Se puso en marcha la inédita campaña militar de erradicación manual y forzosa de cultivos de coca en el parque nacional La Macarena, en el centro de Colombia, donde unas 2.500 familias quedaron así en la línea de fuego de las fuerzas contrainsurgentes y de la guerrilla izquierdista.
El presidente Álvaro Uribe, de derecha, reaccionó de este modo al más fuerte revés militar propinado a las fuerzas de seguridad por las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que el 27 de diciembre mató a 29 militares en el municipio de Vista Hermosa, ubicado en el departamento del Meta a 200 kilómetros al sur de Bogotá y vecino de La Macarena.
Escoltados por 1.500 policías, comenzaron a ingresar a este parque nacional de 690.000 hectáreas y declarado en 1933 "Patrimonio Natural de la Humanidad" los más de 900 erradicadores manuales de coca, con la misión de desterrar del lugar este arbusto cuya hoja sirve de materia prima de la cocaína y que su comercio nutre parte de las finanzas de las FARC.
La operación es apoyada por 6.000 soldados, 15 helicópteros de combate y un avión para teledetección de blancos e interceptación de comunicaciones, todas fuerzas que forman parte del Plan Patriota, la segunda fase del Plan Colombia, ambos financiados y asesorados por Estados Unidos y que buscan combatir los cultivos de droga y romper las redes de apoyo guerrillero.
Al culminar la operación, dentro de cuatro meses, el gobierno pretende "reubicar" a unas 5.000 familias campesinas de la zona, aunque inicialmente no especificó de qué manera.
El gobierno pretende eliminar manualmente 4.600 hectáreas de coca que dice haber detectado dentro del parque. Además, mediante fumigaciones aéreas con una mezcla potenciada del herbicida glifosato, asperjará otras 12.000 hectáreas en los alrededores de La Macarena.
Once veedores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) observarán la operación.
"El objetivo de esta tarea es cuantificar las áreas que van limpiando de cultivos ilícitos los Grupos Móviles de Erradicación Manual, e informar al país y a la comunidad internacional sobre el desarrollo de esta operación", explicó Sandro Calvani, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Testimonios periodísticos registraron la semana pasada combates en la zona y poblados abandonados, y advirtieron que la región donde el miércoles comenzó el operativo limpieza está ampliamente minada.
En el longevo conflicto colombiano tercian, además de las fuerzas de seguridad del Estado y las guerrillas izquierdistas, los escuadrones paramilitares ultraderechistas cuyos principales jefes son narcotraficantes que dicen actuar en apoyo del Estado.
Tras una polémica negociación con Uribe, los paramilitares, señalados por la ONU de cometer 80 por ciento de los crímenes contra la humanidad y masacres en Colombia, han desmovilizado parcialmente a sus hombres y entregado parte de su armamento.
Según fuentes oficiales, los civiles que contrata el gobierno para arrancar las matas de coca eliminaron 32.000 hectáreas en 2005, siempre escoltados por fuerza pública.
Al día siguiente del ataque en Vista Hermosa, Uribe dispuso también "una tarea de captura de milicianos en toda esta área (…), porque hemos encontrado que hay mucha milicia urbana acompañando a estos terroristas", como suele referirse a la insurgencia de origen campesino fundada en 1964.
Cálculos conservadores le atribuyen a las FARC a escala nacional unos 46.000 combatientes y unos 10.000 milicianos en labores logísticas. Además, cuentan con el apoyo civil, según la propia guerrilla, de alrededor de dos millones de personas en todo el país..
Al menos dos hombres y una mujer, madre de cinco hijos, fueron asesinados, aparentemente por paramilitares, el 5 de este mes en la zona circundante a La Macarena.
"Se dijo que supuestamente eran guerrilleros, milicianos", dijo a IPS un campesino de la zona que sólo aceptó identificarse como miembro de la comisión de derechos humanos de 32 juntas de Acción Comunal (JAC, organización vecinal local) del río Güéjar, que brota en la serranía y fluye hacia el oriente.
"Pero para nosotros, las comunidades, eran líderes y miembros de una JAC, pertenecían a unos gremios de trabajo, una ramificación de las JAC, jurídicamente establecidas por el Ministerio del Interior, con personerías legales", agregó.
Una carta abierta al presidente Uribe, suscrita por el Comité de Seguimiento a los Derechos Humanos de las JAC de la región y por seis organizaciones humanitarias, reclamó aclarar "la interpretación que la fuerza pública asigna a la categoría de 'milicianos' y la necesaria diferenciación con la población civil que habita en las áreas de confrontación armada".
Acerca de la matanza, la carta agrega que "los pobladores lograron identificar entre los agresores a miembros de la fuerza pública que han participado en retenes del ejército en el área".
Afirma que los hechos ocurrieron a cinco minutos de un retén militar de tropas adscritas al Plan Patriota, y registra que en el Meta es "generalizada" la idea de "que la línea divisoria entre ejército y paramilitares es inexistente".
Además, entre 11 y 15 detenidos por el ejército, que luego fueron dejados en libertad en Vista Hermosa a instancias de organizaciones humanitarias, continúan desaparecidos, entre ellos un niño de 11 años.
"Como el casco urbano de Vista Hermosa está totalmente copado por paramilitares, creemos que los sacaron del pueblo y los asesinaron", dijo a IPS Jairo Ramírez, secretario ejecutivo del Comité Permanente por los Derechos Humanos, una de las organizaciones firmantes de la carta junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entre otros.
"Los paramilitares dentro de Vista Hermosa están a 50 metros del retén militar. Viven en una casa que es propiedad de la misma región, desde ahí hacen sus operativos. Hay más o menos 30 o 40 paramilitares al mando del señor Tino, que es el comandante paramilitar que está en Piñalito", una localidad vecina, detalló el campesino que omitió identificarse.
Las operaciones militares produjeron el desplazamiento de 280 habitantes del caserío de Matambú y entre 220 y 260 del vecino Puerto Toledo, según pudo averiguar IPS, "aunque sabemos que algunos han regresado", acotó Ramírez.
En diciembre, una misión de organizaciones de derechos humanos visitó simultáneamente dos puntos distintos donde se aplica el Plan Patriota, en el departamento del Guaviare, en el límite septentrional de la selva amazónica, y en la zona aledaña a La Macarena.
Sobre ambos lugares reportó, dice la carta abierta, "los terribles impactos que ha tenido la operación militar sobre la población civil".
La misión habría verificado sobre el terreno "asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos, amenazas, saqueos, hurtos, restricciones al paso de alimentos y quemas de los mismos".
También el "incendio de vehículos automotores e irrespeto al derecho de locomoción, judicializaciones, detenciones arbitrarias y muchas otras irregularidades contra la población", cometidas en nombre del Plan Patriota y de la política de seguridad gubernamental, aseguran los firmantes, que remarcan que todo esto "permanece impune y silenciado ante el país".
Piden a Uribe definir "si la confrontación militar que ha declarado es entre el ejército nacional y las fuerzas insurgentes o, entre el Ejército Nacional y la población inerme". (
