Cada día cobra más fuerza el reclamo de organizaciones sociales de Chile contra la firma española Endesa y su proyecto de construir cuatro centrales hidroeléctricas en la Patagonia, que implicará inundar unas 10.000 hectáreas.
"El conflicto está muy polarizado. En un comienzo las organizaciones ciudadanas y ambientalistas optaron por informarse y estudiar el proyecto de Endesa, pero a medida que la empresa, en forma bastante confusa, fue entregando información más concreta, hemos pasado del cuestionamiento a la franca oposición", dijo a IPS Juan Pablo Orrego, director de la no gubernamental Ecosistemas.
El centro de la polémica se sitúa en la décimoprimera región de Aysén, 2.000 kilómetros al sur de Santiago, donde Endesa Chile, filial de la compañía transnacional española del mismo nombre, planea construir las cuatro represas, con una inversión de 3.000 millones de dólares.
Estas obras podrían realizarse en conjunto con la firma local de electricidad Colbún, de propiedad de la poderosa familia Matte.
El Proyecto Hidroeléctrico Aysén se llevaría a cabo en los ríos Baker, el más caudaloso de Chile, y Pascua, inundando unas 10.000 hectáreas de territorios prístinos, destruyendo numerosos humedales e impactando en el hábitat de especies en peligro de extinción..
La coalición opositora al proyecto de Endesa, que actúa tanto en Santiago como en el sur del país, está integrada por la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia, el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y la Fauna (Codeff), la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) y Ecosistemas, entre otras instituciones.
Se calcula que las cuatro centrales proyectadas generarán 2.400 megavatios en total para el Sistema Interconectado Central (SIC), que cubre el área más poblada de Chile, en nueve de sus 13 regiones.
Endesa tiene programado comenzar la construcción de la primera central hidroeléctrica en 2008, para ponerla en marcha en 2012. La última esta planificada para 2018.
"Estamos preocupados por el impacto en la vida social, cultural y económica de los patagones y antiguos colonos de la décimo primera región", dijo a IPS Marco Díaz, presidente y fundador de la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia, que congrega a unas 500 personas, principalmente campesinos que verían inundados sus terrenos.
"Es una zona tranquila, donde no hay delincuencia, alcoholismo ni drogadicción. En (la ciudad de) Cochrane vivimos 2.800 personas y Endesa pretende traer 4.000 trabajadores, que tienen otras culturas y costumbres. Con sólo 50 de ellos, hace unos días se registraron desórdenes en una discoteca", añadió Díaz.
Por su parte, Orrego ya tiene experiencia sobre lo que significa enfrentarse a Endesa, ya que durante 11 años participó en la resistencia al emblemático proyecto Ralco, la central hidroeléctrica construida por la firma en el río Bío-Bío, ubicado unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
Ralco, que tiene capacidad de generación de 570 megavatios, entró en operación en septiembre de 2004, después de un largo conflicto con ambientalistas e indígenas, que significó el despojo de las tierras a 92 familias pehuenches, una rama de la etnia mapuche.
"Con la incorporación al SIC de nuevos proyectos mineros, la tasa de crecimiento de la demanda (energética) en el periodo 2008-2017 se situará en torno a 6,8 por ciento. Durante los próximos 10 años la demanda se duplicará y se triplicará al cabo de 20 años", según un documento en que Endesa explica el proyecto de la Patagonia.
Este debate se da precisamente cuando Chile enfrenta una posible crisis energética, provocada por los recortes en el suministro de gas natural desde Argentina, a causa del aumento de la demanda en ese país y la falta de inversiones para incrementar la producción, lo que se suma a la escasez de lluvias y el alto precio internacional del petróleo.
Aunque la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, ha asegurado que no habrá cortes de luz durante 2006, sí está previsto un aumento de las tarifas de electricidad.
