El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado marcó a fuego la historia institucional de Argentina, que parecía acostumbrada a las dictaduras. Miles de personas fueron secuestradas y desaparecidas. Pasado el régimen, nada volvió a ser como antes, y la democracia adquirió un valor nuevo y ensanchó sus bases.
Los partidos políticos y sindicatos, que dominaban el escenario antes del golpe, son hoy apenas tibios canales de participación. Las agrupaciones guerrilleras, que se multiplicaban en los años 70 como trincheras preferidas de una juventud rebelde, dejaron de existir. Sus métodos violentos no tendrían hoy casi adeptos.
En el espacio de las representaciones tradicionales brotó un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil que expresan sus reclamos y propuestas de manera articulada y que logran incidir como actores de peso en el tratamiento de diversos asuntos de la agenda pública.
Organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de derechos ciudadanos, de defensa del consumidor, ambientalistas, de desempleados, vecinos afectados por la contaminación o víctimas de la violencia policial constituyeron un coro heterogéneo de voces que se hacen oír en la escena principal de la democracia.
Las que acumularon mayor trayectoria y prestigio fueron las entidades de derechos humanos conformadas por familiares directos de víctimas de la dictadura: madres, abuelas y hasta hijos. Con su ronda semanal en torno del monumento céntrico de la Pirámide de Mayo en plena dictadura, las madres de desaparecidos fueron el germen de la nueva democracia iniciada en 1983.
"Nosotras no defendíamos los derechos humanos desde un escritorio, salíamos a la calle en la dictadura para reclamar por nuestros hijos desaparecidos", dijo a IPS Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. "Las madres contribuimos a construir esta democracia, y lo seguimos haciendo", añadió.
Aunque comparten objetivos, las mujeres se dividieron. Surgió entonces una segunda organización, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y comenzó a gravitar cada vez más la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, dedicada a la búsqueda de jóvenes nacidos en el cautiverio de sus madres.
"Todavía recuerdo el fervor estudiantil generado en 1983 por la inminente llegada de la democracia después de siete años de dictadura", relató a IPS la abogada Marta Gaba, consultora en participación y sociedad civil. Hasta entonces "una reunión de más de tres personas en la facultad era imposible", rememoró.
Gaba recuerda que al final del régimen la participación se canalizaba a través de los partidos políticos. A cada acto partidario acudían miles de personas aunque no fueran militantes. Pero muchas cosas cambiaron desde entonces. "Los ciudadanos ahora se manifiestan desde otros lugares", dijo.
"Los argentinos votamos y elegimos a quien nos representa en la vida institucional. Pero en los reclamos de todos los días, en la exigencia de justicia, en el momento de instalar en la agenda cuestiones fundamentales para una comunidad, este pueblo decide manifestarse por sí mismo, sin mediaciones", explicó la experta.
"Los partidos políticos y sus militantes siguen existiendo, pero también existen grietas en el sistema por donde se va colando otro tipo de participación política que yo llamo participación ciudadana, que es política pero apartidaria y que hace oír su voz a través de las organizaciones de la sociedad civil", puntualizó.
El sociólogo Vicente Palermo, autor junto con Marcos Novaro del libro "1976-1983. La dictadura militar argentina", coincide en que luego del colapso del régimen militar la cuestión de la democracia emergió sobre bases nuevas, más pluralistas y más alineadas con los valores de la tradición liberal y republicana.
El golpe de 1976 había sido uno más, el sexto en una historia de medio siglo marcada por las constantes interrupciones del orden democrático. Muchos argentinos sostienen hoy que entonces creían que sería uno más. Nadie se imaginaba que se avecinaba el horror.
Los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones, el asesinato, la censura, el exilio, la guerra fueron los ingredientes más crueles amasados por un régimen que procuraba escarmentar todo signo de rebeldía. El legado: una sociedad mucho más desigual, un país endeudado y con un Estado terrorista en retirada.
A 30 años del inicio de la dictadura más sangrienta, la sociedad y el Estado se asoman al pasado de tantos modos como nuevos actores hay en el coro. Actos, homenajes, manifestaciones, seminarios, exposiciones, filatelia, programas especiales de televisión y de radio, publicaciones y conciertos.
El Ministerio de Defensa ordenó abrir los archivos de las Fuerzas Armadas para aportar datos a los juicios contra los militares represores, unos 500 agentes acusados en un número cercano al millar de causas. Los procesos fueron reabiertos hace tres años con la anulación de leyes que habían liberado a los uniformados de responsabilidad penal.
El gesto más contundente y polémico fue el proyecto del presidente Néstor Kirchner de declarar feriado nacional el 24 de marzo a partir de este mismo año. La propuesta fue aprobada por el Congreso legislativo no sin debate. El mandatario consideró que la jornada debe ser "de recogimiento" para pensar en lo que ocurrió en el país.
"Queremos justicia, memoria y verdad, sin odio y sin venganza", acotó Kirchner.