En las elecciones de abril en Perú, por primera vez los militares y policías podrán votar. Son unos 150.000 nuevos ciudadanos que atraen la atención especial de los candidatos y, con ello, surge el temor de que acusados de violar derechos humanos logren eludir la justicia.
Los principales aspirantes a la Presidencia de Perú y a llegar al Congreso legislativo han comenzado a promover la amnistía para los efectivos que actuaron en la llamada "guerra contra el terrorismo", en alusión a la represión estatal de los años 80 y 90 a los insurgentes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La ansiedad por los votos de militares y policías, así como de familiares, se desató luego que el nuevo comandante del Ejército, general César Reinoso, y el flamante jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general José Williams, se quejaron en sus discursos de lo que entendían como la "innoble persecución" a participantes de operaciones contra senderistas y tupacamaristas.
El propio Williams afronta dos juicios por presuntas violaciones de derechos humanos en esa época.
La última ley de amnistía para militares y policías acusados de ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas fue sancionada en 1995 por iniciativa del entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y dejó sin efecto todas las condenas y los procesos judiciales en curso contra asesinos y torturadores uniformados.
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Se trató de una norma elaborada por el asesor de Inteligencia de ese régimen, Vladimiro Montesinos, a pedido de los miembros del llamado escuadrón de la muerte "Colina", quienes habían sido condenados a 25 años de prisión por un tribunal militar.
Los convictos reclamaron salir en libertad o, en caso contrario, según dijeron, se presentarían ante la prensa para denunciar que se limitaron a cumplir las órdenes de Fujimori, Montesinos y de la cúpula militar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció contra esa ley, pero no pudo impedir que los militares y policías acusados de crímenes contra la humanidad quedaran en libertad por entonces.
La candidata a suceder a Alejandro Toledo, la conservadora Lourdes Flores, una de las favoritas en las encuestas de intención de votos que en su momento rechazó la amnistía, ahora propone el perdón selectivo para los uniformados "sometidos a juicios injustos".
"Siempre defenderé a quienes nos han defendido", declaró Flores, en directa alusión a los 352 militares que enfrentan a la justicia por crímenes perpetrados durante la lucha contrainsurgente, gracias a los elementos recogidos por la llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en 2003 documentó 47 casos graves.
El presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García, y la defensora del pueblo, Beatriz Merino, han recordado a los candidatos que una amnistía, indulto o cualquier forma de anular de las sentencias o los juicios contra los violadores de los derechos humanos, es desde todo punto de vista inaceptable.
"Sencillamente, no procede en casos de violaciones de los derechos humanos", dijo García.
"Los jueces son los únicos quienes determinan cuándo un militar o policía es inocente o culpable", apuntó Merino.
Pero Flores no está sola. También el candidato nacionalista y militar retirado Ollanta Humala ha prometido otorgar amnistía a sus ex compañeros de armas y policías sentenciados o procesados por la justicia por cometer atrocidades durante la "guerra contra el terrorismo" (1980-2000).
Humala ha alcanzado el segundo lugar en las encuestas mediante una fulminante campaña que ha surtido efecto entre los sectores populares cansados de los partidos y políticos tradicionales.
"Yo luché contra el terrorismo y he visto a muchos de mis compañeros caer. Ahora muchos de los que defendieron la patria son juzgados como criminales. Eso debe terminar", se pronunció.
Por su parte, el tercero en discordia en estas elecciones, el ex presidente Alan García (1985-1990), apoyó la propuesta de revisar los casos de militares que enfrentan "procesos injustos".
Citó, a modo de ejemplo, a los integrantes del comando Chavín de Huantar, que el 22 de abril de 1997 liberó a sangre y fuego a los rehenes en manos del MRTA en la residencia del embajador japonés en Lima, matando a los 14 guerrilleros que estaban en el lugar.
Las autoridades judiciales han determinado que al menos ocho de los muertos en ese ataque de las fuerzas de seguridad presentaban evidencias de haber sido asesinados con tiros en la cabeza después de haberse rendido.
García apoya especialmente ese caso porque su candidato a la primera vicepresidencia, el almirante retirado Luis Giampietri, fue uno de los rehenes y cooperó con los comandos para consumar la operación.
Además, Giampietri cuestiona abiertamente a la Comisión de la Verdad y a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
Aunque el presidente Toledo se negó a otorgar la amnistía a los criminales de uniforme, los candidatos del oficialismo, desesperados por capitalizar los votos de los efectivos de las Fuerzas Armadas, ofertan también anular los juicios a militares y policías.
El aspirante a la presidencia por el partido de gobierno, Rafael Belaúnde, declaró que "la amnistía es una aspiración justa de quienes combatieron y arriesgaron la vida en la guerra contra los que pretendieron destruir el país a sangre y fuego".
El legislador Luis Iberico, candidato a la vicepresidencia del Frente Independiente Moralizador (FIM), ex aliado del gobierno de Toledo, anunció que presentará un proyecto de ley para darle amnistía a los enjuiciados por crímenes en un intento por congraciarse con los militares.
"Mi propuesta no es para darle amnistía a los que mancharon el uniforme cometiendo excesos sino a los que combatieron al terrorismo", dijo. "Hay que separar la paja del grano. Y en esto no tiene nada que hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos", agregó con énfasis.
Iberico, por extensión, adelantó que pedirá investigar a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos "que han actuado como juez y parte en los juicios contra los militares".
La histeria contra las organizaciones humanitarias ha alcanzado a los más importantes candidatos, en busca de ganarse la simpatía de militares y policías.
La Defensoría del Pueblo informó que, en un intento por evadir las penas por violaciones de los derechos humanos, 32 militares pidieron la anulación de los juicios que enfrentan.
Los jueces han rechazado 22 de esas solicitudes y el resto está pendiente de resolución. Los tribunales desestimaron el requerimiento de los uniformados en función de un mandato de la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica.
Los únicos que no han sido escuchados en medio de la ansiedad por los votos de los 150.000 uniformados son las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y de sus familiares.