Para Endesa, en cambio, las ventajas del proyecto son evidentes. Además de aplacar la demanda energética del país, la firma asegura que se desarrollará la economía local, creará 4.000 nuevos puestos de trabajo, proporcionará fluido más barato para la zona, invertirá en escuelas y hospitales y mejorará la infraestructura vial y de telecomunicaciones.
A pesar de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) todavía no aprobó la concesión por dos años que solicitó Endesa para realizar estudios de prospección, la empresa ya está operando gracias a la autorización de algunos residentes del lugar, consentimientos que según los ambientalistas se han obtenido de forma irregular.
"Endesa ya ha ingresado a 140 predios para hacer sondeos, teniendo más de la mitad de los estudios que necesita. Al principio llegaban diciendo que era un proyecto del país, por lo que se debía autorizar gratuitamente. Pero como hemos ido informando a la gente, ahora por lo menos están pagando", explicó Díaz.
Sin embargo, Díaz denunció la violación de la propiedad de una familia que no permitió la entrada de los trabajadores de la compañía.
"Cuando esa familia abandonó momentáneamente el predio para las elecciones presidenciales de diciembre, helicópteros de Endesa irrumpieron sin permiso. Se presentó una denuncia y la empresa tuvo que pagar una gran suma para que desistiera del juicio. Ese es el 'modus operandi' de Endesa".
Ecologistas y residentes presentaron 120 oposiciones a que Endesa explore las cuencas de la región, a las cuales la SEC respondería en junio próximo.
Entre quienes participan en estas acciones están el empresario salmonero Víctor Hugo Puchi y el millonario ambientalista estadounidense Douglas Tompkins y su esposa, Kristin Mc Divitt, quienes aseguraron que no permitirán que las líneas necesarias para transportar energía desde las cuatro grandes centrales al resto del país, pasen por el Parque Pumalín, de su propiedad, ubicado en la décima región.
De igual forma, Glenn Switkes, director para América Latina de International Rivers Network, una red mundial preocupada por la situación de los ríos y otros cursos de agua, estuvo en Aysén en febrero pasado, presentando también sus objeciones a la SEC.
Endesa, en tanto, declinó conversar con IPS para responder las acusaciones de los habitantes de la zona y las organizaciones ambientalistas.
Según Orrego, a la empresa le urge la aprobación del proyecto para no pagar patentes al fisco por no aprovechar los derechos de agua que tiene sobre los ríos Baker y Pascua.
La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas confirmó a IPS que, en caso de que Endesa no los utilice antes de 2012, deberá empezar a pagar patentes, tal como establece el Código de Aguas, modificado en 2005.
Durante el conflicto de Ralco, Orrego compró nueve acciones de Endesa para participar en las juntas de accionistas y expresar su oposición al interior de la compañía, estrategia que también está utilizando actualmente.
Según Orrego, en la última reunión los directivos de la trasnacional admitieron errores en la discusión de las centrales. Temen que se transforme en una "nueva Alumysa", en referencia al fallido proyecto de la empresa minera canadiense Noranda de construir una planta de aluminio en Aysén, que incluía tres centrales hidroeléctricas.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado recibió al gerente general de Endesa Chile, Rafael Mateo, para conocer el proyecto y plantear una propuesta que aminore el impacto ambiental. Se baraja la posibilidad de sustituir la central que inunda la mayor cantidad de hectáreas por otra de menor magnitud en un río contiguo.
Díaz no confía ni en el gobierno ni en las autoridades locales, que a su juicio no han informado a la población como es debido. Tampoco tiene fe en los importantes cambios que se están realizando actualmente en la institucionalidad ambiental, como es la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia del ramo.
"Creo que el conflicto va a ser muy fuerte porque estamos hablando de la Patagonia. Para mí es un privilegio, un honor oponerme a la construcción de estas centrales porque nosotros sentimos que estamos tratando de ayudar a que este país enmiende el rumbo de su modelo de desarrollo y de su política energética", concluyó Orrego.
