y administrativo vinculados a la creación de grandes regiones productoras.
Hallar la virtud productiva de las regiones, unirlas para generar una producción agrícola intensiva con apoyo tecnológico y de créditos, puede evitar un retroceso histórico a los años 50, cuando se distribuyeron parcelas a familias campesinas que terminaron por fragmentar la propiedad rural hasta casi su extinción, explicó a IPS.
Por su parte, Enrique Ormachea, analista de temas agrarios del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, advirtió que "las pocas tierras fiscales a ser distribuidas se encuentran en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando y las poblaciones campesinas de esa zona son las que tendrán prioridad".
Pero ¿qué pasará con los campesinos de tierras altas, donde se concentra la gran mayoría de la pobreza?", interrogó el experto ante la consulta de IPS.
La distribución de tierras de 1953 afectó a los latifundios de la región altiplánica (tierras altas) y en los valles, que comprenden a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, en el oeste, centro y sudoeste del país. Ello provocó que en la actualidad las tierras a repartir sean escasas.
Ormachea teme por el futuro de los campesinos del altiplano, que ya no encuentran tierras y se ven forzados a emigrar a las ciudades para emplearse como mano de obra barata y no calificada. Hasta el momento, el gobierno no anunció un plan de traslado de familias o política poblacional relacionada con el paso que anuncia en materia de reforma agraria.
Saravia coincide con Ormachea al señalar que "la pequeña propiedad parcelaria es la fuente de la miseria de varios sectores campesinos".
"Por ello no basta con dotarlos de pequeñas parcelas sino que lo que corresponde es conformar una gran granja colectiva (propiedad social) en la cual pueda ser posible la introducción de tecnología para aumentar la productividad", abundó.
Ormachea refuerza sus observaciones en la ley de acumulación de capital en el sector agrícola, que implica la concentración de la tierra en pocas manos a costa de la desaparición de la pequeña propiedad campesina.
Quiroga, a su vez, remarcó la urgencia de aplicar un programa gubernamental amplio, que incluya asistencia técnica, infraestructura productiva, dotación de maquinaria agrícola a través de cooperativas, acceso al crédito en condiciones ventajosas y mercados asegurados para los productores.
Sin embargo, anticipa una lucha por la tierra entre campesinos, indígenas y empresarios agropecuarios.
"Las asociaciones de propietarios y de un sector de pequeños productores están siendo dirigidas por malos empresarios o pseudoempresarios que se dedicaron a desfalcar entidades bancarias con créditos vinculados (otorgados a los socios de los bancos) o simplemente con el no pago de los mismos", afirmó Quiroga.
El gobierno también asegura que muchas tierras fueron empleadas como garantía para obtener créditos comerciales luego impagos, que llevó a la quiebra a entidades financieras. El Estado aún trata de recuperar deudas contraídas a comienzo de los años 90 por influyentes empresarios por unos 70 millones de dólares.
Estos dos especialistas prevén también problemas en la elección de beneficiarios.
El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe Quispe, líder de la región occidental, cuestiona el plan del gobierno, porque entiende que se orienta a concertar con "latifundistas y terratenientes que, históricamente explotaron a los campesinos".
Por el momento, Quispe no llamó a la toma de tierras privadas, como sí lo ha hecho una fracción del denominado Movimiento sin Tierra (MST), de acotada convocatoria y hoy dividido entre un ala cercana al gobierno y otra de oposición radical.
