La última voluntad de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU defraudará a las organizaciones no gubernamentales que la han acompañado durante sus 60 años de vida.
El máximo cuerpo especializado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en materia de derechos humanos desaparecerá en los próximos días sin dejar por lo menos un legado ejemplar sobre aspectos específicos como reclaman los activistas de la sociedad civil.
Los informes de expertos independientes sobre algunas violaciones graves y los proyectos de dos instrumentos multilaterales, uno sobre desapariciones forzadas y otro sobre los derechos de pueblos indígenas, quedarán aparentemente sin examen porque la Comisión no se pone de acuerdo para discutirlos.
Una decisión adoptada el miércoles por la Asamblea General de la ONU ordenó el reemplazo de la Comisión por un nuevo organismo, el Consejo de Derechos Humanos, que debe comenzar sus funciones el 19 de junio.
El fin de la Comisión era esperado porque fue precedido de un proceso que puso en evidencia las falencias que el organismo acumuló durante décadas, principalmente por su politización y por el doble rasero con que aplicó muchas veces las normas sobre derechos humanos.
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Sin embargo, lo que resulta imprevisto son las dificultades legales y políticas que afronta la Comisión para efectuar el último tránsito. El lunes, cuando debía iniciar su último período de sesiones, prefirió suspenderlo por una semana en espera de la creación del Consejo que la sucederá.
Transcurrido ese lapso, la Comisión volverá a reunirse el lunes 20, como había determinado, pero solamente por unos minutos, los suficientes para convenir un nuevo aplazamiento, esta vez sin un término todavía establecido.
Varios de los 53 estados miembros de la Comisión sostienen que es necesaria una interpretación del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU sobre las atribuciones que le restan a la Comisión en sus días postreros. En la estructura del foro mundial, la Comisión dependía del Ecosoc.
Un párrafo de la resolución del miércoles de la Asamblea General recomienda al Ecosoc que requiera a la Comisión concluir sus trabajos en su actual 62 período de sesiones y que proceda a abolirla el 16 de junio de 2006.
Al descifrar ese texto, el Ecosoc tendrá que aclarar si la finalización de las tareas de la Comisión es inmediata o si se produce al término del período (el 21 de abril) o con el agotamiento del debate de su orden del día.
El dictamen del Ecosoc, que tiene previsto sesionar el martes 21 en la sede de la ONU de Nueva York, desentrañará el sentido de la resolución y precisará el tipo de desenlace que depara a la Comisión.
Simia Ahmadi, delegada permanente ante la ONU de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), demandó a la mesa directiva de la Comisión que se aprobara el proyecto de convención sobre desapariciones forzadas.
La activista atribuyó suma importancia a que la Comisión concluya con una nota positiva en materia de legislación sobre derechos humanos. Un aplazamiento más en la adopción de la convención sólo pondría en peligro ese texto, advirtió.
"Las familias de las víctimas han esperado durante años y ahora cómo se les puede decir que no ha habido tiempo para aprobar el texto y que se pospone hasta un futuro incierto", insistió Ahmadi.
Otro experto independiente, Nicholas Howen, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), respaldó el reclamo de la aprobación de la convención sobre desapariciones forzadas de personas y también de la declaración sobre pueblos indígenas.
De esa manera, la Comisión tendría un final tan digno y honorable como fueron sus inicios, al aprobar en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comentó Howen a IPS.
La sociedad civil abriga preocupación por la marcha del período de transición entre la Comisión y el Consejo, en particular por la suerte que correrán las víctimas de las diferentes violaciones de los derechos humanos si ese proceso no es claro, dijo a IPS Renate Bloem, presidenta de Congo.
Congo, la Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales con estatus consultivo con la ONU, hizo conocer su apoyo al nuevo Consejo, pero reclamó una participación mayor en la etapa final de la Comisión.
Bloem criticó que la Comisión haya aceptado únicamente una declaración conjunta de todas las organizaciones no gubernamentales durante el debate de su último período. Deberíamos tener la posibilidad de desarrollar varios temas desde nuestro ángulo específico, insistió la presidenta de Congo.
La experta observó que la sociedad civil demanda que todos los mecanismos especiales de la Comisión, que incluyen los relatores especiales y los grupos de trabajo, tengan la oportunidad de presentar sus informes sobre los abusos que se cometen en el terreno y sobre las víctimas.
Howen mencionó al respecto los informes elaborados por el relator sobre la tortura, Manfred Nowak, al término de las visitas que efectuó recientemente a China y Nepal.
El secretario de la CIJ hizo notar que la propia alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, tiene que presentar informes de sus visitas a Colombia y a Nepal.
También debía tratarse un informe muy crítico sobre la situación de unos 500 prisioneros que Estados Unidos mantiene desde 2002 en su base naval de Guantánamo, Cuba, y que se encuentran en un limbo legal.
Aunque la Comisión no adopte decisiones sobre esos temas, debe efectuarse un diálogo interactivo para que esos informes sean debatidos en público, dijo Howen.
Ahmadi sostuvo que muchas personas han corrido grandes riesgos para aportar esa información a la Comisión. "Ahora esperamos que esos datos sean sometidos a consideración y escuchados", dijo.
La representante de la FIDH apuntó que se ha esperado casi un año y en el ínterin peligró la vida de muchos, y algunos fueron ultimados. "Por eso, el costo político de no escucharnos tiene un alto precio para nosotros", advirtió.
