El frecuente antagonismo entre protección ambiental y creación de empleo se expresa con crudeza en la construcción de dos fábricas de celulosa en la costa uruguaya de un río fronterizo con Argentina que, además de afectar las relaciones bilaterales, opone a verdes y sindicalistas.
Las plantas, que son levantadas en la ribera del río Uruguay por la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) y la finlandesa Botnia y que deben estar activas en 2007, generan importantes expectativas laborales, al tiempo que despiertan temores por futuros daños al hábitat y la salud humana.
Transportistas, técnicos y cientos de trabajadores metalúrgicos y de la construcción, que podrían beneficiarse con nuevas fuentes de trabajo, cierran filas contra grupos ambientalistas que han llegado a la acción directa, con la invasión del predio donde se levantan las plantas en el occidental departamento uruguayo de Río Negro.
Los ecologistas también mantienen el corte casi constante del tránsito, desde inicios de enero, en rutas argentinas de acceso a puentes sobre el río fronterizo.
"Prefiero morir contaminado dentro de 20 años antes que morir de hambre ahora por falta de trabajo", afirmaron potenciales trabajadores de las plantas, cuya inversión suma 1.800 millones de dólares, récord en la materia en Uruguay.
"Se abren 5.000 plazas laborales por tres años y luego quedarán estables unos 700 puestos directos, casi 2.000 indirectos con referencia en las fábricas, además de otros servicios relacionados con 3.000 más", dijo a Tierramérica Omar Díaz, representante de la Federación de Trabajadores Papeleros en la dirección de la central sindical única uruguaya PIT-CNT.
Esto sin contar la casi segura instalación de fábricas de papel, que ocupan a mucho más personal. En todas partes donde las plantas de celulosa producen 1,5 millones de toneladas al año, como lo harán las dos sumadas, el complemento industrial es un hecho, comentó.
En cambio, los ambientalistas de Gualeguaychú, la oriental ciudad argentina ubicada a unos 25 kilómetros del complejo industrial en ciernes, temen por su salud y la de su entorno, además de creer que perderán igual o mayor cantidad de empleos.
Este concepto es reafirmado por Ricardo Carrere, de la organización ambientalista uruguaya Grupo Guayubira, quien advirtió a Tierramérica que "a cambio de 600 empleos puede perderse un número similar o superior en el sector turístico", de importante incidencia en Río Negro y que emplea a un millar de personas, además de afectar la apicultura, la pesca y la agricultura orgánica.
La tensión entre trabajadores y ambientalistas va al alza, sobre todo a partir de los bloqueos que impiden cruzar el río limítrofe entre Argentina y Uruguay, dos países que se afanan por superar el colapso económico sufrido hace poco más de tres años.
Portavoces del gobierno uruguayo confirmaron a Tierramérica que ya son más de 200 los camiones de Argentina, Chile y Uruguay cargados con pertrechos para las fábricas que fueron detenidos por ambientalistas locales e internacionales. Algunos de esos transportistas amenazan con romper a la fuerza el bloqueo.
También fue tensa la situación creada entre los obreros que construyen las grandes estructuras de las plantas y la docena de activistas de Greenpeace, que a fines de enero llegaron en dos lanchas al puerto de una de las firmas y se encadenaron por unos minutos a pilotes.
En la producción y blanqueo de celulosa, insumo fundamental para la fabricación de papel, se emplean grandes cantidades de agua y sustancias químicas, como cloro o dióxido de cloro, soda cáustica, oxígeno o peróxido de oxígeno e hipoclorito de sodio.
Esos elementos generan compuestos organoclorados muy tóxicos, persistentes y con capacidad de acumularse en organismos animales.
La presión de poblaciones afectadas, activistas y de los propios trabajadores del sector instó a buscar mejoras tecnológicas para reducir o eliminar la contaminación y, con ello, el riesgo de contraer cáncer, trastornos hormonales, neurológicos, infertilidad, diabetes o debilitamiento del sistema inmunológico.
Así se llegó a desarrollar el sistema de blanqueo Totalmente Libre de Cloro (TCF) y su antecesor, Libre de Cloro Elemental (ECF), el más utilizado hoy y el que aplicarán en Uruguay tanto ENCE como Botnia.
"Los sindicatos finlandeses del sector nos aseguran que las plantas que se van a instalar no son contaminantes, es decir que las emisiones no serán dañinas para la población del lugar ni el ambiente", señaló Díaz a Tierramérica.
El sindicalista uruguayo, quien mantiene contactos permanentes con sus pares de Finlandia, explicó que el desarrollo de más de 30 años de funcionamiento de este tipo de fábricas les permite a esos trabajadores verificarlo, al tiempo que afirman que Botnia utilizará una tecnología incluso más moderna que la que usa hoy en su país de origen.
"Ellos no están de acuerdo con que las inversiones de este sector se hagan en el exterior, pero porque pierden puestos laborales, con ingresos mensuales promedio para operarios calificados que no bajan de 4.000 euros (unos 4.800 dólares)", y no por la cuestión ambiental, apuntó.
Díaz no piensa que los intereses de sindicalistas y ambientalistas sean antagónicos, y cita el caso de los trabajadores finlandeses, que trabajaron conjuntamente con los activistas y así mejoraron la tecnología de producción de celulosa y papel para reducir la contaminación al mínimo.
"La posición ambientalista exige a los inversores mejorar sus instalaciones, y eso es un interés totalmente común con los trabajadores", enfatizó.
Reclamó "tejer una alianza entre sindicatos y ambientalistas que ayude a controlar a otras fábricas en funcionamiento que hoy contaminan en Uruguay", considerando un error político de esas organizaciones no gubernamentales el preocuparse mucho por las plantas que se van a instalar y poco por las existentes.
* El autor es subeditor regional para América Latina y el Caribe de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 11 de febrero por la red latinoamericana de Tierramérica.
