A pesar de la fuerte oposición del gobernante Partido Republicano contra las demandas por la abolición de la pena de muerte, cada vez más jueces estadounidenses parecen dispuestos a frenar las ejecuciones previstas, al menos temporalmente.
Desde inicios de año, diversas sentencias han permitido sobrevivir a ocho condenados a muerte, siguiendo argumentos legales según los cuales el uso de la inyección letal como método de ejecución causa dolor y sufrimiento.
Los pedidos formulados por los presos consideran que este tipo de ejecución viola la octava enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.
No está claro si los gobiernos de los estados que pretendan ejecutar a sus condenados podrán recurrir de nuevo a la silla eléctrica, un método sólo aplicado en Nebraska.
En un caso procesado en el sudoccidental estado de California, el fiscal anunció que se cambiarían las drogas empleadas para dar muerte a los condenados para garantizar que los prisioneros "no experimenten un dolor gratuito e innecesario".
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Expertos consideran probable que los crecientes desafíos legales al método de la inyección letal tengan un impacto positivo sobre la campaña para abolir la pena capital.
"El apoyo público a la pena de muerte se redujo en los últimos años", dijo Richard Dieter, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, con sede en Washington. "La cuestión de la inyección es sólo una parte de ese debate mayor. Será resuelto sólo después de detener la pena máxima."
Para Dieter, este castigo podría mantenerse muchos años más en Estados Unidos, pero la comunidad de abogados y jueces podrían reflejar en sus decisiones la inminencia de un cambio.
El mes pasado, dos anestesistas de California se negaron a observar una ejecución, alegando que sus principios profesionales les impedían asegurarse de que, tras ser inyectado con la primera sustancia —un fármaco paralizante—, un prisionero está inconsciente.
El juez Jeremy Fogel ordenó luego el trabajo a otro profesional, que rechazó el encargo. Como consecuencia, la sentencia de muerte del prisionero expiró. El prisionero, Michael Morales, espera ahora la decisión del juez sobre su demanda contra la aplicación de la inyección letal.
Informes publicados sugieren que Fogel había ordenado la presencia de un profesional médico en la ejecución tras analizar registros de ejecuciones que le suscitaron una pregunta "sustancial": ¿el condenado está consciente luego de que se le administró el fármaco paralizante?
Un caso similar está pendiente en la Suprema Corte de Estados Unidos, junto con otros siete sobre ejecuciones por inyección letal en los estados de Missouri, Maryland, Ohio y el distrito de Columbia, en que se encuentra Washington, la capital.
En promedio, casi 50 personas son ejecutadas cada año en Estados Unidos, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. En 1999, hubo 98 ejecuciones. En los dos primeros meses de 2006, fueron nueve.
Hoy, 38 estados aplican la pena capital. Todos menos uno prevén la inyección letal como método. Sólo en Nebraska aún se utiliza la silla eléctrica. De hecho, Estados Unidos es el único país en que se emplea esa forma de ejecución, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
En China, Guatemala, Filipinas y Tailandia también se aplica la inyección letal.
El procedimiento de la inyección comenzó a aplicarse en Estados Unidos en 1977. En los 100 años anteriores, el método principal fue la electrocución, si bien también se empleaba la cámara de gas y el fusilamiento. Antes, el método predominante era la horca.
Cuando se suministra la inyección, el prisionero, por lo general, está sujeto a una camilla metálica rodante. Un miembro del equipo encargado de la ejecución le adhiere varios monitores cardiacos en la piel.
"Dos agujas son luego insertadas en las venas, usualmente en los brazos. Largos tubos conectan la aguja, a través de un orificio en una pared de bloques de cemento, a varios sueros intravenosos", describió en 1994 el investigador William Ecenbarger, en su estudio "Perfeccionar la muerte: Cuando el Estado mata debe hacerlo humanamente".
El primero de esos sueros es una solución salina inocua, explicó Ecenbarger. A la señal del guardia, se alza una cortina, exponiendo al prisionero a la vista de los testigos que se encuentran en una habitación adyacente.
Luego, al detenido se le administra el anestésico tiopental sódico, y, a continuación, pavulon o bromuro de pancuronio, que paraliza los músculos y detiene la respiración del prisionero.
Finalmente, el cloruro de potasio hace que el corazón deje de funcionar.
Algunos médicos, presencian la ejecución, pero solo para confirmar la muerte. Ninguno participa en la ejecución, dado que hacerlo violaría los principios profesionales.
Algunos estudios sugieren que una abrumadora mayoría de las víctimas de ejecución son negros o de origen latinoamericano. Alrededor de 98 por ciento de quienes los ejecutan son blancos.
