Las medidas anunciadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para corregir los continuos derrames del gasoducto de Camisea en la Amazonia peruana son insuficientes para proteger la diversidad biológica de la zona, dijeron organizaciones ecologistas.
Desde su inauguración, en 2004, sufrió roturas y derrames de gas en cinco ocasiones.
La quinta, el 4 de marzo en la localidad selvática de Echarate de la provincia de La Convención, en el sureño Cuzco, fue mucho más grave que las anteriores, causando un incendio y varios heridos.
El consorcio operador del gasoducto, Transportadora de Gas del Perú (TGP) y las autoridades peruanas dijeron estar investigando el incidente.
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En respuesta a ese nuevo derrame, el BID, principal financiador público del gasoducto, dijo que dispondría de nuevas acciones para abordar la situación y confirmar el compromiso del banco "con la sustentabilidad ambiental y social del proyecto".
La institución, que asumió la responsabilidad de controlar los impactos sociales y ambientales del proyecto, dijo encargaría una investigación ambiental independiente, tal como fue especificado por el contrato del préstamo con TGP.
El BID, con sede en Washington, es la principal fuente multilateral de financiamiento para el desarrollo institucional y económico de América Latina y el Caribe.
El Banco anunció "una evaluación y análisis más amplios" del diseño y la construcción de las tuberías para identificar las causas de las pérdidas y las potenciales acciones para prevenir filtraciones futuras, dijo un ingeniero independiente.
El proyecto de Camisea es uno de los más emblemáticos del BID, y fue promocionado como modelo al iniciarse en 2001.
Pero organizaciones de vigilancia independientes afirman que el BID realmente se comprometió con pocas de las principales demandas que rodean al polémico gasoducto.
Varios activistas critican que el BID no aceptó la participación de organizaciones internacionales o nacionales de la sociedad civil, y tienen poca confianza en la capacidad del banco para supervisar un proceso de auditoría verdaderamente independiente.
"A menos que la sociedad civil tome parte en la redacción de los términos de referencia para la investigación y en la selección de auditores verdaderamente independientes, podemos esperar poco más que sellos de goma por parte del BID", dijo Atossa Soltani, de Amazon Watch, organización que vigila la explotación de hidrocarburos en la rica región de la Amazonia sudamericana..
Con todo, las entidades no gubernamentales reconocen que el BID dio un primer paso positivo. Pero estiman esencial la participación de la sociedad civil, dado el historial del banco en materia de evaluaciones externas.
"Nuestras quejas por este proyecto datan de hace varios años, porque está en un área delicada en lo social como en lo cultural, y en términos de biodiversidad y ecología, particularmente en la región del Amazonas", dijo Peter Kostishak, de la no gubernamental Amazon Alliance.
"Existe falta de confianza desde el inicio, cuando se nos dijo por primera vez que las cosas estarían bien y que el proyecto iba ser ambientalmente sólido. Y ahora que surgen problemas nos dicen: 'Bueno, ustedes tienen que esperar que estas cosas ocurran'", agregó.
Durante la tramitación del proyecto con miras a su aprobación, el departamento del sector privado del BID hizo la vista gorda ante serios defectos del gasoducto, así como a los impactos sanitarios y socioeconómicos sobre la población indígena local y las preocupaciones ambientales, afirman los activistas.
Las organizaciones también señalan noticias publicadas la semana pasada por la prensa peruana, según las cuales, entre 2002 y 2004, mientras el Banco llevaba a cabo el proceso de consultas y estudios para aprobar el préstamo, el actual primer ministro peruano Pedro Pablo Kuczynski, trabajaba para el departamento del sector privado del BID.
Luego Kuczynski fue consultor de la petrolera estadounidense Hunt Oil, con sede en Texas, una de las socias del consorcio GTP explotador del gas de Camisea.
Un portavoz del BID dijo a IPS que Kuczynski fue en ese período solo un consultor externo, sin autoridad alguna sobre el proyecto de Camisea.
El hecho de que el BID adopte ahora medidas que los activistas le reclaman desde que decidió aprobar la financiación, muestra a las claras que es necesaria una rigurosa participación de la sociedad civil en la nueva investigación.
"Me alegra que finalmente admitan que una auditoría es una buena idea, pero seguramente no fue por iniciativa propia", dijo Nadia Martínez, del Instituto para los Estudios Políticos, con sede en Washington.
Una investigación publicada dos semanas atrás por la organización sin fines de lucro E-Tech International, dedicada a la investigación técnica fue necesaria porque el BID llevaba años dándole largas al asunto, dijo el autor del estudio, Bill Powers.
Esa investigación desató un mar de críticas en Perú, pues reveló que el gasoducto fue construido en parte con tuberías sobrantes de otros tendidos, sin suficiente personal calificado, y emplazado en suelos cuya erosión podía poner en riesgo la obra.
La propia consultora contratada por BID para el control de la erosión, la firma canadiense URS, había dicho al banco en la primavera (boreal) de 2003 que la falta de atención del constructor al control de la erosión podía generar roturas en el gasoducto, afirmó Powers.
No hay ninguna indicación de que el banco haya hecho algún esfuerzo para obligar a TGP a cumplir con los términos del contrato, añadió..
"Un post-mortem independiente en este punto casi seguramente mostraría que la pasividad del BID jugó un rol en los problemas que el proyecto enfrenta ahora", dijo Powers a IPS.
El experto también echó agua fría sobre la anunciada nueva investigación del BID sobre el gasoducto.
"Yo esperaría que el BID intente controlar la auditoría ambiental 'independiente' para evitar daños a su prestigio, a la luz de la evidencia de que los propios asesores del banco estaban dando la voz de alarma mientras la construcción avanzaba", dijo.
