El gobierno y la principal fuerza de oposición de España ratificaron este miércoles su rechazo al derecho de autodeterminación del País Vasco, minutos después del estallido de una bomba colocada por el grupo terrorista vasco ETA en Bilbao, 370 kilómetros al norte de esta capital.
La coincidencia entre el presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el líder del derechista Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, no impidió que cruzaran duras acusaciones respecto de un eventual proceso de paz con la separatista ETA.
La explosión fue provocada por la policía vasca, tras una llamada anónima que alertó de la colocación del artefacto en una empresa, en nombre de la ETA. Aunque la bomba ocasionó grandes destrozos en el centro industrial, no hubo daños humanos, pues la zona fue desalojada.
La posibilidad de una negociación con ETA fue aprobada por el parlamento el 17 de junio de 2005, a propuesta de Zapatero, quien había asumido el gobierno en abril de 2004. Ese diálogo, precisó el parlamento, debería encararse a través de "los poderes competentes del Estado", y ser precedido por la evidencia de "una clara voluntad" etarra de poner fin a la violencia.
Según esa resolución, esa evidencia debería basarse en "actitudes inequívocas" que demuestren su existencia. Desde entonces, Zapatero, sus ministros y los dirigentes del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) han reiterado que sólo se negociaría con ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) si el grupo anunciaba el fin de la violencia, pero sin precisar cuál sería el fundamento de esa negociación.
Gobierno y PSOE también han repetido su negativa a reconocer el derecho a la autodeterminación del País Vasco, o de cualquiera de las comunidades autónomas que integran España.
Pero el PP pone en duda esa voluntad. Eduardo Zaplana, su portavoz parlamentario, dijo este miércoles a IPS estar convencido de que "ETA no abandonará las armas si no se reconoce el derecho a la autodeterminación, el que no se puede ni debe reconocer porque violaría la Constitución".
En su intervención ante el pleno del Congreso de los Diputados, Zaplana acusó al gobierno de apoyar una solución al problema vasco en la que "no haya vencedores ni vencidos" y citó a socialistas que discrepan de la política oficial, entre ellos la diputada europea Rosa Díez, el ex secretario general del PSOE en el País Vasco, Nicolás Redondo, y el ex presidente del gobierno, Felipe González.
En la misma sesión, Rajoy preguntó a Zapatero: "¿Garantiza usted que no va a negociar la autodeterminación del País Vasco, que no va a pagar un precio político a los terroristas?".
"No sé si usted no escucha, no quiere escuchar o no le interesa escuchar al presidente del gobierno. No se pagará. ¿Otra vez quiere oírlo? No", replicó Zapatero.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega puntualizó que "el gobierno quiere una paz sin precios, atajos, ni hipotecas" y añadió que "si ETA anuncia el cese definitivo de la violencia, el presidente vendrá al parlamento y no irá a Suiza, vendrá aquí", en clara alusión a las fracasadas negociaciones formales que la administración del PP (1996-2004) entabló con la cúpula etarra en ese país.
Fernández de la Vega recordó asimismo que desde que el PSOE asumió el gobierno fueron detenidos dos centenares de etarras, y que ya se han cumplido mil días sin que ETA haya provocado ninguna muerte.
"Cualquier relación con cualquier otro partido político, ya sea en España o en Suiza, pasa porque éste sea legal y una de las condiciones para que cualquier formación política lo sea es que actúe bajo parámetros democráticos, y eso exige una condena tajante y absoluta de la violencia", añadió.
El diputado de la centroderechista Coalición Canaria, Paulino Rivero, subrayó que los ciudadanos "observan con preocupación y asombro" el enfrentamiento entre el gobierno y el PP.
"Es verdad que el PP, con una actitud que bordea la irresponsabilidad política, no está facilitando el entendimiento, pero también es verdad que el gobierno no ha estado demasiado fino en el manejo de este asunto, descalificando al líder de la oposición en el sentido de que no confía en que sea capaz de llegar acuerdos" para terminar con la organización terrorista, agregó Rivero.
Tras conocerse el estallido de la bomba en Bilbao, la portavoz del gobierno vasco (una coalición del nacionalismo moderado e Izquierda Unida), Miren Azkárate, condenó "rotundamente" el atentado y reclamó a ETA "que deje a la sociedad decidir en paz su futuro".
En una reunión con empresarios, Azkárate pidió al grupo terrorista "una vez más y cuantas veces hagan falta, que nos deje en paz, que cese en cualquier tipo de violencia y extorsión, y que nos deje utilizar los caminos del diálogo y del acuerdo".
La condena al atentado fue generalizada en el País Vasco, con la única excepción de quienes responden a la organización terrorista.
El dirigente de Batasuna, partido ilegalizado por sus vínculos con ETA, Fernando Barrena, anticipó este miércoles que si hubiera un proceso de paz "todo el mundo sabe que los presos volverán a casa en un plazo razonable".
La liberación de presos etarras y el retorno al país de sus militantes son demandas de ETA y de Batasuna, aunque no han sido formalizadas ante Madrid, ya que ésta exige "no una tregua, sino el abandono de las armas" antes de negociar.
El domingo, el Tribunal Supremo de Justicia falló que el encarcelado dirigente etarra Henri Parot debía cumplir íntegra su pena de 30 años de reclusión, ante especulaciones de que podría abandonar la cárcel diez años antes.
Esa sentencia es "una carga de profundidad" contra la apertura de un proceso de paz, opinó Barrena.
El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegui, dijo este miércoles que su grupo nunca planteó "un escenario independentista a corto plazo", pues "paz no es independencia nacional, es justicia para el pueblo vasco para que recupere la voz, la palabra y la decisión". No obstante, no renuncia a su bandera independentista.
