Hace cinco siglos los europeos descubrieron que algunos nativos de América fumaban tabaco con fines ceremoniales, práctica que adoptaron y popularizaron despojada de su aspecto ritual. Hoy, en la cuna de ese hábito, mueren por su causa cientos de miles personas y batallan gobiernos contra empresas con oscuros antecedentes.
En México y Brasil, los países más poblados de la región donde fallecen anualmente unas 250.000 personas por causas asociadas al tabaquismo, la industria del cigarrillo fue acusada en 2005 de ejercer presiones, mentir y hasta de sobornar a legisladores con el objetivo de frenar políticas restrictivas de su negocio.
Según el grupo no gubernamental Corporate Accountability International, con sede en la ciudad estadounidense de Boston, la industria tabacalera está interfiriendo en las políticas de salud pública en varios países de América Latina, e intenta frenar regulaciones que cumplan con el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco.
La primera reunión de las partes del Convenio, donde se discutirá el financiamiento de programas antitabaco, tendrá lugar en Ginebra entre el 6 y el 17 de febrero.
Las imputaciones contra las tabacaleras no son nuevas. Una investigación encargada en 2001 por la Organización Panamericana de la Salud concluyó que en los años 90 esas empresas aplicaron en América Latina y el Caribe estrategias para cooptar a periodistas, difundir informes médicos sesgados y negociar con autoridades.
Poco queda en América de la antigua costumbre ritual indígena de fumar tabaco en una caña llamada tobago, pero hoy son miles los cigarrillos que se prenden y consumen cada minuto en la región.
Los costos sanitarios de esta adicción representan entre seis y 15 por ciento de los presupuestos públicos en la región, a lo que hay que agregar pérdidas por ausentismo laboral, muertes prematuras y atención de discapacidades, sostiene la no gubernamental organización Consumers International.
La mayoría de países del área posee desde los años 90 normas que limitan el consumo de cigarrillos, que se vieron reforzadas por el Convenio de la OMS, en vigor el 27 de febrero de 2005.
El tratado establece la prohibición de la publicidad y del patrocinio de marcas de cigarrillos a cualquier tipo de actividad, así como desalienta la interferencia de la industria en políticas de salud pública.
En el continente americano fue ratificado hasta el 8 noviembre (fecha límite para poder participar con derecho a voto en la primera reunión de Ginebra) sólo por Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Sin embargo, el cumplimiento de las medidas restrictivas es laxo y registra retrasos, según observadores. En Colombia, por ejemplo, aún se discuten proyectos de ley para prohibir la venta de cigarrillos a menores de edad y limitar la publicidad, mientras en México muchas tiendas continúan el expendio de tabaco a menores de 18 años, aunque la ley lo sanciona.
El avance en materia de control del tabaco es desigual en los países en desarrollo, como los latinoamericanos, donde más crece la demanda, según Derek Yach, quien fue uno de los arquitectos del Convenio Marco y que actualmente es académico en la estadounidense universidad de Yale.
"El panorama es mixto: un grupo de países en desarrollo está avanzando en la lucha contra el tabaquismo, como Tailandia y Brasil, pero otro está retrasado, probablemente influido por la industria tabacalera", dijo Yach a Tierramérica.
Al tiempo que presiona por legislaciones antitabaco menos duras, la industria hace esfuerzos por mostrar un rostro de "responsabilidad social", apoyando financieramente diversas causas.
"Se ponen una careta amigable, mientras siguen vendiendo los mismos productos que matan a la mitad de sus consumidores", comentó Yach.
Según diversas fuentes, las compañías Phillip Morris y British American Tobacco (BAT), las principales vendedoras de cigarrillos en el continente, desplegaron en algunos países estrategias para evitar la ratificación.
En un reporte del 6 de octubre de 2005, el grupo estadounidense Corporate Accountability International cita el caso de Guatemala, donde afirma que las dos empresas presionaron agresivamente a políticos y funcionarios que discutían el Convenio. El Congreso de este país centroamericano ratificó el tratado el 16 de noviembre, después de la fecha límite para tener derecho a votar en la primera reunión de las partes.
En Brasil, uno de los tres principales productores de tabaco del mundo, hubo presiones a legisladores con una "campaña de distorsión sobre el Convenio Marco", dijo a Tierramérica Tania Cavalcante, coordinadora del gubernamental Programa Nacional de Control del Tabaquismo.
Las tabacaleras argumentaron que "la OMS y el Ministerio de Salud querían prohibir la siembra del tabaco" y atacaron a los políticos favorables a ese instrumento, relató.
Paula Johns, coordinadora de la Red Tabaco Cero de Brasil que reúne a grupos no gubernamentales, asociaciones médicas y científicas, acusó a la industria de actuar de manera "irresponsable, cruel y antiética".
A pesar de las presiones, Brasil ratificó el Convenio en octubre de 2005.
En ese país, 18,8 por ciento de la población fumaba en 2003, 13,2 por ciento menos que en 1989, indican estadísticas oficiales. Ese descenso es atribuido en gran parte a las medidas restrictivas del consumo.
En contraste, en Bolivia, donde hay 1,2 millones de fumadores, Fátima Calancha, coordinadora del Tabaco en el Ministerio de Salud, dijo a Tierramérica que las empresas no obstaculizaron de ninguna forma la ratificación del Convenio de la OMS.
En Argentina el Congreso legislativo dejó expirar el plazo para ratificar el instrumento, por presiones de las provincias productoras de tabaco. En ese país fuman nueve millones de personas, en una población de más de 37 millones, y mueren por año unas 40.000, por causas vinculadas al tabaquismo.
En México, en cambio, BAT fue acusada en octubre por un diputado oficialista de sobornar a legisladores con viajes al exterior y manipular cifras para evitar el aumento de los tributos a los cigarrillos.
México tiene más de 16 millones de adictos al tabaco entre sus 106 millones de habitantes, según estadísticas oficiales.
Un controvertido acuerdo firmado en 2004 entre las empresas y el gobierno de Vicente Fox, y que vence a fines de 2006, estipula que las compañías realicen donaciones a un fondo sanitario estatal, a cambio de que no crezca la carga impositiva establecida ya en 110 por ciento.
De acuerdo con el estatal pero independiente Instituto Nacional de Salud Pública, ese pacto viola el Convenio Marco de la OMS.
* El autor es corresponsal de IPS. Con aportes de Mario Osava (Brasil), José Luis Alcázar (Bolivia) y Yadira Ferrer (Colombia). Este artículo fue publicado originalmente el 7 de enero por la red latinoamericana de Tierramérica. (
