«El acceso al agua es un derecho básico». En esa frase coinciden los organizadores del IV Foro Mundial del Agua, que se iniciará este jueves en México, y los activistas que repudian ese encuentro por considerar que promoverá la privatización de recursos hídricos.
Ambos bandos, que reunirán a unas 15.000 personas en la capital mexicana hasta el miércoles 22, manejan cifras similares sobre la disponibilidad y escasez de agua en el mundo y declaran que se trata de un recurso público que debe llegar a todos. Pero no se ponen de acuerdo en los mecanismos.
Entre los delegados de los grupos no gubernamentales que sesionarán de forma paralela al Foro, en las Jornadas en Defensa del Agua, causa irritación todo lo que huela a privatización de los servicios hídricos.
Unos 2.000 activistas se reunirán en hoteles, plazas y centros de convenciones, algunos prestados por el municipio de la capital mexicana. Allí dialogarán ambientalistas, grupos de jóvenes, mujeres y también algunos delegados de gobiernos. Además, realizarán marchas y otras manifestaciones públicas.
En el Foro estarán más de 13.000 delegados de empresas privadas, gobiernos —121 ministros de Estado— agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y algunos activistas que pagaron la cuota de inscripción de entre 240 y 600 dólares.
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El mayor número de participantes corresponde al país anfitrión, México, con 2.000, seguido por Estados Unidos con 391, Francia 309, Japón 252, India 181, Holanda 175, Nigeria 151, Colombia 110, España 121, Canadá 105 y Alemania 99.
Esos participantes, que sesionarán en un centro de convenciones de un banco privado, discutirán los esquemas privatizadores y el manejo estatal del agua, aseguraron a IPS los organizadores.
La cita es convocada por el Consejo Mundial del Agua, una entidad no gubernamental fundada en 1996 y que integran unos 300 miembros de grupos académicos, empresariales, agencias financieras multilaterales y de desarrollo, expertos de la ONU y autoridades locales.
El Consejo fue creado, entre otros, por empresarios de multinacionales que manejan el agua en varios países, como la francesa Suez.
La cita de México es la cuarta luego de encuentros en Marruecos, en 1997, Holanda, en 2000, y Japón, en 2003.
"Hay ya un acuerdo global en que el agua es un bien público que se debe a la gente", el problema surge cuando se habla de privatización o manejo estatal, dijo a IPS Gordon Young, coordinador del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la ONU y del informe "El agua, una responsabilidad compartida", presentado en México la semana pasada.
Menos de 10 por ciento de los servicios relacionados con el agua está en manos privadas.
Según el último informe de la ONU, las empresas multinacionales dedicadas a ese negocio han empezado a reducir la envergadura de sus actividades, especialmente en los países en desarrollo, pues "perciben riesgos políticos y financieros".
"Estamos en bandos distintos, pues el Consejo promueve la privatización del agua mientras nosotros reivindicamos el agua como recurso común y exigimos su gestión pública", dijo a IPS Claudia Campero, portavoz de la no gubernamental Coalición de las Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua.
Esta red es organizadora de la mayoría de actos y reuniones paralelas al Foro.
Aunque desde la orilla opuesta, Loïc Fauchon, director ejecutivo de la francesa Groupe des Eaux de Marseille (Grupo de Aguas de Marsella) y presidente del Consejo Mundial del Agua, se expresó de modo similar.
"El derecho de acceso al agua debe ser considerado, sin la menor ambigüedad, como uno de los derechos humanos más básicos" y se debe fomentar "la inscripción del derecho al agua en las constituciones de los Estados", señaló en una nota difundida a propósito del Foro.
Ricardo Sánchez, director para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), dijo a IPS que la participación privada no debe descartarse ni estigmatizarse. "En ciertos casos puede resultar adecuada y en otros no, depende de cada caso".
Un punto de vista parecido expresó Miguel Solanes, asesor regional en legislación de aguas y servicios públicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
"La privatización de los servicios del agua es una opción cuando existen regulaciones adecuadas, igual que la idea de mantener el recurso en manos de autoridades locales o estatales. Ambas son válidas dependiendo del contexto", dijo Solanes a IPS.
Pero Campero afirmó que "en todos los lugares donde se ha privatizado el agua hay corrupción, tarifas altas y mal servicio, y es que las empresas lo consideran un negocio y no un servicio que debe estar disponible para todos".
"No creemos para nada en la privatización y sostenemos que el Foro del Agua apunta hacia allá digan lo digan sobre la apertura al debate y demás. Sabemos que allí también se discutirá el tema, y eso es bueno, pero al final la postura por las privatizaciones es la que ganará", sentenció la activista.
Según el informe de la ONU, aunque hay recursos hídricos suficientes para toda la población del planeta, 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua y 2.600 millones carecen de saneamiento por mala gestión, corrupción, inercia burocrática y falta de inversiones.
La comunidad internacional está comprometida a reducir a la mitad la proporción de personas sin agua potable segura antes de 2015, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por los países de la ONU en 2000.
Los problemas de la mala distribución son responsabilidad tanto de los sectores públicos como de los privados, sostiene el documento.
Más de tres millones de personas murieron en 2002 causa de enfermedades relacionadas con el agua. La mayoría fueron menores de cinco años radicados en África y en el sudeste asiático.
Cada año se podría salvar la vida de 1,7 millones de personas si se las abasteciera de agua potable segura, saneamiento e higiene, indica el documento.
