Las relaciones del opositor Partido Popular (PP) con el gobierno español que preside José Luis Rodríguez Zapatero se exasperan cada día más, dos años después de las elecciones que marcaron la derrota de esa colectividad política y del atentado terrorista que mató a 191 personas e hirió a 1.400.
La última vuelta de tuerca en esta "estrategia de la tensión" comenzó el lunes, cuando el diario El Mundo, en el contexto del segundo aniversario del ataque explosivo del 11 de marzo (11-M, como se denomina la matanza en la madrileña estación ferroviaria de Atocha), publicó en primera plana que "la 'mochila de Vallecas' no estaba entre los objetos que la policía recogió del tren".
El ataque fue perpetrado mediante la colocación de explosivos en varios trenes repletos de pasajeros, que estallaron cercanos a la estación de Atocha.
Esa bolsa, que contenía una bomba sin explotar desactivada al día siguiente en una comisaría de Vallecas, cumplió un papel fundamental en la investigación del ataque, puesto que en ella se encontró también una tarjeta de teléfono móvil que condujo a un grupo de extremistas islámicos a quienes se atribuyó la autoría de la acción. La mayoría de esas personas se suicidaron días después en una casa de Leganés donde vivían, al ser rodeadas por la policía.
La noticia del periódico de Madrid informaba que el inspector de la policía Miguel Ángel Álvarez, responsable de recolectar y controlar los objetos hallados en uno de los trenes afectados, no había podido confirmar ante el juez Juan del Olmo, que se ocupa del caso, que la bolsa azul descubierta en la comisaría de Vallecas procediera de ese ferrocarril.
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El funcionario policial alegó que no podía sostener que la bolsa formara parte de los objetos recogidos en el tren de la estación de El Pozo, porque no se le había ordenado que se realizara un inventario de ellos.
De todos modos, el juez le preguntó si podía reconocer la mochila que contenía la bomba, a lo que Álvarez le respondió que recordaba una bolsa que pesaba mucho y que le llamó la atención porque todas las otras eran livianas. Cuando el juez ordenó que trajeran la mochila para que el policía la reconociera, éste afirmó categóricamente que no se trataba de la misma.
De inmediato, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se hizo eco de la noticia periodística y manifestó que de confirmarse, toda la investigación y el sumario sobre el 11-M podrían quedar anulados. "¿Dónde estaba la mochila o quién la puso allí?", se preguntó el máximo dirigente popular.
Le replicó el secretario general de la bancada del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el parlamento, Diego López Garrido, expresando su temor de que se hubiese vuelto loco al pedir la nulidad del sumario del 11-M. "¿Acaso no quiere que haya un juicio y una condena de los presuntos terroristas?", preguntó.
Según la Dirección General de la Policía, todos los efectos recogidos en los trenes que fueron objeto del atentado terrorista estuvieron en todo momento bajo custodia policial y no fueron manipulados.
La policía, además, criticó a los dirigentes del PP por poner en tela de juicio la honradez y profesionalidad de los agentes de seguridad.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, refirmó la custodia permanente de dichos objetos y recordó que el funcionario policial responsable de los mismos, en sus declaraciones ante el juez instructor afirmó que no había observado ninguna manipulación.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se sumó a las críticas a Rajoy por su falta de respeto hacia las resoluciones adoptadas en los procesos judiciales Y el ministro del Interior, José Antonio Alonso, dijo que el PP cuestionaba el trabajo de funcionarios imparciales y la estructura misma del Estado de derecho.
El miércoles prestaron declaración ante el juez Del Olmo seis de los ocho policías que participaron en la custodia de los objetos recogidos en la estación de El Pozo, y todos aseguraron que tanto la bolsa que contenía los explosivos como los demás efectos estuvieron bajo su vigilancia y no experimentaron ninguna manipulación.
Entonces, y en respuesta a lo publicado por El Mundo, el magistrado levantó el secreto del sumario sobre la declaración del inspector Álvarez, lo que permitió aclarar que la bolsa que se le había presentado al funcionario policial para su reconocimiento no era la original hallada en el lugar del atentado.
Por error, dijo Del Olmo, le habían hecho llegar una idéntica, pero más nueva, adquirida por la policía después del 11-M para realizar prácticas de análisis de tejidos, lo que está certificado por documentos.
La mochila-bomba verdadera estaba en posesión de los Equipos de Desactivación de Explosivos y ya se encuentra en la Audiencia Nacional a su disposición, sostuvo Del Olmo.
Ante estas evidencias, confirmadas por altos funcionarios policiales nombrados por el gobierno del PP que presidió José María Aznar (1996-2004), Rajoy consideró aclaradas sus dudas, pero destacó que "no tengo que rectificar nada".
Casi al mismo tiempo, el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, sugería que entre las iniciativas parlamentarias de su colectividad podría estar la petición de reapertura de la comisión legislativa de investigación sobre el atentado.
Consultado por IPS, Zaplana expresó que "no existe ninguna contradicción entre las declaraciones de Rajoy y las mías. Lo que queremos los populares es llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Nos negamos a aceptar esas verdades oficiales que nos quieren imponer. Es curioso, los que estábamos en el gobierno cuando se produjo la matanza de Atocha queremos llegar hasta el fondo de la verdad, y el PSOE, que no tenía esa responsabilidad, se niega".
Todo el andamiaje estratégico del PP reposa en la convicción de que no habría sido derrotado por los socialistas en las elecciones del 14 de marzo de 2004 si se hubiese probado que la autoría del 11-M correspondió a la organización terrorista vasca ETA y no a grupos extremistas islámicos.
Esta última hipótesis, confirmada hasta ahora por las investigaciones en curso, fue la que hizo asimilar la matanza a una venganza del extremismo islámico por el apoyo entusiasta que prestó el gobierno de Aznar a la invasión de Iraq perpetrada por Estados Unidos en 2003.
Por eso, el ministro del Interior de Aznar, Ángel Acebes, seguía manifestando dos días después del atentado que el foco de la investigación era ETA, cuando todas las pruebas reunidas por la policía apuntaban a ramificaciones o simpatizantes de la red extremista Al Qaeda.
El PP no se movió nunca de esa hipótesis, siempre sembró dudas sobre la investigación del 11-M y se refirió a conspiraciones de servicios secretos extranjeros (marroquíes, franceses), de sectores de la policía nacional, de los socialistas, y de extraños contratos de la ETA con, en todo caso, los ejecutores islámicos del atentado.
El propósito del juez Del Olmo es dictar a comienzos de abril el auto de procesamiento. Hay 24 detenidos y decenas más de imputados y testigos. Según el cronograma judicial, es posible que la sentencia de los acusados por el 11-M se produzca en coincidencia con las elecciones generales de 2008.
De ser así, la sombra de los hechos de marzo de 2004 volvería a planear sobre el PP como un presagio funesto que sus dirigentes quieren evitar a toda costa.
