México y Paraguay presentaron este viernes, último día de la tercera Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (MOP-3), nuevas propuestas para alterar el texto negociado desde el lunes, enturbiando y prolongando el encuentro.
Los mexicanos son los más reacios, pues no aceptan que sea obligatoria la identificación de cargamentos con organismos vivos modificados (OVM), también llamados transgénicos.
"México, por favor, apriete el botón", pidió la noruega Birthe Ivars, presidenta del Grupo de Trabajo responsable de la negociación más polémica de la MOP-3, que se lleva a cabo hasta este viernes en la ciudad brasileña de Curitiba.
Los negociadores habían discutido un texto propuesto por Brasil durante la madrugada de este viernes, y reanudaron el proceso en contactos informales cerca de las 10.00 de la mañana. Poco después del mediodía Ivars presentó la propuesta acordada.
En un gesto inesperado, el embajador mexicano Marco Antonio Meraz Ríos sugirió poner entre corchetes, es decir sujeto a nuevas negociaciones, el punto que obliga a todos los signatarios del Protocolo de Cartagena a identificar los productos con OVM transportados entre países.
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"¿Esa es una manera seria de tratar las cuestiones, colocando corchetes que ya habían sido retirados?", protestó el brasileño Luiz Alberto Figueiredo Machado, copresidente del grupo responsable de las negociaciones.
"Estamos consternados, creíamos que México estaba negociando de buena fe a lo largo de la semana, pero decidió manifestar su posición sólo en el último día", criticó el delegado de Etiopía, con el aplauso de la mayoría de los diplomáticos.
No hay estudios concluyentes sobre la inocuidad de los transgénicos para el ambiente y la salud humana. El Protocolo, en vigor desde septiembre de 2003, está destinado a proteger la diversidad biológica de los riesgos potenciales de los organismos vivos modificados por la moderna biotecnología.
Venezuela, la Unión Europea (UE) y Japón se manifestaron favorables a la propuesta que impone la identificación, con un período de transición de seis años, dos más que el propuesto por Brasil. Perú, que se opuso durante la semana a la expresión "contiene OVM", anunció finalmente su apoyo al texto negociado, recibiendo también aplausos.
El texto que seguía en discusiones este viernes por la noche señala que las experiencias nacionales de etiquetado de transgénicos serán evaluadas en la MOP-5, dentro de cuatro años, ya que la conferencia sesionará en forma bienal a partir de ahora.
El objetivo es "considerar una decisión en la sexta reunión, para asegurar que la documentación que acompañe los OVM destinados al uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, indique con claridad que el cargamento contiene transgénicos e incluya la información detallada estipulada".
La presidenta del Grupo de Trabajo solicitó a los mexicanos revisar su posición y les pasó la palabra. El silencio aumentó las expectativas. "México, por favor, apriete el botón", reiteró la diplomática noruega ante las risas generalizadas, amplificadas por defectos en los micrófonos.
Después de lograr que funcionara el micrófono, el embajador mexicano dijo que no había motivos para sorprenderse con su propuesta, ya que desde el inicio su país cuestionó la obligatoriedad de identificar los cargamentos. Paraguay afirmó entonces su apoyo a México y reclamó la reanudación de las negociaciones.
Tras hora y media, ante un nuevo documento presentado por Ivars ya sin corchetes, México volvió a condicionar su aprobación a modificaciones en otra parte del texto, que pide a los gobiernos medidas para asegurar la documentación que acompaña productos con OVM.
La UE rechazó las alteraciones, calificándolas de "retroceso". "En la práctica, las propuestas mexicanas buscan eliminar la obligatoriedad de la identificación", sostuvo Rubens Nodari, del Ministerio de Ambiente de Brasil.
Las negociaciones retomadas a puertas cerradas no habían producido un acuerdo hasta la noche de este viernes. El secretario ejecutivo de la Convención de Diversidad Biológica, el argelino Ahmed Djoghlaf, justificó las dificultades por los muchos intereses en juego, pero dijo confiar en un acuerdo final.
Greenpeace atribuyó la dificultad de un acuerdo a presiones de grandes empresas del agronegocio y de los países que más exportan transgénicos, como Estados Unidos y Argentina, que no son partes del Protocolo de Cartagena. Como una decisión exige "consenso absoluto", es fácil cooptar a uno o varios países e impedir que prevalezca la voluntad de la gran mayoría, comentó Sergio Leitao, director de Políticas Públicas de la organización ambientalista internacional.
Su temor es que la reunión no aporte ningún avance o resulte en un texto tímido, sin establecer un sistema seguro de identificación de los transgénicos. "Sólo una llamada telefónica del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva al presidente mexicano Vicente Fox podría salvar la MOP-3 de un fracaso", concluyó.
"La propuesta brasileña fue muy importante para intentar superar los obstáculos del Protocolo de Cartagena", consideró Djoghlaf, agradeciendo la decisión de Lula de acoger el claro etiquetado "contiene OVM" con un plazo de cuatro años para implantar el sistema.
Las 22 decisiones adoptadas en esta semana permitirán iniciar la implantación del Protocolo, según Djoghlaf, destacando que durante los próximos 15 días, en la misma Curitiba, se celebrará el mayor encuentro sobre biodiversidad del planeta.
Se inscribieron 2.669 participantes en la octava Reunión de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica (COP-8), incluyendo 96 ministros de Estado. En la COP-7 participaron 2.300 delegados y 16 ministros.
Hasta ahora se han celebrado 2.086 reuniones oficiales de la Convención. Las 192 decisiones adoptadas componen un libro de 1.039 páginas. "Ahora viene la implementación", afirmó Djoghlaf.
