Bolivia celebrará este domingo sus sextas elecciones generales con la esperanza de poner fin a tres años de tensión política, una permanente fragmentación social entre el oriente y occidente del territorio y la lucha incesante entre pequeños sectores acomodados y miles de excluidos.
Las urnas, que se abrirán por sexta vez en 23 años de democracia, representan ahora una de las pocas esperanzas de los ciudadanos para resolver las profundas diferencias sociales e impedir una cada vez más temida secesión de regiones.
La democracia boliviana vive su momento de mayor fragilidad desde la llamada "guerra contra el impuestazo", en febrero de 2003, cuando policías amotinados en protesta ante una serie de nuevos tributos adoptados por el gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) se enfrentaron con miembros del Ejército.
Este episodio también recordado como "febrero negro" terminó con un saldo de 30 muertos, entre civiles y uniformados.
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En octubre de ese mismo año, una rebelión popular, desatada en el occidente del país contra un proyecto de exportación de gas natural a través de puertos chilenos a Estados Unidos y México, causó la muerte a más de 60 personas y derivó en la renuncia y huída de Sánchez de Lozada, a quien reemplazó por la vía constitucional su vicepresidente, Carlos Mesa.
Sin embargo, el nuevo mandatario no respondió en forma efectiva a las exigencias del movimiento popular, que pedía mano enérgica contra las transnacionales petroleras en materia de cobro de impuestos. Debilitado ante una férrea oposición, Mesa dejó el cargo a fines de junio pasado.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, asumió entonces el mando constitucional para convocar de urgencia estas elecciones generales, que representan una puerta de salida pacífica a las tensiones.
Además del presidente y vicepresidente, los 3,6 millones de votantes habilitados elegirán a los 157 diputados y senadores del Congreso legislativo. Por primera vez, también se elegirán a nueve prefectos (gobernadores) departamentales.
El favorito en las encuestas es el líder indígena y de los cultivadores de coca Evo Morales, del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), seguido por el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), del derechista frente Poder Democrático y Social (Podemos).
Como ocurre desde 1985, ninguno de los candidatos parece tener posibilidades de reunir 50 por ciento más uno de los sufragios para obtener el cargo en forma automática. Por ello, los 157 congresistas deberán sesionar en enero para elegir a uno de los dos más votados, lo que obligará a la búsqueda de pactos partidarios.
Portavoces del gobierno confirmaron que Rodríguez entregará el mando en una sesión especial del Congreso el 22 de enero, y desde ese momento deberán transcurrir cinco años antes de la convocatoria a nuevas elecciones generales.
Sin duda, el primer punto en la agenda del próximo presidente será resolver la situación jurídica de las petroleras extranjeras que invirtieron unos 3.500 millones de dólares —la mitad del producto interno bruto boliviano— en la explotación de campos de gas natural, con miras de exportarlo a Estados Unidos y a países vecinos.
Bolivia posee reservas probadas y probables de gas natural estimadas en 53 trillones de pies cúbicos, las segundas más importantes de la región después de Venezuela.
Una nueva legislación obliga a las compañías extranjeras a modificar sus contratos para acogerse a un régimen tributario que generaría mayores ingresos fiscales, pero el trámite está frenado por la presión internacional para que se respeten los convenios de protección de inversiones.
Morales basó su discurso en la promesa de nacionalizar los hidrocarburos, pero en una visita días atrás al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció que la compañía Petrobrás será el "hermano mayor" de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, lo que deja un margen de duda sobre la posibilidad de una estatización de oleoductos y campos petroleros en manos de la firma brasileña.
Petrobrás y otras empresas de Argentina, España, Estados Unidos y Gran Bretaña forman el conjunto de influyentes actores económicos que defienden concesiones, mercados y un negocio millonario.
Mientras Quiroga se mantiene cauto en relación al tema de los hidrocarburos, el aspirante a presidente por la centroizquierdista Unidad Nacional, Samuel Doria, es radical en cuanto a cobrar más impuestos a las petroleras.
Doria, empresario del cemento y ex ministro de Planeamiento, se ubica tercero en las encuestas. Su plan de gobierno se basa en promover la unidad entre oriente y occidente.
La lucha contra las drogas es otro de los capítulos clave para el próximo gobierno, ya que Estados Unidos sigue presionando para eliminar los cultivos excedentes de hoja de coca en la central zona del Chapare, donde se acunó el liderazgo de Morales.
Esta semana, el Departamento de Estado (cancillería) estadounidense pidió que el futuro gobierno boliviano cumpla con los acuerdos bilaterales que obligan a La Paz a erradicar la hoja de coca y combatir el tráfico de drogas al exterior.
Washington evitó mencionar directamente la campaña del MAS, que propone la legalización de las plantaciones de hoja de coca del Chapare.
Los cultivadores de coca, representados por Morales, tienen como principal rival a Quiroga, quien expresó su disposición a continuar con los planes de erradicación, aunque varias veces restó importancia a las presiones de embajada de Estados Unidos y se declaró independiente de las políticas de Washington.
La instalación de la Asamblea Constituyente, exigida en especial por sectores sociales de la región andina para federalizar esta república creada como estado unitario en 1825, deberá ser otra de las tareas inmediatas del próximo gobierno.
Mientras grupos económicos en el oriente del país reclaman autonomía para la libre explotación y comercialización de los recursos naturales, como el gas natural, en el occidente prevalece la idea de que estos deben ser administrados por el Estado, y que las ganancias resultantes han de ser usadas para combatir la pobreza.
La Asamblea Constituyente deberá estar formada para junio, pero aún no hay consenso sobre la manera en que serán designados sus miembros.
Otro candidato en carrera, pero con menores posibilidades de triunfo, es el descendiente de inmigrantes japoneses Michiaki Nagatani Morishita, del otrora gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario, ubicado cuarto en las encuestas.
El Movimiento Indígena Pachakuti postula por segunda vez al ex diputado y ex líder guerrillero Felipe Quispe, mientras la derechista Nueva Fuerza Republicana presenta como candidato al almirante Gildo Angulo.
El Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia postula a Eliceo Rodríguez, y la Unión Social de los Trabajadores de Bolivia participa en las elecciones con Néstor García Rojas como aspirante a la Presidencia.
